Los grandes hombres de la República romana han obsesionado a políticos de todo signo a lo largo de los siglos. George Washington se veía como una especie de Cincinato, y sus contemporáneos admiraban a Catón por su virtud republicana y su resistencia a la tiranía de César. Napoleón III sacó tiempo de su reinado para visitar Alesia y releer los Comentarios de la guerra de las Galias ante el campo de batalla. Y, sin embargo, no es de un solo hombre de nuestro ilustre pasado de quien más podemos aprender, sino de dos: los hermanos Graco.
Tiberio y Cayo Sempronio Graco eran hijos de un cónsul y nietos de Escipión el Africano; plebeyos de nacimiento, pero miembros de pleno derecho de la nobleza romana. Nada les obligaba a defender a los pequeños propietarios. Durante siglos, el campesino dueño de su tierra había sido el cimiento de la República: la trabajaba en tiempo de paz y nutría las legiones en tiempo de guerra, que exigían un mínimo de propiedad para alistarse. Pero a mediados del siglo II a.C., ese campesino volvía de sus largas campañas y encontraba su parcela arruinada o absorbida por algún senador, que la explotaba con esclavos traídos a decenas de miles de Épiro y de Oriente. En el 133 a.C., Tiberio, tribuno de la plebe, propuso limitar la extensión de ager publicus que podía ocupar un solo propietario y repartir el sobrante entre los ciudadanos sin tierra. Los hombres que luchaban y morían por Roma, decía, eran llamados señores del mundo sin tener un solo terrón que fuera suyo. El Senado respondió como responden las oligarquías: un grupo de senadores encabezado por el pontífice máximo, Escipión Nasica, lo mató a golpes junto a unos trescientos partidarios y arrojó los cadáveres al Tíber. Diez años después, Cayo retomó el programa de su hermano y lo amplió con repartos de grano a precio tasado y nuevas colonias. En el 121 a.C. el Senado aprobó el senatus consultum ultimum, una suerte de estado de excepción; el cónsul Opimio lo persiguió desde el Aventino y Cayo, acorralado, pidió a un esclavo que lo matara. Unos tres mil de sus seguidores murieron en la purga posterior.
Los paralelismos son evidentes. La élite patricia latifundista de entonces son los «empresaurios» españoles actuales, cuya riqueza depende también de la importación masiva de mano de obra foránea: entonces esclavos, hoy riders, camareros y dependientes latinoamericanos. Entre unos y otros, una clase media cada vez más pauperizada que no tiene a quién acudir: el Estado está en manos de la misma casta que la exprime.
La comparación con la Roma republicana del siglo II a.C. acaba ahí. Nuestra situación es considerablemente más repugnante. La oligarquía senatorial dirigió la expansión de Roma y la pagó con su propia sangre; nadie podía aspirar a una magistratura sin haber servido diez campañas. Escipión Emiliano, cuñado de Tiberio y el más ilustre de sus críticos, fue el primero en escalar la muralla de Intercatia, arrasó Cartago y rindió Numancia. Eso no justifica el acaparamiento de tierras, pero las fortunas de esa élite procedían en buena medida de guerras en las que ella misma había combatido. ¿Por quién han sangrado nuestros ricos?
La gran diferencia, sin embargo, no es esta. Es la acción del Estado. Los hermanos Graco pedían, de alguna manera, una redistribución justa de la riqueza; en otras palabras, pedían una intervención estatal. El Estado romano, controlado por la oligarquía senatorial, se opuso a cualquier remedio, pero no fue él quien arruinó a los pequeños propietarios. En nuestros tiempos, el Estado actúa de una manera mucho más insidiosa: activamente conspira contra la clase media mediante la creación de lo que he llamado el «valle de la muerte».
Recordemos que en la Antigua Roma, al Estado sólo le preocupaban los esclavos cuando se rebelaban; si un puñado de ellos moría de agotamiento en el campo de algún senador, siempre llegarían más. Ahora, su equivalente actual, la mano de obra importada, tiene un sinfín de ayudas —ayudas a la vivienda, sanidad gratuita, el Ingreso Mínimo Vital— sufragadas por los impuestos de una clase «media» (en verdad clase trabajadora, en tanto que no posee mucho más que su labor) que vive poco mejor pero trabaja mucho más.
Los ejemplos abundan. Hace unos días, OKDiario contaba el caso de una mujer marroquí de la comarca de Pamplona que, sin haber cotizado nunca en la Comunidad foral, recibe más de cuatro mil euros netos al mes entre el Ingreso Mínimo Vital y lo que le paga el Gobierno de Navarra por acoger a sus dos sobrinos. Vive, además, en un piso protegido por el que paga ciento veinticinco euros de alquiler. Preguntada por el trato recibido, respondió que la tratan muy bien. No me extraña. En Madrid, el usuario de Twitter Españabola echó hace poco un vistazo a las listas de la ayuda al alquiler para jóvenes y sectores con escasos recursos de la Comunidad: en la de admitidos abundan los nombres latinoamericanos; en la de excluidos, los apellidos españoles. Para cobrarla no hace falta ser español, es suficiente con residir legalmente en España, y el límite de ingresos es de tres veces el IPREM, en torno a veintiocho mil euros brutos al año para quien vive de su sueldo. Basta con que un joven español lleve un tiempo trabajando en Madrid con un sueldo decente para quedarse fuera, aunque siga sin poder pagarse un piso.
Pero esta historia no acaba aquí. Si seguís la actualidad política, os habréis dado cuenta de que la economía está notablemente ausente en el mensaje de oposición del Partido Popular. Si Feijóo habla más de regeneración democrática y de inmigración que de economía —antaño obsesión del «partido de la buena gestión»— no es porque Zapatero o Ceuta copen más titulares que el PIB o los impuestos. Es porque en Génova, 13 saben, como no se cansa de repetir un amigo mío, que con Sánchez en el gobierno a mucha gente la ha ido muy bien; que las reformas que necesita la economía española se encontrarán con la oposición de buena parte de su propio electorado.
No hablo de la ya mencionada mano de obra importada —aunque Génova tiene un grupo para dirigirse a ella, «Nuevos Españoles»—, ni de funcionarios, ni siquiera de pensionistas. Las personas en las que pienso viven en Pozuelo de Alarcón, veranean en Menorca e invernan en el valle de Arán. Se dicen patriotas, pero siempre desde una torre de marfil, y aunque se imaginen tiburones del capitalismo, en realidad son algo bastante más patético.
Hablo, por ejemplo, de los socios de Ernst & Young. Sí, de esa misma consultora que le cobró al Estado —es decir, a la clase media, a ti y a mí— más de un millón de euros por la página web de Casa 47. ¡Por una página web que apenas gestiona ochocientas viviendas! También hablo de Accenture, que recibió treinta millones de euros por preparar los materiales de unos cursillos de inteligencia artificial para los colegios profesionales. Y hablo, como no, de los directivos de la mitad de las empresas del IBEX35, cuyos ingresos dependen en gran medida de que el Estado siga expoliando al español de a pie. A algunos madridistas les hará ilusión que en el palco del Bernabéu se codeen ministros con las grandes élites empresariales, pero hay que llamar a esto por su nombre: colusión contra el pueblo español. Capitalismo de amiguetes.
Podría seguir. Los dos casos citados son un ejemplo flagrante del expolio que ocurre en un país en el que importa mucho más lo bien conectado que estés que tu talento, pero los hay más discretos. La sobrerregulación, por ejemplo, no deja de ser una manera de proteger a las grandes empresas de las pequeñas, que no pueden permitirse equipos de consultores y abogados. Gracias a la intervención del Estado, la consultoría se ha convertido en una agencia de colocación para los hijos de los ricos. Los casoplones en Jávea, sufragados por el sudor de la frente de la clase media.
Bajo estas dos losas se encuentra el español promedio: impuestos para los ricos, impuestos para los pobres. Sin poder comprarse una casa, y sin poder acceder a las ayudas a la vivienda. Con meses de lista de espera en la sanidad pública, y sin poder permitirse un seguro privado premium. Con guarderías, colegios e institutos públicos en los que los españoles son minoría, pero sin dinero para mandar a sus hijos a un privado. Sudando apretados en el Cercanías porque su coche es demasiado antiguo para entrar en la ciudad en la que se criaron.
Spengler sostenía que, cuando los poderes del dinero se adueñan de la política, tarde o temprano surge un César que los derriba. Quizá nuestros hermanos Graco ya hayan sido; pienso en cierto «numeritos» vasco caído por Dios y por España a las manos del cártel de poderes que nos gobierna (¿por qué el BBVA no hizo ni medio amago de defenderle?). ¿Quién será nuestro César? ¿Será capaz de obrar dentro de los márgenes del sistema parlamentario, el único sistema político que aun cuenta con cierta legitimidad? ¿O tendrá que forjar un régimen nuevo, como su predecesor?
Sea como sea, este prohombre no podrá actuar solo. Necesitará a hombres capaces de idear grandes reformas y de ejecutarlas. 1812 es nuestra manera de aportar a ese gran proyecto de país que ya asoma por el horizonte. ¿Y quién sabe? Quizá ese gran hombre seas tú, querido lector.
Este artículo ha sido escrito por food guy. Si tienes una propuesta de artículo, envíanosla a redaccion@revista1812.com.
Si te gusta lo que hacemos, considera suscribirte.