Simone Weil, en Echar raíces, sostenía que la obligación va antes que el derecho. Un derecho que no tiene enfrente a nadie obligado a hacerlo efectivo es poco más que una declaración de buenas intenciones enmarcada en la pared. Todos los «derechos» se fundan en un primer acto de obligación hacia los demás. Algún día escribiré con calma sobre esto. Por ahora, valga un botón de muestra: que exista el derecho a la vivienda no significa que alguien tenga la obligación de darte una. Tener derecho a casarte tampoco obliga al Estado a proveerte de un matrimonio público y de calidad —aunque tiempo al tiempo—. Sin embargo, esto no es un cheque en blanco. Las anteriores generaciones sí deberían estar obligadas a permitir que las siguientes tuvieran acceso —al menos— a lo mismo a lo que ellas pudieron acceder. En torno a esta idea se debería construir la política de vivienda.
Hubo un tiempo en que, para tener cuatro paredes y un techo entre los cuales caerse muerto, bastaba con palos, algo de barro cocido y vecinos que no hicieran demasiadas preguntas. No se necesitaba a un funcionario de carrera que dijera qué se podía hacer y dónde a cambio de la voluntad. No había más derecho que el sustentado por la obligación de los demás de respetar tu propiedad. La Constricción lleva desde 1978 diciendo que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, pero esto no es más que una sombra, una entelequia heredada de la época en que cuatro palos bastaban. Preguntemos a cualquiera de menos de treinta y cinco años qué tal le va con el artículo 47.
No obstante, el problema no radica verdaderamente en que nadie esté obligado a darte un techo. El problema es que hay mucha gente muy ocupada impidiendo que uno pueda conseguirlo por sus propios medios. El político que decide que, de pronto, responde ante las necesidades de los votantes del barrio Simón Bolívar de Barranquilla, tan españoles como Isabel de Castilla. El otro mandatario, que clama en el escaño por la injusticia que supone hacer oídos sordos a los problemas de los vecinos de Villa Lugano. Pero también el inquilino con renta antigua que vive solo en un piso céntrico de cinco habitaciones por la gracia del pastor ferrolano. Y el ayuntamiento que parece una sucursal de intereses foráneos, con alfombra roja y leyes fiscales respetuosas. Y, sí, igualmente tu tía, a la que le tocaron tres pisos en la tapa del yogur y no duerme por la firme convicción de que los jóvenes —no todos, sólo los de los demás— se lo gastan todo en matcha y se quieren aprovechar de ella. Spoiler: los malos de esta película no son fondos buitre con chistera y monóculo —o no únicamente, recordemos que los buitres aparecen cuando otros han dado el tiro de gracia—. Son, mayoritariamente, personas con nombre, apellidos y que mandan imágenes alteradas por IA al grupo de WhatsApp familiar. No nos falta el derecho etéreo a la vivienda: nos faltan soluciones que harían daño a muchos.
En las páginas que siguen intentaré explicar por qué la tierra lleva siglos siendo una trampa, qué medidas se han diseñado con todo cariño para que las nuevas generaciones no pisen una escritura en su vida y por qué no debería extrañarle a nadie que esas generaciones acaben apoyando romper la baraja. También contaré cómo otros países ya se enfrentaron a esto anteriormente y lo resolvieron sin tirar la propiedad privada por la ventana. Terminaré con unas cuantas propuestas a los Reyes Magos, incluida una que probablemente me cueste la herencia.
No pidamos pan ni circo. Pidamos algo bastante más modesto y, por lo visto, bastante más difícil: la posibilidad de que todos puedan procurarse dignamente un techo por sus propios medios, ni más ni menos.
I. La trampa de la tierra: todo esto era campo, y ahora es oro
Todo este debate viene de largo, antes incluso de que aparecieran España y sus españoles en 1812. Como se expone magistralmente en el libro El precio del suelo, de Mike Bird, la tierra, por sus características especiales —no se puede producir más, no se puede trasladar, no se deprecia—, ha constituido desde épocas inmemoriales un fundamento básico de las economías y también una causa primaria de muchas burbujas, frustraciones, revoluciones y crisis económicas atronadoras. La tierra —y la vivienda que sustenta— estuvo detrás, en muchos aspectos, del auge de los primeros partidos socialistas y comunistas, pero también del auge de las amplias clases medias propietarias que sostuvieron durante décadas el modelo económico más próspero que se recuerda. Sólo desde el siglo XIX podemos encontrar su huella detrás de las reformas imperiales de Stolypin, El Maestro y Margarita de Bulgákov, el Presupuesto del Pueblo de Lloyd George, las reformas agrarias del nazismo en Europa del Este, la victoria del maoísmo, los planes de viviendas para los veteranos de guerra, la huida a los suburbios, Lee Kuan Yew, la gran crisis japonesa de los noventa, la mayor burbuja de la historia en China y la crisis hipotecaria que nos robó el futuro a varias generaciones. Más allá de la enumeración enciclopédica, de este libro se pueden extraer también algunas conclusiones de interés para el tema que aquí se trata.
La primera es que muchas sociedades han vivido, y siguen viviendo, bajo lo que Bird llama el land standard: igual que hubo un patrón oro, hay un patrón ladrillo. Es la creencia, casi religiosa, de que el valor de la tierra y de la vivienda nunca puede bajar, motor imparable de creación de riqueza… Sobre ella se levanta todo lo demás: el ahorro de las familias, el crédito de los bancos, el consumo y, por supuesto, la recaudación de los ayuntamientos. En España no sólo lo hemos practicado: lo hemos elevado a dogma de fe, como las pensiones que nos hemos ganado. Todos conocemos a quien en 2007 sentenciaba que «el ladrillo nunca baja», y todos recordamos lo que pasó después. Lo inquietante es que hoy se sigue diciendo exactamente lo mismo, y esta vez los datos parecen dar la razón. Diluir esta tendencia en las mentes de la ciudadanía es condición sine qua non para cualquier solución razonable.
La segunda conclusión es más incómoda: quién se queda con las ganancias en este juego. Algunos «economistas» liberales de primera hora, así como Henry George, lo debatieron hasta la saciedad en el siglo XIX. El valor de un solar no depende de lo que haga su dueño, sino habitualmente de lo que hacemos todos los demás a su alrededor: la línea de metro con fondos europeos, la universidad que atrae a potenciales inquilinos incautos, el post de Instagram que pone de moda la fuente del barrio en la que nadie solía reparar. La realidad, aunque a muchos parezca una provocación, es que el propietario se acuesta un día y se levanta más rico sin haber hecho nada más que estar en el momento adecuado en el lugar adecuado. No es una acusación, ni lo apunto como algo a erradicar, sino como una constatación del papel de «la tierra» en el contexto económico en que nos ha tocado vivir. George, como otros ideólogos del siglo XIX, amigos de las soluciones tajantes, proponía prácticamente expropiar ese incremento de riqueza, no la riqueza en sí, sino su incremento de valor. La idea era elegante en el papel, pero políticamente es un suicidio: habría que explicarle a media España que la subida de valor de su piso en Las Tablas no es mérito suyo, y no hay nada más difícil que convencer a alguien cuya salud mental y financiera depende de no entenderlo. Además, esto perjudicaría el plan de Ayuso y sus acólitos de convertir las afueras madrileñas en Phoenix-upon-the-Manzanares.
Hoy, con la prosperidad cada vez más concentrada en unas pocas áreas urbanas, el location, location, location (como diría el desterrado excongresista de Carolina del Sur) pesa más que nunca. Y quien se lleva el premio, ya lo dijimos, no suele ser un fondo con sede en Delaware, sino nuestros conciudadanos más espabilados. Lo hacen además con la plácida convicción de que los riesgos, como una subida de tipos o una okupación, son cosas que les pasan a otros. Y que si, por alguna improbable casualidad cósmica, les acaba sucediendo a ellos, arrimaremos el hombro y no dejaremos a nadie atrás.
De ahí se deriva la tercera conclusión, la que da nombre a la trampa. Cuando una sociedad entera ata su riqueza al precio de la vivienda, la suerte está echada. El ahorro se va al ladrillo en lugar de a las empresas productivas y el capital, porque es lo único que nunca falla. Y cada euro que sube el metro cuadrado de pisopaco se convierte al mismo tiempo en riqueza para quien ya está dentro y en un ladrillo más en el muro para quien intenta entrar.
La historia que cuenta Bird enseña que, por mucho que los georgistas tuvieran ideas brillantes para solucionarlo, de esta trampa se ha salido, en la vida real, por dos puertas. La primera es la extensión de la propiedad a capas amplias de la población, para que las ganancias de la prosperidad urbana se repartan entre muchos y no entre unos pocos. Volveremos sobre ella, porque es la recomendable si no queremos en la Moncloa a un Melenchón (otro español de toda la vida, por cierto) de Hacendado sentado ante un mapa ordenando qué barrios asaltar a continuación.
La segunda es la salida más probable, la demagogia de turno, que ofrece una tregua a corto plazo para calmar a los más televisivamente activos a cambio de hipotecar, nunca mejor dicho, a las generaciones que vienen detrás. Contra esa tentación hay que pelear, porque de las promesas no se come, y eso lo saben mejor que nadie las clases medias y trabajadoras.
Pero para pelear hacen falta las armas adecuadas y un modelo concreto que vender a los votantes, personas de verdad que ven pasar la vida sin oportunidades a las que aferrarse, con el consiguiente efecto para el futuro de la nación española. Antes de hablar de armas, sin embargo, conviene repasar las que llevamos décadas disparando contra nuestro propio pie.
II. Medidas anti-jóvenes, o cómo olvidar que todos lo fuisteis una vez
La trampa de la tierra es, hasta cierto punto, una fatalidad humana, sisífica. Pero una cosa es caer en una trampa y otra muy distinta es cavarla nosotros mismos para meternos dentro. España, enferma del patrón ladrillo y de comunismo, ha hecho esto último con un entusiasmo envidiable, que ojalá pudiéramos encauzar hacia causas más justas.
Cargarse el mercado de vivienda, forzar a la mitad de la población al mercado de alquiler y reventarlo después no era la gran solución que algunos pensaban, para sorpresa de nadie. Seguimos y seguiremos pagando los excesos de los 2000 hasta que pidamos perdón, aunque los culpables sean muchos más de los que están dispuestos a admitirlo. La cuestión es que el sueño del ladrillo se llevó consigo la construcción de urbanizaciones fantasma en laderas desangeladas, the shining city upon a hill, pero también de casas allí donde se necesitarían pronto. «Que nadie se asuste: el mercado del alquiler permitirá emanciparse a las nuevas generaciones, como se hace en la Europa moderna», dijo algún multipropietario con hipotecas a sufragar, y nos lanzamos de cabeza, claro. El alquiler ya no sería una esquina del mercado destinada a estudiantes, sino una señal de progreso y liberación.
Cuando parecía que todo podía reflotar, se decidió que las bondades del empeño español era mejor compartirlas que quedárnoslas para nosotros, ingratos: better build a bigger table, not a higher fence. Vayamos a lo aritmético, que es menos emocionante, pero más útil. España ha sumado desde 2008 —al menos— 3,6 millones de habitantes, todos españoles antes de saberlo, mientras seguía construyendo al ritmo de un país traumatizado que decrece. Esas personas no duermen en el aire: necesitan un techo exactamente en los mismos sitios donde lo necesitan los jóvenes, es decir, en las ciudades con trabajo, y compiten por los mismos rincones en alquiler.
Lo asombroso no es que la inmigración presione los precios, cosa que haría cualquier aumento rápido de la población, viniera de un arrondissement parisino o de una villa miseria. Lo asombroso es que un país pueda celebrar récords de afiliación a la Seguridad Social y de crecimiento demográfico sin que a nadie se le ocurra preguntar antes dónde va a vivir toda esa gente. Podría argumentar que los primeros en pagarlo son los propios recién llegados, pero la verdad es que me dan un poco igual. Para rematar la ironía, se argumenta su necesidad porque son quienes podrían levantar las viviendas que requieren para sí mismos, en un sector que lleva años sin encontrar albañiles, por mucho que aumenten los salarios a dos paquetes de pipas y medio (22.000€ de salario mediano en 2024, 400€ brutos por encima del SMI). En suma, a los jóvenes les han robado su propio país ante sus ojos, y quien se queje es mal cristiano.
A medida que el desbordamiento ha ido ocupando la imaginación social, han hecho falta más medidas para demostrar que algo se estaba haciendo. Los controles de precios a perpetuidad (como las rentas antiguas) son el epítome de esta enfermedad, que ha vuelto recientemente a la palestra, por casualidad, como todo lo que sucede en este teatro de locos, la puta suerte. Aunque algunos tienen ya sueños húmedos con recuperar las leyes franquistas, pocos estarían dispuestos a volver al contexto económico, político y social que acompañó a aquellas medidas. Y es que los españoles consiguieron casa, por aquel entonces, no gracias a dichos controles, sino a pesar de ellos. Hoy, que la movilidad supone algo más que el camino del pueblo a la ciudad, y vuelta, sus potenciales efectos negativos serían un clavo más en el futuro de una juventud que parece ya el modelo de prácticas de un lanzador de cuchillos.
Los controles de precios impiden que la gente se mueva, que los trabajadores más productivos se muden allí donde más pueden aprovechar su capital humano, así como que personas que no necesitan casas tan grandes se muden por miedo a perder su descuento, desaprovechando un espacio tan necesario en ciudades en crecimiento. Una persona se beneficia individualmente a costa de todos los demás que vienen detrás. Además, está demostrado que el mantenimiento de los edificios y apartamentos empeora notablemente en estos casos. Si el mercado libre está lleno de boomers inalcanzables en cuanto se rompe algo, imaginad en uno regulado. Una vez más, políticas que favorecen a los insiders en contra de los outsiders (muchas veces jóvenes que no son capaces de acceder a vivienda de otros modos). Por si quedara margen para el desquite, las políticas de estímulo de la demanda en un contexto de escasez —puro peso muerto, sólo aligeran el esfuerzo de quien ya hubiera tomado la decisión por su cuenta y no incentivan a nadie nuevo a hacerlo— nos han llevado al definitivo jaque mate: haber nacido antes.
En definitiva, casi todas las políticas de vivienda de las últimas décadas comparten un rasgo: se anuncian en nombre de los que no tienen casa y acaban beneficiando a los que ya la tienen. Quienes han invitado a los aprovechados y los especuladores a este entierro habéis sido vosotros.
III. Teoría general del cabreo
En El maestro y Margarita, el diablo se da una vuelta por el Moscú de los años treinta para ver qué tal le va al hombre nuevo soviético. Tras observar un rato a sus habitantes, Woland concluye que son gente como cualquier otra, sólo que el problema de la vivienda los ha echado a perder. No le falta razón. La novela entera está salpicada de vecinos que se denuncian unos a otros para quedarse con una habitación y de presidentes de comunidad sobornables. Cuando la vivienda pasa a ser un objeto, y además escaso, sólo queda su reparto, y las decisiones vitales se desplazan hacia la intriga y el rencor.
España tiene su propia versión castiza. En El pisito, de Rafael Azcona, Rodolfo y Petrita llevan doce años de noviazgo sin poder casarse porque no hay manera de encontrar dónde vivir. La solución que se les ocurre es impecable desde el punto de vista económico y espantosa desde todos los demás: Rodolfo se casa con doña Martina, la anciana inquilina con renta antigua, y espera a que se muera para heredar el contrato. Azcona lo escribió como humor negro en 1957, pero se reiría menos si hoy tuviera que ayudar a sus hijos a buscar piso entre las familias numerosas del imperio dispuestas a vivir como una torre de Jenga.
La versión actual de Rodolfo es menos novelesca, pero igual de triste: salir a la jungla a pelear por un cuchitril o seguir en la habitación de la infancia, con los pósters de entonces, hasta pasados los treinta, y esperar a que la herencia haga lo que el sueldo no puede. Balzac ya lo había dejado escrito en Papá Goriot. El siniestro Vautrin le explica al joven Rastignac que puede pasarse años estudiando Derecho para acabar como un magistrado de provincias mal pagado, o puede casarse con una heredera y resolver su vida en una tarde. Doscientos años después, el apellido vuelve a rendir más que el esfuerzo: los Rodríguez con guión y los Rodríguez recién llegados haciendo la pinza a los Rodríguez de barrio. Y los jóvenes, que llevan toda la vida escuchando que estudiar y trabajar duro les abriría las puertas, empiezan a sospechar que les vendieron la llave equivocada.
No debería ser difícil, por tanto, entender el cabreo generalizado de las nuevas generaciones, así como su apoyo a medidas que pueden perjudicarles a largo plazo. Cuando hay una prosperidad compartida, todos podemos ganar (suma positiva), y romper la baraja es demasiado arriesgado. Cuando el sistema está claramente sesgado y compartimos poco, romper la baraja es la más evidente de las apuestas (suma cero, tonto el último). Y mientras tanto, la vida real pasa.
Para quien carezca de herencia, no queda más que mudarse, mudarse y volver a mudarse en busca de un tiempo ya perdido. Si las propuestas de la derecha en este ámbito se enrocan en el «nosotros también lo teníamos difícil», «no ahorráis» y «hay casas en otros lugares que no sean el centro», como en Rascatruchas de Abajo, entonces yo seré el primero en sonreír cuando lleguen las expropiaciones. Si bien no existe el derecho a vivir en una zona concreta, no es menos cierto que los buenos trabajos y las oportunidades suelen concentrarse en unas pocas zonas. Más aún, debería ser perfectamente comprensible el enfado de quien tiene que marcharse de su barrio y dejar su vida atrás una y otra vez, alejándose cada vez más de sus padres, de sus amigos y de una vida donde poder crear algo duradero. Alguno dirá que otras generaciones también tuvieron que irse, muchas al extranjero, y es cierto. Pero nadie se cree que se marcharon por aventura y con una sonrisa en la boca: se fueron por necesidad, con la nostalgia siempre puesta en el origen perdido y la intención de volver a toda costa. Mis abuelos, llegados todos ellos de otras regiones de España, siguieron volviendo cada verano al lugar del que partieron, no por desafecto hacia su lugar de acogida, sino porque no es fácil arrancar a uno de sus raíces sin que se sangre. Sólo al desarraigado de origen le da lo mismo trabajar desde su barrio que desde el atolón de Funafuti. Si aquello lo recordamos con pena, ¿por qué no lo que pasa hoy? El enfado, en definitiva, es comprensible. Y un enfado comprensible, cuando se acumula durante suficiente tiempo, termina votando romper la baraja.
La izquierda, por su parte, sólo puede ganar esta batalla de dos formas. La primera es retórica: convencer a suficientes votantes de que esto es culpa de los fondos y no hacer nada para remediarlo, porque buena parte de los suyos no quiere que nada cambie. La segunda es a la fuerza: cargarse la propiedad privada, acelerar la tercermundización del país y hacer all in con el dinero de los demás y atar su futuro a grupos desarraigados sin ningún interés en la pervivencia de una nación que no conocen, pero que están dispuestos a expoliar ante la mirada de ciervo atontado de nuestras generaciones mejor alimentadas. Un saludo a los que están aguardando para heredar, que tal vez se lleven una sorpresa. Otras medidas no aparecen en su radar, porque supondrían prescindir de una parte de ese electorado importado (impensable, quién me va a hacer el kimchi, quién recoge a los niños que tengo peluquería) o tratar de buscar ideas que ayudaran a un pueblo al que, en el fondo, desprecian (para muestra, sólo hace falta que este pueblo mítico se pase mínimamente a las filas de la muy extremísima y serenísima derecha para que desde la gauche se quiten las máscaras y empiecen a demostrar su auténtica opinión de sus representados).
IV. Máquinas para vivir
En resumen, unos les dicen a los jóvenes que asuman la responsabilidad de los demás, y los otros que la responsabilidad no existe. Ninguno de los dos les ofrece lo único que desactiva de verdad la tentación de romper la baraja: una parte del pastel. La buena noticia es que esta tesitura no es nueva, y que hubo un tiempo en que alguien lo entendió perfectamente.
Hace un siglo, un diputado conservador escocés del que hoy no se acuerdan ni en su casa a la hora de comer se enfrentó exactamente al mismo problema. Su respuesta, lejos de las expropiaciones y de los sermones sobre el ahorro, fue bastante más revolucionaria: convertir a los obreros en propietarios.
Dar acceso mayoritario a la propiedad es la única salida para reducir alquileres —para quien los quiera— e impedir que la gente demande decisiones más radicales que perjudiquen a los siguientes en la cola. Noel Skelton, diputado tory de comienzos del siglo XX, fue probablemente uno de los ideólogos y partidarios más fervientes de la sociedad de propietarios, que tanto resonaría décadas después en el contexto del thatcherismo, y que tanto hizo por impedir que Londres se convirtiera en lo que es hoy en muchos aspectos, pero varias décadas antes. Para evitar que los obreros radicalizaran sus posiciones en una época de dificultad extrema para encontrar vivienda, se comprendió que la única salida que siguiera permitiendo la propiedad privada y que fomentara la prosperidad era extender la propiedad a grandes capas de la sociedad que no la tenían. Durante los gobiernos tories de Stanley Baldwin en los años veinte se llegaron a construir cientos de miles de viviendas para los obreros (como en España entre los cincuenta y los setenta), y los ánimos se calmaron.
Otros gobiernos socialdemócratas o progresistas buscaron, de alguna manera, el mismo fin a través de la construcción masiva de vivienda pública, como la Viena Roja, los Países Bajos después de 1901, el gobierno de Clement Attlee en Reino Unido o el ministerio de reconstrucción y urbanismo a las órdenes de Eugène Claudius-Petit en Francia. No obstante, esta política conlleva grandes presupuestos públicos (justo lo que tenemos guardado para nuestros mayores que lo merecen todo), mano de obra (ni cara ni barata, la construcción es un sector que se ha boicoteado a sí mismo) y una sociedad más o menos homogénea dispuesta a compartir recursos públicos (ya no es 1996). De todas formas, en estos países años después muchos se empezaron a dar cuenta de que, si bien la vivienda pública podría ser de utilidad como medida de corto plazo (especialmente tras atroces guerras), no lo era tanto a largo plazo, de ahí que fueran tan populares los programas de venta de viviendas públicas a sus inquilinos de clase trabajadora (pero que aspiraban a tener algo más que su propia fuerza de trabajo, notablemente devaluada por razones que debatimos en el artículo anterior).
Con este fin, cabe dejar de lado medidas cortoplacistas para abaratar alquileres y pensar de forma innovadora —y a veces radical— en cómo promover una sociedad distributista, donde la propiedad pueda fluir sin necesidad de subastas de ayudas ni acampadas en Sol. La mejor forma sería volver a comenzar y establecer buenos incentivos, al estilo Singapur, pero nosotros ya partimos de una nación en marcha y un tronco demasiado torcido. Para ello harían falta dos cambios, cada cual más complicado que el anterior. Pero por algún lado hay que empezar: enunciar los problemas al menos los hace visibles.
En primer lugar, es necesario vencer el contexto de escasez en el corto plazo. Los anteriores puntos son difícilmente abordables en una sociedad diluida que apenas se recuerda a sí misma. Como principal vía de acuerdo, va a hacer falta un amplio pacto generacional (puedo escuchar las risas desde aquí), lo cual necesita a su vez que se reivindique la nación española como pilar de la supervivencia, el arraigo y la colaboración entre generaciones que nacen de unas y hacen nacer otras. Mi experiencia cercana, puede que sesgada, es que existe cierta preocupación en todas las generaciones por el futuro, tanto del país como de los jóvenes (hay excepciones, como en todo). Convencer a una mayoría de la necesidad de extender la prosperidad requerirá mucha mano derecha, convicción y diálogo, pero especialmente remigraciones notables que permitan devolver a la nación la homogeneidad en la que se fundamentan los verdaderos acuerdos de confianza, y que reequilibren el tablero de negociación en favor de las nuevas generaciones. Padrón en mano, habrá que empezar a desalojar viviendas con veinte ocupantes e identificar adecuadamente a los propietarios que se ofrecen a semejante irresponsabilidad. Se puede entender que alguien no quiera impuestos a la propiedad —o a la tierra, à la George— más elevados si ese dinero no va a ir a las generaciones que conoce, sino a desconocidos que hace diez minutos ni siquiera sabían lo que era España. Sabiendo a quién beneficiarán podemos aspirar a convencer a algunos; si no, a nadie.
En segundo lugar, y en un plazo más amplio, es perentorio romper el patrón ladrillo en la cabeza de los españoles. Varias medidas podrían ayudar a este fin. Que el trabajo y la inversión en capital humano y físico sean suficientemente rentables para las nuevas y viejas generaciones debería ser una prioridad de un gobierno de derecha que quisiera aguantar más de seis meses. Si la única salida de la pobreza es aparcar el dinero de la abuela en gotelé, jamás conseguiremos una sociedad próspera para una mayoría. Que el ahorro volviera a compensar en España (especialmente relevante para que las nuevas generaciones pudieran obtener beneficios de su consumo postergado, pero también para que la boomerwaffen tuviera otros lugares donde aparcar su excedente monetario) sería de agradecer. Por ejemplo, los planes de previsión social del País Vasco nacieron con la vocación de apoyar a las empresas locales, altamente innovadoras, y obtener a cambio beneficios cuantiosos, con los incentivos que eso supone para que la población aprenda a votar bien. No obstante, hoy apenas son un mecanismo para meter las pensiones en deuda pública, dada la extrema alergia de nuestras generaciones mayores a cualquier propuesta que incluya apostar por productividad, crecimiento y futuro.
Para acelerar estas tendencias, determinados impuestos (como los de la tierra, crecientes con el número de propiedades en áreas congestionadas), restricciones a las viviendas turísticas (sí, no tengo problema en poner sobre la mesa los malos incentivos de estas actividades) o cambios fiscales que potenciaran la reducción de precios de alquiler y compra podrían ayudar a promover determinadas vías de ahorro más provechosas, en detrimento de otras. Cambiar las cabezas es difícil, pero no imposible, y puede merecer la pena.
Hay muchas otras medidas que ayudarían a enderezar el árbol, aunque aquí estamos rascando el fondo del saco de los Reyes Magos, así como la inconstitucionalidad. En todo caso, se trataría de medidas a largo plazo. En general, habría que conseguir (i) que se construyera tanto como creciera de forma orgánica la nación española, allí donde estuviera creciendo (en algunas zonas en densidad, en otras de forma más orgánica, construir un millón de viviendas para un millón de asientos vendidos en Iberia es una entelequia), no es malo hacer casas de sobra, (ii) que el mercado energético permitiera este crecimiento, (iii) que la inversión en tecnología y nuevos procesos permitiera formalizar las profesiones manuales, incrementando salarios y haciéndolas competitiva en el mercado laboral (si el precio a pagar son costes marginalmente superiores, bienvenidos sean, siempre se pueden compensar por otro lado), (iv) que la actividad económica se pudiera homogeneizar en mayor medida a lo largo del territorio, con una red notable de ciudades medianas y pequeñas con peso innovador (hay partes de España, como La Rioja, Burgos, Palencia, zonas de Aragón y Navarra, interior de Guipúzcoa, que siguen un modelo similar, hay que estudiar a fondo cómo funciona y cómo fomentarlo en otras partes, nada de irse a Ulan Bator a preguntar)1, (v) que se incentivara que las clases inactivas salieran voluntariamente de las ciudades.
Sobre esto último, tal vez poco habitual, cabría apuntar algunas cuestiones. Primero, es una propuesta útil porque estas generaciones tienen habitualmente propiedades muy valiosas infraaprovechadas en las zonas más productivas del mundo. Segundo, requieren y requerirán cuidados muy intensivos y muy caros. Tratar de juntar a personas mayores en pueblos rurales o semirrurales «recuperados» con cuidados conjuntos, activación, etc. permitiría aprovechar las economías de escala, mejores tecnologías y medicina especializada. Además, la liberación de sus viviendas para venta o alquiler podría ayudar a sufragar esos gastos o complementar sus ingresos sin tener que hacerlo mediante el presupuesto público, como se acostumbra, protegiendo la propiedad privada por el camino. Tercero, esto puede ayudar a repartir la población por el territorio, permitiendo que se mantengan ciertos empleos en zonas rurales en vías de desaparecer. Cuarto, esto puede ayudar a cimentar el pacto intergeneracional. Puede resultar polémico, puede que haya mucha gente que no quiera marcharse, pero hay que incentivarlo para quien quiera hacerlo, poniendo en primer plano los beneficios para las nuevas generaciones, y las potenciales mejoras en salud y atención para las generaciones mayores (muy afectadas por la soledad, por ejemplo). A día de hoy, y dada la trayectoria descendente que están tomando nuestras ciudades, no debería ser demasiado difícil convencer a suficientes personas para empezar programas piloto que poder escalar después.
V. ¡Santiago y cierra, España!
Enlazando con la primera idea que presentamos, si se enmarca el debate de la vivienda en los derechosTM, la izquierda ganará en emotivismo. En cambio, si se reparte adecuadamente el campo de las responsabilidades y obligaciones —de tal modo que no recaiga íntegramente en las personas jóvenes, como es el caso en la actualidad—, las nuevas generaciones tendrán una oportunidad de conseguir lo que las anteriores dieron por sentado. Para ello será necesario que estas entiendan la obligación de no cerrar la puerta tras de sí, por supuesto para sus hijos, pero tampoco para los hijos de los demás.
En suma, y dejándome por el camino decenas de ideas inconexas (suspiros de alivio), las propuestas pueden gustar o no, pueden ser insuficientes o demasiado radicales, tal vez, se me puede acusar de soñador socialista, o de tibio neoliberal, pero lo que está claro es que, si no se ponen ya en la mesa propuestas de verdad, que funcionen y muevan el tablero de juego en favor de las nuevas generaciones, tendremos a no tardar tómbolas gubernamentales con pisos expropiados en la televisión pública. Y entonces ya no pareceré tan radical.
Este artículo ha sido escrito por Malraux. Si tienes una propuesta de artículo, envíanosla a redaccion@revista1812.com.
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Además, esto permitiría que hubiera lugares a los que huir cuando los Mamdanis nacionales (ahora con extra de paludismo) llevaran a cabo sus planes para las grandes ciudades. Una buena red de contrapesos siempre ayuda a orientar a los países a largo plazo.