Hay una cosa que siempre me ha resultado atractiva de los proyectos regeneracionistas, incluso cuando no comparto exactamente el diagnóstico que los precede, y es que parten de una constatación difícilmente discutible: las instituciones importan y la gente que las dirige también. Parece una obviedad, pero hemos pasado demasiado tiempo discutiendo sobre sistemas como si estos funcionasen solos, como si aprobar la ley correcta, diseñar el incentivo adecuado o importar la institución que tan buenos resultados da en Dinamarca fuese suficiente para que, al cabo de un tiempo, apareciesen los mismos resultados en Albacete. Probablemente España necesite mejores políticos, mejores funcionarios, mejores empresarios, mejores gestores y, en general, una élite algo más capaz de entender el mundo en el que vive que la que lleva unos cuantos años turnándose entre consejos de administración, ministerios, platós de televisión y universidades. Hasta aquí no tengo demasiadas objeciones.
El problema es qué hacemos con todos los demás.
No lo digo en un sentido populista, como si frente a esa élite hubiese un pueblo depositario de alguna sabiduría telúrica que sólo necesitase ser liberada de sus opresores. Tampoco creo que haga falta convertir a cuarenta millones de españoles en Joaquín Costa. Me refiero a algo bastante más vulgar: ninguna institución mínimamente compleja funciona únicamente gracias a las personas excepcionalmente competentes que se encuentran en su parte superior. Entre el ministro que decide una política y la persona sobre la que finalmente produce algún efecto hay funcionarios que la interpretan, empresas que la ejecutan, trabajadores, proveedores, jueces, consumidores, asociaciones y una enorme cantidad de gente tomando pequeñas decisiones cuyo nombre no aparecerá jamás en un periódico. Si suficientes de ellos hacen razonablemente bien su parte, solemos decir que la institución funciona. Si no, podemos contratar al mismísimo Federico II de Prusia para dirigirla y probablemente acabaremos echándole la culpa de que no funcione al cabo de cuatro años.
Hay, por tanto, algo que podríamos llamar una masa crítica de competencia, aunque la expresión suene más grandilocuente de lo que es. Hablo del encargado que sabe cuándo puede resolver un problema sin convocar una reunión con cuatro departamentos, del funcionario que entiende por qué existe una norma y no sólo dónde aparece publicada, del pequeño empresario que sabe aproximadamente qué está ocurriendo en sus cuentas, del trabajador capaz de encontrarse una situación no prevista en el procedimiento sin entrar en cortocircuito, del consumidor que distingue entre haber recibido un mal servicio y haber tomado él una decisión de mierda, o del padre que considera que algunas cosas que hace su hijo son, en efecto, responsabilidad suya. No son héroes cívicos ni tienen por qué ser particularmente brillantes. Simplemente tienen una pequeña parcela de realidad a su cargo y son capaces de desenvolverse dentro de ella sin necesidad de elevar cada contingencia al siguiente nivel del organigrama.
Sospecho que este tipo de persona es bastante más importante para el funcionamiento de una sociedad de lo que solemos reconocer y que tenemos algunos motivos para preguntarnos por su reproducción. Lo curioso es que el problema no procede necesariamente de que nuestras sociedades estén funcionando mal. Puede que proceda precisamente de lo contrario.
Una de las características más impresionantes del proceso civilizatorio consiste en haber creado sistemas en los que cada individuo necesita comprender una parte cada vez menor de aquello que hace posible su vida. Me he levantado esta mañana en una casa cuyo sistema eléctrico no sabría reparar, he preparado un café con una máquina que no sabría fabricar, he utilizado una red de telecomunicaciones cuyo funcionamiento comprendo de una forma que, siendo generosos, podríamos llamar aproximativa, y puedo coger un coche construido con piezas fabricadas en varios países para ir a un supermercado donde encontraré comida producida a miles de kilómetros sin haber tenido que preocuparme de la cosecha, la cadena de frío, las aduanas o la solvencia del banco con cuya tarjeta voy a pagar. Todo esto antes de las diez de la mañana.
Es extraordinario y, al mismo tiempo, significa que soy completamente inútil para producir casi todo aquello de lo que depende mi existencia. No constituye una contradicción: la especialización consiste exactamente en eso. Una sociedad compleja multiplica sus capacidades dividiendo el conocimiento necesario para ejercerlas. Sería absurdo concluir de aquí que deberíamos volver a fabricar nuestros zapatos, cultivar patatas y aprender odontología doméstica para recuperar la autonomía perdida. La historia ha probado suficientemente las ventajas de que el dentista sea otra persona.
Pero la especialización tiene una consecuencia bastante evidente: cuanto mejor funciona el sistema, menos necesita saber el usuario sobre el sistema. Y no sólo hemos construido instituciones que nos permiten saber menos; también hemos dedicado una cantidad ingente de conocimiento, trabajo y actividad económica a conseguir que podamos equivocarnos mejor.
Esto resulta bastante visible en las funciones clásicas del Estado social, pero creo que es un error reducirlo a él. Si uno pierde su empleo, enferma, sufre un accidente o llega a viejo sin ingresos suficientes, hemos decidido que determinadas consecuencias no deben caer íntegramente sobre la persona que las sufre. Existen seguros, prestaciones, servicios públicos y toda una arquitectura institucional destinada a interponerse entre una contingencia y sus peores resultados. Hemos hecho algo parecido con la deuda. El derecho concursal moderno parte, entre otras cosas, de la bastante razonable idea de que quizá no sea óptimo condenar a alguien de por vida porque un negocio salió mal. La responsabilidad limitada, que nos parece tan natural que apenas pensamos en ella, supone precisamente decidir que alguien puede arriesgar una cantidad determinada sin comprometer con ello todo lo que posee hasta el día de su muerte. Buena parte del dinamismo que atribuimos al capitalismo depende, curiosamente, de haber limitado cuidadosamente cuánto capitalismo puede aplicársele a quien fracasa.
Creo, de hecho, que la crisis económica de 2008 fue uno de los grandes hitos civilizatorios de nuestra época, aunque no recuerdo haber visto nunca que se la describiese de esa manera. Se rompieron algunos de los elementos básicos de un sistema financiero que había acompañado un periodo extraordinario de crecimiento mundial y, sin embargo, no pasó nada. Entiéndase bien ese «nada», porque naturalmente pasaron muchísimas cosas: quebraron empresas, desaparecieron bancos, se destruyó empleo, hubo desahucios, rescates, recortes y una transferencia gigantesca de pérdidas de unas partes del sistema a otras. España sabe algo de ello. Pero el sistema no se descompuso. Los depósitos siguieron existiendo, las pensiones siguieron pagándose, los supermercados siguieron abastecidos, las transferencias bancarias continuaron llegando y la inmensa mayoría de las instituciones sobre las que descansaba la vida cotidiana sobrevivieron a un fallo que, unas décadas antes, habría tenido capacidad para producir consecuencias mucho más destructivas. Menos de ochenta años separaban aquella crisis del crack de 1929 y de la Gran Depresión posterior. No me parece poco lo que habíamos aprendido entretanto. Conseguimos que una catástrofe financiera fuese, para muchísima gente, una época horrible en lugar del derrumbe de la sociedad en la que vivían. Hay una diferencia civilizatoria importante entre ambas cosas.
El mercado de consumo ha avanzado en la misma dirección. «El cliente siempre tiene la razón» es una frase bastante absurda tomada literalmente —el cliente lleva sin tener razón desde que existe el comercio—, pero expresa bien el sentido de la evolución. Las empresas dedican fortunas a atención al cliente, garantías, devoluciones, calidad, experiencia de usuario y procedimientos destinados a evitar que una persona cargue demasiado tiempo con las consecuencias de haber comprado algo que no quería. Si reservamos un hotel y nos equivocamos de fecha queremos poder cambiarla. Si compramos unos pantalones y descubrimos que nos quedan como una tienda de campaña queremos devolverlos. Si pulsamos un botón que no debíamos pulsar esperamos que aparezca una ventana preguntándonos si estamos completamente seguros de querer hacer la barbaridad que acabamos de ordenar.
No hay que concederle a Ctrl+Z el mérito de explicar la civilización occidental, pero resume bastante bien una de sus aspiraciones: diseñamos sistemas cada vez mejores para que los errores ordinarios no tengan consecuencias extraordinarias. Y hemos convertido esa aspiración en actividad económica estable. Seguros, prevención, cumplimiento normativo, control de calidad, ciberseguridad, supervisión financiera, asistencia técnica, protección del consumidor, gestión del riesgo o atención al cliente ocupan a millones de personas que, de una forma u otra, trabajan para conseguir que algo malo no suceda y, si sucede, que sus efectos sean limitados.
Tampoco parece que haya una conspiración ideológica detrás. Es tentador explicar nuestra abundancia de reglas por alguna enfermedad específicamente europea, por un legislador con demasiado tiempo libre o por esa afición de Bruselas a reglamentar cosas que hasta entonces habían conseguido existir sin reglamento comunitario. Algo habrá de eso, porque ninguna burocracia ha conocido jamás un problema que no pudiese mejorarse añadiendo un formulario. Pero la regulación es también una consecuencia lógica de la protección. Cuando una institución acepta hacerse cargo de una parte de las consecuencias de nuestras decisiones empieza, inevitablemente, a interesarse por esas decisiones. La aseguradora que pagará si estrello mi coche tiene alguna opinión sobre cómo lo conduzco; el banco que perderá dinero si no devuelvo mi préstamo quiere saber cuánto gano; la empresa que responde por los errores de sus trabajadores crea procedimientos para limitar esos errores. Cuanto más compartimos las consecuencias, más difícil resulta mantener privadas las decisiones que las producen.
De ahí que protección y reglamentación puedan avanzar simultáneamente. Cada accidente que conseguimos evitar aumenta nuestra intolerancia hacia el siguiente; cada perjuicio que conseguimos reparar hace más difícil aceptar que el próximo quede sin reparar; cada error que aprendemos a anticipar convierte su repetición en un fallo del sistema. Si una empresa sufre un problema grave, reúne a la gente correspondiente, averigua qué ocurrió y crea un procedimiento para que no vuelva a suceder. La siguiente persona que se encuentre en aquella situación tendrá algo menos que decidir y, normalmente, será bueno que así sea.
La dificultad aparece cuando ampliamos suficientemente la escala. Un sistema excelente es, en cierta medida, aquel que necesita exigir menos excelencia a las personas que lo utilizan. El mejor coche es más fácil y seguro de conducir que el peor, el mejor programa evita que el usuario pueda destruirlo accidentalmente y una organización bien diseñada no debería depender de que todos sus trabajadores sean genios capaces de improvisar soluciones. Si para solicitar una licencia administrativa hay que haber estudiado Derecho durante cinco años, no tenemos ciudadanos poco preparados: tenemos una Administración mal diseñada.
La civilización podría describirse, entre otras muchas maneras más solemnes, como un proceso mediante el cual hemos conseguido que uno pueda hacer cada vez más cosas sin necesitar ser especialmente bueno haciéndolas. Eso libera tiempo, reduce sufrimiento y permite una complejidad que sería imposible de otro modo. Pero deja una pregunta algo incómoda: qué ocurre con las capacidades que el sistema deja de necesitar.
No creo que las personas se vuelvan estúpidas porque exista una garantía de devolución ni que el Estado del bienestar haya convertido misteriosamente a los europeos en niños. Para sostener eso habría que imaginar además que nuestros abuelos eran una especie de mezcla entre Marco Aurelio y un fontanero capaz de arreglar cualquier cosa de la casa. Las capacidades se desarrollan cuando hacen falta. Si ya no necesito conocer el callejero porque Google me lleva hasta la puerta, dejaré de conocerlo. Es una adaptación perfectamente racional. El problema es que el juicio, la responsabilidad o la capacidad de enfrentarse a situaciones imprevistas funcionan de una manera parecida: si cada decisión importante está protocolizada, decidir deja de ser una parte habitual del trabajo; si cada conflicto tiene un especialista al que trasladarlo, resolver conflictos deja de ser una competencia necesaria; si cada pequeño riesgo debe eliminarse, asumir riesgos razonables deja de ejercitarse.
Aquí aparece, además, otro problema que me interesa especialmente porque atraviesa buena parte de nuestro debate público: hemos empezado a desconfiar de la gente con una facilidad extraordinaria. Existe una misantropía apenas disimulada en algunos discursos que, curiosamente, suelen presentarse como defensas de la democracia. El ciudadano es maravilloso cuando vota correctamente, pero en cuanto se expone a un mensaje considerado peligroso se transforma en una criatura frágil, manipulable y necesitada de tutela. Buena parte de la retórica sobre la necesidad de «combatir los bulos» contiene esta idea, incluso cuando parte de un problema real: parece asumir que el vecino normal carece de defensas intelectuales suficientes para encontrarse con una mentira, una exageración o una opinión radical sin que alguien deba decidir previamente si conviene que la vea.
No estoy sugiriendo que la mentira sea buena ni que no existan campañas organizadas de manipulación. Lo que me resulta extraño es la antropología que muchas veces se esconde detrás de la solución. Se habla ocasionalmente de la propaganda política como si los fascismos del siglo XX hubiesen aparecido porque millones de europeos se encontraron una mañana con varios mensajes radicales y, faltos de un verificador independiente, se volvieron locos. Es una caricatura de procesos históricos mucho más complejos, pero sobre todo revela una escasa fe en la capacidad ordinaria de las personas para escuchar estupideces sin convertirse inmediatamente en estúpidas.
Y quizá un proyecto regeneracionista necesite empezar precisamente recuperando algo de esa fe.
No una fe romántica en «el pueblo», ni la creencia de que todas las opiniones tienen el mismo valor. De hecho, casi diría lo contrario. Una sociedad compleja necesita jerarquías de conocimiento y necesita ser capaz de reconocerlas. Quiero que el cardiólogo sepa más de corazones que yo, que el ingeniero calcule mejor un puente que quien pasa por debajo y que un funcionario que lleva veinte años resolviendo determinados expedientes conozca cosas que no caben enteras en un manual de procedimiento. Haber proclamado la igualdad política no nos obliga a fingir que todos sabemos lo mismo sobre todo. El problema no es que existan autoridad y jerarquía, sino que ambas puedan desligarse del conocimiento, la experiencia y la responsabilidad que deberían justificarlas.
Pero reconocer jerarquías de saber es compatible con confiar en que las personas normales pueden ejercer juicio dentro de su ámbito. De hecho, una cosa necesita la otra. Si queremos instituciones sostenidas por algo más que obediencia procedimental necesitamos una cantidad suficientemente grande de gente acostumbrada a tener algo a su cargo, aunque sea pequeño, y a distinguir cuándo debe confiar en quien sabe más y cuándo aquello que tiene delante sencillamente no funciona.
Eso se aprende de alguna manera. La autoridad, como la responsabilidad, no aparece espontáneamente al cumplir determinada edad ni puede enseñarse por completo mediante una asignatura. Se aprende ejerciéndola en lugares donde uno puede tomar decisiones, equivocarse, responder por ellas y volver a intentarlo sin que cada error lo expulse para siempre de la comunidad. Asociaciones, empresas, colegios profesionales, clubes, cooperativas, administraciones locales, fundaciones, revistas o cualquier otra institución intermedia pueden cumplir esa función si conceden responsabilidades reales en lugar de limitarse a reproducir a pequeña escala la misma lógica burocrática que pretendemos corregir.
Aquí resulta difícil no acordarse de la Primera Fundación de Asimov. En apariencia, Hari Seldon envía a Terminus una comunidad de científicos para conservar en una Enciclopedia Galáctica el conocimiento de una civilización que se dispone a entrar en decadencia. El plan era bastante más sofisticado, naturalmente, pero hay una intuición que sigue siendo útil: conservar información no basta. Hace falta conservar comunidades capaces de entenderla, discutirla, aplicarla, enseñarla y formar a otros que puedan hacer lo mismo cuando los primeros hayan desaparecido.
Un proyecto regeneracionista debería pensar un poco en sí mismo de esa manera. Una revista, una asociación o una fundación no sólo sirven para producir artículos y hacer llegar ideas a quienes algún día quizá tengan poder. También pueden convertirse en pequeñas escuelas de responsabilidad. Uno escribe, otro corrige, alguien investiga un asunto que desconoce, otro organiza una jornada, otro administra un presupuesto y alguien descubre que tener buenas ideas y conseguir que diez personas hagan algo juntas son competencias distintas. Antes de gobernar nada conviene haber aprendido a organizar algo.
Muchas élites históricas se formaron precisamente así, dentro de ecosistemas de revistas, universidades, partidos, academias, asociaciones o círculos en los que las personas podían conocerse, discutir, medir mutuamente sus capacidades y adquirir responsabilidades de manera progresiva. Quizá tenga más sentido reconstruir esa escalera que esperar a que aparezca espontáneamente una generación excepcional de dirigentes.
No se trataría, por tanto, de desmantelar las redes de protección que hemos levantado. Una de las conquistas más valiosas de nuestras sociedades consiste precisamente en haber conseguido que equivocarse no implique necesariamente quedar destruido. Se trataría de conservar dentro de ellas espacios en los que decidir siga importando: responsabilidades reales con consecuencias suficientes para enseñar, pero no tan grandes como para arruinar una vida; autoridad que pueda ejercerse y también perderse; estatus asociado a saber hacer cosas útiles y no únicamente a ocupar una posición.
La dificultad es que la tendencia general empuja en sentido contrario y lo hace por buenas razones. Una empresa que elimina un riesgo ofrece un mejor servicio, una Administración que automatiza un procedimiento reduce errores y una escuela que crea un protocolo responde normalmente a algún problema que antes existía. Nadie necesita tener malas intenciones para construir una sociedad en la que cada vez más decisiones estén mediadas por sistemas creados precisamente para evitar que tengamos que tomarlas mal. Esto no es una malfunción que pueda corregirse encontrando al culpable. Es, en buena medida, una consecuencia de nuestro éxito.
Por eso no estoy seguro de que el reto principal de un proyecto regeneracionista sea encontrar a los mejores y llevarlos a la cúspide. Eso ya sería bastante difícil. El problema anterior consiste en conservar una sociedad capaz de producirlos, reconocerlos y, llegado el momento, dejarles hacer; pero también una sociedad con suficientes personas que no sean excepcionales y que sepan hacerse responsables de una pequeña parte del mundo sin esperar continuamente a que alguien situado por encima les diga qué deben hacer con ella.
Las buenas instituciones necesitan buenos arquitectos, desde luego, pero necesitan todavía más una cantidad suficiente de gente que sepa mantenerlas en pie cuando el arquitecto se ha ido a casa. Si de verdad queremos regenerarlas, quizá convenga empezar por algo bastante menos espectacular que conquistar el Estado: recuperar la confianza en que las personas pueden aprender a sostener cosas y volver a construir lugares donde tengan ocasión de demostrarlo.
Este artículo ha sido escrito por Cansado Comadrejo. Si tienes una propuesta de artículo, envíanosla a redaccion@revista1812.com.
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Muy bueno, ciertos dejes de organicismo y de Lasch (por decir algo). Este tipo de temas, «aburridos» por falta de polémica e ideología, son esenciales para construir las cositas que queremos.