La última década ha traído consigo una preocupación creciente por la bajísima natalidad europea. Ha calado con particular intensidad porque nos encontramos, probablemente, ante la primera contracción pacífica de la población en la historia, un fenómeno que amenaza con acabar con el estado del bienestar europeo y, por extensión, con esa idea de Europa heredada de los Treinta Años Gloriosos que damos por sentada. La inquietud no es infundada: gestionar el declive demográfico sin caer en el declive económico exigiría ensayar alternativas más arriesgadas de las que el consenso económico dominante —cómodo en su ortodoxia— está dispuesto a considerar.

España no es ajena a este vértigo, aunque su historia reciente ofrece un precedente instructivo. A mediados de los años noventa, la tasa de fecundidad española alcanzó niveles casi tan bajos como los actuales, pero la situación no generó una alarma comparable: la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral y la llegada de la primera ola migratoria bastaban, entonces, para disipar cualquier temor sobre la viabilidad del estado del bienestar a medio plazo. A ello se sumaba un factor estructural que rara vez se explica bien: entre el inicio de una fecundidad baja y la contracción efectiva de la población media un desfase considerable, porque el primer efecto visible no es la caída demográfica, sino el envejecimiento. Fueron pocas las voces que, en aquel momento, advirtieron de lo que se avecinaba —entre ellas, la de mi querido Luis Garrido, a quien esperamos con cariño entre nuestros lectores el día en que descubra esta revista.

Hoy nos encontramos ante el mismo problema numérico, pero en un escenario radicalmente distinto: la mujer está ya plenamente incorporada al mercado laboral y la población nacida en el extranjero representa una quinta parte del total. La situación actual es, por tanto, mucho más preocupante que la de hace treinta años: entonces el establishment disponía de palancas que hoy ya se han agotado, y apenas queda margen de maniobra adicional. Es aquí donde emerge la asimetría ideológica: la izquierda, por lo general, no comparte esta preocupación, porque sabe que puede seguir recurriendo a la única palanca que le queda, la inmigración masiva, para sostener un sistema de pensiones que de otro modo resultaría insostenible. La derecha, por su parte, ha dado ya el primer paso —reconocer que este modelo migratorio es insostenible— y ha llegado a una respuesta concreta: fomentar la natalidad autóctona.

¿Es esto posible? ¿Se puede, de verdad, revertir la tendencia de la natalidad española, o estamos ante un espejismo político condenado de antemano al fracaso? Responder a esta pregunta —la primera de una serie de artículos sobre la natalidad que inauguramos con el presente texto— exige partir de la historia de las políticas familiares en España.

I. Las políticas pronatalistas del franquismo y sus antecedentes

La preocupación por la caída de la natalidad en España no nace con el franquismo, sino que venía gestándose desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, en un contexto europeo donde autores como Spengler advertían que, cuando una sociedad empieza a plantearse la cuestión de tener hijos en términos de ventajas y desventajas, era ya «el principio del final»1. En España, la tasa bruta de natalidad descendió durante las primeras décadas del siglo XX —acentuándose tras la crisis económica de 1929— aunque parte de esta caída se explica por la reducción de la mortalidad infantil. Con todo, el índice sintético de fecundidad también se redujo de forma sostenida. La primera respuesta institucional a esta inquietud apareció durante la dictadura de Primo de Rivera, que creó ayudas para las familias numerosas —en esta época, las que tenían ocho o más hijos— tanto entre funcionarios como entre trabajadores. Estas ayudas incluían pensiones, subsidios, gratuidad educativa y preferencia en diversos beneficios sociales, económicos y administrativos. La misma dictadura creó en 1929 el Seguro Obligatorio de Maternidad, que reconocía a las trabajadoras el derecho a seis semanas de descanso obligatorio posparto y otras seis voluntarias preparto, con una indemnización fija calculada en función de los trimestres cotizados. La Segunda República conservó en buena medida este conjunto de medidas.

El franquismo heredó parte de estas estructuras, como el seguro de maternidad previo a la Guerra Civil —desarrollado normativamente durante la República—, pero las integró en un proyecto ideológico más amplio centrado en la familia como institución natural, sagrada y esencial para la nación. La maternidad se erigió en destino propio de la mujer, concebida como «ángel del hogar», y la educación femenina se orientó a su formación como esposa y madre. Tener muchos hijos era presentado no sólo como un deber moral católico, sino también como un servicio directo al Estado. En palabras de José Ros Jimeno: «Nos encontramos, pues, ante un dilema: o España aumenta su natalidad o será detenida su ascensión al rango de gran potencia»2. En coherencia con esta visión, el régimen atribuyó el descenso de la natalidad a la degeneración moral del pasado y reforzó medidas punitivas como la criminalización del aborto y la prohibición de los métodos anticonceptivos.

A ello se añadió un conjunto amplio de políticas explícitamente natalistas. El régimen instituyó premios a las familias con más hijos y a aquellas que lograran conservar vivos al mayor número de ellos, reforzando públicamente el ideal de la familia numerosa. También desarrolló mecanismos económicos para fomentar el matrimonio y la formación de familias: las dotes por matrimonio, que recibían las mujeres trabajadoras al casarse —a condición de abandonar definitivamente su empleo— y que eran obligatorias en numerosos convenios colectivos; y los préstamos de nupcialidad, creados por el Decreto de 22 de febrero de 1941, préstamos sin interés para parejas recién casadas cuya deuda se reducía en un 25% con el nacimiento de cada hijo. Estos últimos fueron característicos del primer franquismo y desaparecieron tras la reorganización del sistema de prestaciones sociales en la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963.

Otro instrumento destacado fue el Régimen de Subsidios Familiares, eje de la política económica de apoyo a la natalidad en los años cuarenta y cincuenta. Este sistema articulaba asignaciones periódicas por hijos a cargo y servía de marco para otras medidas como los citados préstamos o premios de natalidad. En paralelo, operaba el plus de cargas familiares, un complemento salarial a cargo de la empresa que se otorgaba a trabajadores varones casados cuya esposa no trabajara, con incrementos según el número de hijos. Este plus, vigente durante todo el franquismo y aún algunos años después, reflejaba el modelo familiar promovido por el régimen: el varón como proveedor único y la mujer dedicada al hogar.

En 1966, la mayor parte de estas ayudas fue sustituida por una prestación contributiva integrada en la Seguridad Social. Sus beneficiarios pasaron a ser quienes cotizaban al sistema; es decir, fundamentalmente personas trabajadoras. Esta prestación incluía una cuantía mensual por hijo a cargo, otra por cónyuge a cargo y un pago único tanto por matrimonio como por cada nuevo nacimiento. Al igual que el resto de las prestaciones familiares de la época, establecía una cuantía uniforme para todas las familias, con independencia de su nivel de ingresos.

Los beneficios dirigidos a las familias numerosas alcanzaron un carácter estructural con la Ley de 13 de diciembre de 1943, que otorgaba reducciones fiscales, subsidios, preferencia en el acceso a viviendas de protección oficial y prioridad para ciertos empleos a los cabezas de familia. Esta ley se mantuvo en vigor durante la mayor parte del franquismo y fue sustituida por la Ley 25/1971, que actualizó el régimen sin alterar su orientación fundamental.

Las transferencias económicas y los beneficios para familias numerosas no tuvieron un correlato equivalente en la atención educativa a la primera infancia. La escolarización de los niños de tres a cinco años había permanecido prácticamente estancada en torno al 25% desde principios del siglo XX hasta mediados de los años sesenta, consecuencia en buena medida del modelo familiar que el régimen promovía: mientras la madre permaneciera en el hogar como proveedora natural de cuidados, la presión para desarrollar una red pública de educación preescolar era escasa. El Informe FOESSA de 1972 calificaba esta situación de «anómala» respecto a los países del entorno: en 1968, apenas el 57% de los niños de cinco años estaba escolarizado, frente al 100% en Francia3. La Ley General de Educación de 1970 supuso el primer cambio estructural al incorporar la educación preescolar como primer nivel del sistema educativo, organizada en jardín de infancia para niños de dos y tres años y escuela de párvulos para los de cuatro y cinco. De carácter voluntario pero con financiación pública, esta regulación impulsó un crecimiento sostenido que llevaría la tasa de escolarización del tramo tres a cinco años desde ese 25% hasta el 76% en el curso 1990-914.

Finalmente, a pesar del modelo que promovía a la mujer como ángel del hogar, el franquismo no podía ignorar la realidad de las mujeres trabajadoras: según las estadísticas históricas, las mujeres representaban el 12,1% de la población activa en 1940 y el 20,1% en 1960, con la advertencia de que estas cifras subestiman la realidad al no contabilizar a quienes trabajaban en negocios familiares ni a las empleadas domésticas que cobraban en negro. Para ellas, el régimen mantuvo la protección por maternidad que venía del período anterior. El Decreto de 11 de julio de 1941 integró la contingencia de maternidad en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, fijando una indemnización equivalente al 50% de la retribución por la que se había cotizado, la misma cuantía que para la enfermedad común. La Ley de Contrato de Trabajo de 1944 recogió en sus artículos 166, 167 y 168 la estructura que ya regía desde 1930: seis semanas de suspensión preparto de carácter voluntario y seis posparto de carácter obligatorio, añadiendo expresamente la reserva del puesto de trabajo durante ambos períodos. La misma ley estableció por primera vez en España el derecho al permiso de lactancia de una hora diaria divisible. Esta estructura se mantuvo inalterada durante más de dos décadas, hasta que el Decreto 3158/1966 elevó la cuantía de la prestación al 75% de la base reguladora para cumplir el Convenio 103 de la OIT, que España había ratificado el año anterior tras su reincorporación a la organización.

Aunque el impulso natalista franquista fue intenso durante la posguerra, su efecto inmediato fue escaso: la dureza económica de los años cuarenta limitaba la capacidad real de las familias para tener hijos, y muchos matrimonios carecían de los medios materiales o de la certidumbre mínima necesaria para ampliar la familia. La retórica natalista fue perdiendo centralidad en las décadas siguientes, pero las estructuras de apoyo —subsidios, beneficios fiscales, premios, complementos salariales— se mantuvieron prácticamente intactas; y sin embargo, la natalidad sólo empezó a recuperarse con claridad a finales de los cincuenta y durante los sesenta, coincidiendo con la profunda mejoría económica del país. El aparato institucional permaneció estable mientras la fecundidad languidecía, y sólo repuntó cuando cambió la variable económica.

Los datos del gráfico anterior son coherentes con esta lectura. Tanto Francia como Inglaterra experimentaron un repunte equivalente durante sus respectivos años de bonanza, a finales de los cincuenta y principios de los sesenta, hasta el punto de que, a comienzos de esa década, el índice sintético de fecundidad de los tres países era prácticamente idéntico. Es cierto que la fecundidad británica y francesa ya declinaba con claridad al final del periodo estudiado, mientras la española se mantenía estable; pero la explicación más plausible no exige recurrir a ninguna singularidad del caso español, sino a algo más prosaico: el desarrollismo simplemente duró más años en España que en sus vecinos.

En conjunto, esto sugiere que el modelo franquista de fomento de la natalidad —basado en mecanismos clásicos como reducciones fiscales y subsidios por hijo— tuvo, por sí mismo, un efecto limitado; el factor decisivo del repunte posterior fue la elevación general del nivel de vida, desde la pobreza y la inseguridad de la posguerra hasta la prosperidad relativa del desarrollo económico de los sesenta.

II. La Transición y los gobiernos de Felipe González

La España que emergió de la dictadura entró en democracia justo cuando comenzaba una transformación demográfica sin precedentes. En apenas quince años, la fecundidad se desplomó desde los 2,77 hijos por mujer registrados en 1975 hasta aproximadamente 1,2 a comienzos de los años noventa, uno de los descensos más pronunciados de Europa Occidental. La caída reflejaba cambios en los comportamientos familiares —difusión de anticonceptivos, retraso del matrimonio—, pero también la ausencia de un marco claro de políticas públicas que buscara responder al nuevo escenario.

Pese a sus raíces democristianas, la Unión de Centro Democrático no convirtió la natalidad en un eje de su acción de gobierno. Sus programas electorales de 1977 y 1979 apenas mencionaban esta cuestión, y en la práctica no hubo un proyecto articulado de apoyo a las familias. El Estado se limitó a mantener las prestaciones heredadas del franquismo, sin actualizarlas para compensar la inflación. En un contexto de subidas de precios muy intensas, aquellas ayudas —que en su día pretendieron sostener económicamente a las familias con hijos— quedaron reducidas a importes puramente simbólicos5. La política natalista, tal y como se había concebido en el pasado, fue desvaneciéndose sin que surgiera un nuevo paradigma que la sustituyera.

Una de las pocas iniciativas destacables en esta materia durante los gobiernos de la UCD fue la aprobación del Estatuto de los Trabajadores de 1980, que introdujo por primera la excedencia por cuidado de hijos. La excedencia podía solicitarse por un período de hasta tres años a contar desde el nacimiento, pero no conllevaba reserva de puesto de trabajo: únicamente otorgaba un derecho preferente de reingreso cuando se abriera una vacante de nivel profesional similar en la empresa. Además, si ambos progenitores trabajaban, sólo uno de los dos podía acogerse a ella. Ambas medidas constituyeron algunas de las primeras disposiciones legales orientadas a compatibilizar la vida laboral y familiar en la España democrática.

Dentro de ese panorama de continuidad, la UCD sí introdujo un cambio relevante en la estructura del permiso de maternidad. La Ley de Relaciones Laborales de 1976 modificó el esquema heredado del franquismo, que distribuía el permiso en seis semanas preparto voluntarias y seis posparto obligatorias, para pasar a seis semanas preparto y ocho posparto, con la novedad de que las semanas preparto no disfrutadas podían acrecer el período posparto. El Estatuto de los Trabajadores de 1980 simplificó esta fórmula: eliminó la distinción formal entre tramo preparto y posparto y estableció un permiso de catorce semanas de libre disposición, con la única condición de que al menos seis fueran disfrutadas obligatoriamente con posterioridad al parto.

El verdadero giro conceptual se produjo con la llegada del PSOE al poder en 1982. Para los gobiernos de Felipe González, las políticas familiares debían desprenderse del legado ideológico del franquismo y adaptarse a una sociedad donde la igualdad entre hombres y mujeres y la progresiva participación femenina en el mercado laboral eran principios fundamentales. En 1985 se eliminaron las prestaciones consideradas «antifeministas», como los pagos por tener al cónyuge —generalmente la esposa— fuera del mercado laboral, un mecanismo que, según el nuevo Ejecutivo, no debía ser incentivado por el Estado. En la misma dirección desaparecieron los pagos únicos por matrimonio y por nacimiento, símbolos de una etapa anterior en la que la familia tradicional era el eje del proyecto político.

A partir de entonces, el centro del sistema de prestaciones familiares pasó a ser la ayuda contributiva por hijo a cargo. El Gobierno la actualizó en términos nominales en 1985, pero pronto introdujo un cambio decisivo: en 1990 dejó de ser una prestación independiente de la renta y pasó a aplicarse únicamente por debajo de un determinado umbral. Ese mismo año se creó además una prestación no contributiva, igualmente vinculada a los ingresos familiares. Ambas medidas reflejaban una orientación clara: las prestaciones familiares ya no debían concebirse como instrumentos para fomentar la natalidad, sino como herramientas de lucha contra la pobreza infantil.

El diseño del nuevo IRPF reforzó esta línea. Como impuesto recién creado, incorporó inicialmente deducciones por matrimonio, por hijos a cargo y por ciertos gastos de cuidado. Sin embargo, el Ejecutivo socialista revisó rápidamente estos mecanismos para evitar que operaran como incentivos selectivos dirigidos a determinados modelos familiares. En 1987 se suprimió la deducción por estar casado, y la cuantía de la prestación no contributiva por hijo a cargo llegó a ser casi el doble de la deducción fiscal equivalente. La señal política era inequívoca: el objetivo prioritario era apoyar a los hogares con menos recursos, no estimular a las familias trabajadoras a tener más hijos.

En paralelo, y en línea con la lógica de igualdad entre hombres y mujeres, en 1995 se modificó el Estatuto de los Trabajadores para que el permiso por lactancia pudiera ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre, siempre que ambos trabajaran, consolidando así el primer reconocimiento legal de la corresponsabilidad parental en España.

Los gobiernos de González registraron también dos avances sustantivos en el permiso de maternidad propiamente dicho. La Ley 3/1989 amplió su duración de catorce a dieciséis semanas, cerrando así una progresión que había partido de las doce semanas heredadas del franquismo y que la legislación de la Transición había extendido a catorce. La cuantía de la prestación, que desde 1966 equivalía al 75% de la base reguladora, se elevó al 100% mediante la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, separando además la maternidad como contingencia específica de la Seguridad Social y desligándola definitivamente de la incapacidad temporal con la que hasta entonces compartía régimen jurídico.

La regulación de la excedencia por cuidado de hijos experimentó dos avances sucesivos durante los gobiernos de González. La Ley 3/1989 introdujo la reserva del puesto de trabajo durante el primer año de excedencia y estableció que ese período fuera computable a efectos de antigüedad, corrigiendo así una de las principales debilidades del régimen original del Estatuto de 1980. Un año después, la Ley 26/1990 añadió una mejora adicional: ese mismo primer año pasó a considerarse también período de cotización efectiva a efectos de la Seguridad Social, lo que protegía parcialmente la carrera de cotización de quienes se acogían a la medida.

En el plano del aborto, la Ley Orgánica 9/1985 modificó el artículo 417 bis del Código Penal para despenalizar el aborto en tres supuestos: riesgo grave para la salud física o psíquica de la embarazada, embarazo resultado de violación previamente denunciada, y malformaciones graves en el feto, en este último caso dentro de las primeras veintidós semanas de gestación. La norma no establecía un derecho general al aborto, sino un sistema de supuestos tasados que eximía de responsabilidad penal en circunstancias específicas, sustituyendo así la criminalización absoluta heredada del franquismo y vigente hasta ese momento.

También se avanzó en el plano de la reproducción asistida. Aunque dichas técnicas ya existían en España —el primer bebé por fecundación in vitro nació en 1984—, no adquirieron un marco legal específico hasta la Ley 35/1988, que reguló expresamente la inseminación artificial, la fecundación in vitro y la transferencia embrionaria. La norma no creó una prestación pública universal, pero sí ordenó jurídicamente una práctica ya existente, fijando condiciones de uso, consentimiento, donación y exigencia de centros autorizados y equipos especializados. Este marco se desarrolló en la etapa final del Gobierno de Felipe González mediante el Real Decreto 413/1996, que estableció los requisitos técnicos y funcionales para la autorización y homologación de los centros y servicios sanitarios relacionados con estas técnicas, reforzando así su control clínico, organizativo y administrativo.

La reforma educativa más ambiciosa del período fue la LOGSE de 1990, que transformó de raíz el carácter de la educación preescolar. La ley creó la etapa de educación infantil como primera etapa del sistema educativo, estructurada en dos ciclos: el primero, de cero a tres años, y el segundo, de tres a seis, ambos dotados por primera vez de carácter educativo y con objetivos curriculares propios orientados al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del niño, en ruptura con la lógica puramente asistencial que había regido hasta entonces. El esfuerzo de despliegue, sin embargo, se concentró en el segundo ciclo. El Real Decreto 986/1991 fijó un calendario de implantación de diez años en el que las administraciones educativas comenzaron a aplicar gradualmente el segundo ciclo a partir del curso 1991-92, extinguiendo simultáneamente los cursos del antiguo sistema de educación preescolar; el resultado fue un crecimiento sostenido de la escolarización en el tramo tres a cinco años, que pasó del 76% en 1990-91 al 92% en 2000-01. El primer ciclo, en cambio, no recibió un calendario ni una financiación equivalentes: su desarrollo quedó remitido a la voluntad de cada comunidad autónoma, y la tasa neta de escolarización apenas avanzó del 3,3% en 1990-91 al 5,8% en 1995. El desarrollo efectivo de la educación de cero a tres años como política pública de alcance real correspondería a gobiernos posteriores.

Felipe González fue el artífice del gran cambio de marco en la natalidad en España. En la reforma confluyeron dos impulsos: por un lado, deshacerse del armazón ideológico franquista; por otro, una orientación asistencialista que era, en sí misma, consustancial al proyecto socialista. El resultado fue el tránsito desde un esquema explícitamente natalista hacia un modelo donde las prestaciones familiares se orientan principalmente a la protección social y a la reducción de la pobreza, dejando en un segundo plano cualquier pretensión de intervenir sobre la fecundidad. Como veremos más adelante, es este el modelo, con distintos matices y ajustes, que ha sobrevivido hasta nuestros días: ningún gobierno posterior, de uno u otro signo, se ha atrevido a cuestionarlo de raíz.

III. Los gobiernos de José María Aznar

Cuando José María Aznar llegó a la presidencia del Gobierno, España afrontaba uno de los niveles de fecundidad más bajos de toda Europa, muy por debajo de la tasa de reemplazo generacional. En su discurso de investidura, el nuevo presidente expresó preocupación por la «vertiginosa caída de la natalidad», pero su planteamiento político no apuntaba hacia un giro pronatalista. Al contrario, definió una agenda social centrada en «perfeccionar los sistemas de empleo y de protección social», sin anunciar medidas destinadas a incentivar los nacimientos ni a reformar de manera sustancial las ayudas directas. Desde el principio quedó claro que su gobierno no pretendía alterar el marco básico heredado de la etapa socialista.

Esa continuidad se manifestó en la propia concepción de las políticas familiares. Las prestaciones por hijo a cargo siguieron siendo ayudas de carácter asistencial, pensadas para evitar que los hogares con menos recursos cayeran en la pobreza, pero no para compensar los costes de la crianza ni para influir en las decisiones reproductivas. La orientación del sistema permanecía intacta: proteger situaciones de necesidad, no promover la natalidad.

Aznar sí introdujo modificaciones relevantes en el tratamiento fiscal de las familias. La reforma del IRPF de 1998 eliminó las deducciones por hijo —de impacto limitado— e incorporó por primera vez los mínimos personales y familiares, que reducen la parte general de la base imponible. Este cambio, más técnico que político, supuso en la práctica una disminución de la cuota tributaria para la mayoría de contribuyentes con hijos y representó una forma distinta de reconocer las cargas familiares dentro del impuesto. La posterior reforma de 2002 reforzó esa lógica: aumentó el importe del mínimo familiar, elevó la cuantía adicional por hijo, creó nuevas reducciones para familias con niños menores de tres años y añadió una deducción específica para madres trabajadoras con hijos pequeños, que ascendía a 1.200 euros anuales6 y podía cobrarse de forma anticipada.

El avance más significativo del periodo no se produjo en las prestaciones ni en la fiscalidad, sino en el terreno de la conciliación. La Ley 39/1999 estableció por primera vez un marco jurídico explícito para compatibilizar vida laboral y familiar. La norma reconoció el derecho a la reducción de jornada para el cuidado de hijos menores de seis años y reforzó de manera notable la protección frente al despido vinculado a la maternidad, la paternidad o el ejercicio de permisos familiares. En materia de excedencias, la ley introdujo cambios relevantes: mantuvo la reserva del mismo puesto durante el primer año, extendió la protección a los dos años siguientes mediante la reserva de un puesto del mismo grupo profesional o categoría equivalente, convirtió la excedencia en un derecho individual de cada progenitor y amplió el período computable a efectos de antigüedad a toda su duración. La Ley 40/2003 completó este marco para las familias numerosas, extendiendo el tramo computable como cotización efectiva a quince meses para las de carácter general y a dieciocho para las especiales. Con estas normas, la política familiar española dio un paso decisivo hacia la regulación de los cuidados y la corresponsabilidad, aunque sin acompañarse de un incremento sustantivo de las prestaciones económicas.

Sin embargo, el impacto real de estas medidas fue limitado. Las herramientas de conciliación —especialmente la excedencia y la reducción de jornada— tuvieron una utilización mínima. Como señalaba la Fundación Encuentro en su Informe España 2004, la principal barrera era «la pérdida de ingresos que representa [cogerse un permiso, excedencia o reducción de jornada]»7. Esto era debido a que esta etapa del ciclo vital suele coincidir con «un aumento sustancial de los costes de supervivencia (los primeros años de la hipoteca y los gastos derivados de la tenencia de los hijos)», lo que hacía difícil asumir una merma salarial, más aún cuando la situación laboral de muchos hogares era incierta. Además, como identificaba la Fundación Encuentro en un informe anterior, «el funcionamiento del mercado de trabajo penaliza gravemente a quienes interrumpen sus carreras laborales, por lo que ‘mantenerse en la brecha contra viento y marea’ resulta imprescindible para toda aquella persona que aspire a no verse desplazada del mismo».

Junto a estas medidas, el Gobierno articuló un esquema de incentivos dirigido a reducir el coste empresarial asociado a la maternidad. El Real Decreto-ley 11/1998 bonificó al cien por cien las cuotas de la Seguridad Social a cargo del empleador en los contratos de interinidad celebrados con personas desempleadas para sustituir a trabajadores con el contrato suspendido por baja maternal, mientras que la Ley 12/2001 extendió esa bonificación a las cuotas correspondientes a las propias trabajadoras en situación de baja, siempre que su sustituto fuera un interino de los descritos en la norma anterior. Con ambas medidas, el coste directo de la maternidad para el empleador quedaba prácticamente neutralizado durante el período de descanso.

En conjunto, los gobiernos de Aznar consolidaron una línea de continuidad con respecto al felipismo: pequeños avances en el tratamiento fiscal de la familia, un salto cualitativo en materia de conciliación y un mantenimiento del enfoque asistencialista de las ayudas directas de la Seguridad Social, que siguieron siendo un mecanismo para aliviar situaciones de vulnerabilidad, no para incentivar la crianza. Durante su mandato, el índice sintético de fecundidad experimentó una ligera recuperación —de 1,14 a 1,32 en 2004—, pero resulta imposible atribuir este repunte a las políticas públicas, y no a factores de mayor peso, como la mejora económica general o la llegada de población inmigrante en edad fértil.

IV. Los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero

Con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, la fecundidad española permaneció en niveles muy bajos y, en esencia, estables. El índice sintético de fecundidad apenas se movió entre 2004 y 2011: pasó de 1,32 a 1,34 hijos por mujer, con una ligera recuperación durante los años de expansión económica (2004–2008) y un descenso posterior coincidiendo con la crisis financiera. Esta evolución, casi plana, sugiere que los cambios introducidos en política familiar durante el periodo —notables en algunos ámbitos— tuvieron un efecto limitado frente al peso determinante de las condiciones económicas generales.

La medida más conocida del periodo fue el llamado «cheque bebé», aprobado en 2007. Consistía en una deducción de 2.500 euros en el IRPF por cada hijo nacido o adoptado, aplicable una sola vez por nacimiento. Aquellas familias sin actividad laboral podían recibir la misma cantidad como prestación no contributiva de la Seguridad Social. Constituyó la primera transferencia universal por nacimiento en la España democrática, un gesto político que rompía con la tradición asistencialista heredada de las décadas anteriores. Sin embargo, la medida no sobrevivió a la crisis: el cheque bebé fue suprimido en 2010 en el marco de los recortes presupuestarios derivados del deterioro de las cuentas públicas.

Otro eje central de la política familiar del período fue el impulso a la educación infantil de cero a tres años. Aunque la LOGSE de 1990 había dotado al primer ciclo de carácter educativo, su desarrollo efectivo había quedado remitido a la iniciativa de cada comunidad autónoma sin financiación estatal articulada; la posterior LOCE de Aznar, que no llegó a aplicarse, revertía su estatus conceptual al de asistencial. La Ley Orgánica de Educación de 2006 revirtió ese retroceso y restauró el carácter plenamente educativo del primer ciclo, sentando las bases del Plan Educa3: el primer esfuerzo concertado del Estado central para crear plazas públicas de cero a tres años, con un objetivo de 300.000 nuevas plazas y financiación específica distribuida entre las comunidades autónomas. El despliegue fue más lento de lo previsto —en 2011 sólo se habían creado unas 71.0008—, pero aun así supuso un cambio de rumbo sustancial: la tasa de escolarización en el primer ciclo pasó del 17,8% en 2006 al 28,8% en 2010, once puntos en cuatro años. Además, diversos estudios mostraban que cuanto mayor era el nivel educativo de la madre, más probable era que recurriera a estos centros, lo que confirma su función como herramienta de conciliación. Para 2011, sin embargo, la provisión seguía siendo mayoritariamente privada, lo que limitaba su accesibilidad para muchos hogares.

El periodo también estuvo marcado por un cambio estructural en los permisos parentales. Hasta 2007, el padre sólo tenía derecho a cuatro días de permiso por nacimiento de hijo, regulados en el Estatuto de los Trabajadores: no existía un permiso de paternidad independiente. La Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad reconoció por primera vez ese derecho y sentó las bases para su desarrollo posterior. A partir de su entrada en vigor, los padres pasaron a contar con trece días de permiso de paternidad, configurado como un derecho individual, no transferible y distinto del permiso de maternidad. Este paso supuso una transformación profunda en el modelo de corresponsabilidad que había predominado en España, reforzando la idea de que el Estado debía promover activamente el reparto equilibrado de los cuidados. La Ley 9/2009 fue un paso más en esa dirección, al prever la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas a partir del 1 de enero de 2011; sin embargo, en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2011 se decidió prorrogar su entrada en vigor hasta 2012, de modo que la ampliación quedó aplazada al final de la legislatura y no llegó a aplicarse durante los gobiernos de Zapatero.

La Ley Orgánica 3/2007 abordó también una laguna de desprotección que arrastraba el sistema desde sus orígenes. Para acceder a la prestación contributiva por maternidad se exigía haber cotizado al menos 180 días en los siete años anteriores al parto, o 360 días a lo largo de toda la vida laboral; quienes no alcanzaban ese mínimo tenían la obligación legal de respetar el descanso obligatorio posparto pero no recibían ninguna compensación económica durante esas seis semanas. La ley creó un subsidio no contributivo de maternidad para cubrir esa situación: las trabajadoras dadas de alta en la Seguridad Social que no reunieran el período mínimo de cotización tendrían derecho a una prestación de 42 días naturales a contar desde el parto, equivalente al 100% del IPREM vigente. El subsidio no era universal ni asistencial: exigía estar afiliada y en alta, y su cuantía no dependía del nivel de renta, sino que era igual para todas las beneficiarias.

La Ley 3/2007 también extendió a dos años el período de la excedencia por cuidado de hijo computable como cotización efectiva a efectos de Seguridad Social, con límites ampliados a dos años y medio y tres años para las familias numerosas de carácter general y especial, respectivamente.

Además, también en el ámbito de los permisos, en 2007 se modificó el Estatuto de los Trabajadores en relación con el permiso por lactancia, permitiendo que los días de ausencia se pudieran acumular o concentrar, facilitando así su disfrute de manera más flexible según las necesidades de la familia y la organización del trabajo.

En cuanto al aborto se refiere, en 2010 el Gobierno aprobó la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que sustituyó el sistema de supuestos vigente desde 1985 por un modelo de plazos. La norma reconoció la interrupción libre del embarazo hasta las catorce semanas de gestación y amplió los supuestos aplicables hasta las veintidós semanas en caso de grave riesgo para la salud de la madre o anomalías fetales. La ley representó, pues, un cambio de paradigma en el tratamiento legal del aborto en España.

En el plano de la reproducción asistida, se promulgó la Ley 14/2006, que sustituyó el marco pionero de 1988 por una regulación más actualizada, adaptada a los avances biomédicos y con una referencia expresa al acceso de la mujer con independencia de su estado civil y orientación sexual. Ese mismo año se aprobó también el RD 1030/2006, que integró estas técnicas en la cartera común de atención especializada del Sistema Nacional de Salud. Con ello, la reproducción asistida dejó de depender únicamente de la existencia de programas concretos en determinados centros o de la planificación de cada servicio de salud, y pasó a configurarse como una prestación pública que el sistema debía garantizar —con criterios de acceso, límites y derivación a centros autorizados— cuando concurriesen los supuestos previstos.

Los gobiernos de Zapatero ampliaron significativamente el marco institucional asociado a la crianza: introdujeron la primera prestación universal por nacimiento, impulsaron la expansión de los servicios de educación infantil y crearon el permiso de paternidad como derecho autónomo. Pero no todo lo ampliado estaba bien pensado. El cheque bebé, en particular, tuvo más de gesto populista que de política diseñada con rigor: su desaparición tras apenas tres años, a las primeras dificultades presupuestarias, confirma que nunca fue mucho más que eso. Las medidas de conciliación, más sólidas en su diseño, tampoco alteraron los patrones reproductivos: la estabilidad del índice de fecundidad durante el periodo —lejos de premiar el activismo legislativo— evidencia hasta qué punto la coyuntura económica y la precariedad laboral de los hogares jóvenes seguían marcando el paso, con crisis financiera incluida a partir de 2008.

V. Los gobiernos de Mariano Rajoy

Durante los años de gobierno de Mariano Rajoy, la fecundidad en España se mantuvo en niveles muy bajos y experimentó un ligero retroceso. El índice sintético de fecundidad pasó de 1,34 hijos por mujer en 2011 a 1,26 en 2018, un ligero retroceso coherente con un contexto marcado por la prolongación de la crisis económica, el deterioro del mercado laboral y la persistencia de altos niveles de incertidumbre entre los hogares jóvenes.

En materia de permisos parentales, los gobiernos de Rajoy heredaron una ampliación del permiso de paternidad ya prevista en la legislación aprobada durante el periodo anterior. La Ley 9/2009 había establecido la extensión del permiso a cuatro semanas a partir de 2011, pero su entrada en vigor fue prorrogada sucesivamente en un contexto de grave desequilibrio fiscal. Durante varios años, el Ejecutivo mantuvo esta suspensión, hasta que finalmente permitió que la ampliación entrara en vigor en 2017, elevando el permiso de paternidad a cuatro semanas. A diferencia de esta evolución tardía en paternidad, el permiso de maternidad permaneció inalterado en 16 semanas durante todo el periodo, sin que se impulsara una reforma integral del sistema de permisos.

Además, el Real Decreto Legislativo 8/2015, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, extendió a tres años el período de la excedencia por cuidado de hijo computable como cotización efectiva, generalizando así a todas las familias lo que hasta entonces beneficiaba únicamente a las numerosas de carácter especial.

El contexto presupuestario condicionó también las políticas de conciliación basadas en servicios. El gobierno de Rajoy canceló la financiación estatal del Plan Educa3, el programa de cooperación territorial destinado a ampliar la red de educación infantil de 0 a 3 años. Aunque la retirada del apoyo estatal no supuso el cierre de los centros existentes, sí implicó el abandono de una estrategia nacional de expansión de estas plazas, delegando exclusivamente en las comunidades autónomas —y, en la práctica, en el sector privado— el desarrollo de la red.

El periodo estuvo marcado asimismo por un intento fallido de modificar el marco legal del aborto. Durante el primer gobierno de Rajoy, el Ejecutivo trató de derogar la ley de plazos del aborto aprobada en 2010 para volver al régimen anterior de supuestos, considerablemente más restrictivo. La iniciativa generó una intensa contestación social y política desde ciertos sectores, y fue finalmente retirada en 2014, sin llegar a materializarse en un cambio efectivo del marco normativo.

En reproducción asistida, el Gobierno de Rajoy no revirtió la cobertura pública existente, pero sí la acotó con mayor precisión y con un enfoque más médico que social o familiar. La Orden SSI/2065/2014 desarrolló la cartera común de atención especializada y concretó los supuestos financiados por el Sistema Nacional de Salud. El resultado fue una regulación más restrictiva del acceso: la prestación quedó ligada principalmente a esterilidad acreditada, indicación clínica, prevención de enfermedades graves o situaciones especiales, con límites de edad, requisitos por técnica y número máximo de ciclos. Esto excluyó de la cartera común estatal a mujeres sin pareja y parejas de mujeres cuando no existiera una indicación médica de esterilidad.

Cuando la situación económica comenzó a estabilizarse, el gobierno introdujo algunos ajustes fiscales orientados a reforzar la economía familiar. En este contexto, extendió a las familias numerosas la deducción anual de 1.200 euros que ya venían disfrutando las madres trabajadoras con hijos menores de tres años, permitiendo además su cobro anticipado. Paralelamente, se incrementaron los mínimos familiares por descendiente en el IRPF, especialmente en el caso del primer y segundo hijo9. Al igual que en etapas anteriores, estas medidas no se diseñaron como instrumentos explícitos de fomento de la natalidad, sino como mecanismos de apoyo selectivo a hogares con mayores cargas familiares.

En el ámbito de las pensiones, los gobiernos de Rajoy introdujeron en 2016 un complemento de maternidad para mujeres con dos o más hijos, que incrementaba la cuantía de la pensión contributiva entre un 5% y un 15%. La medida se justificó como un reconocimiento de la aportación demográfica de la maternidad y como compensación por carreras laborales más discontinuas, aunque su impacto sobre la natalidad era necesariamente indirecto y ex post.

En conjunto, el balance del periodo de Rajoy en materia de natalidad y familia es el de una etapa de contención y ajustes limitados. Las políticas públicas se orientaron prioritariamente a la estabilidad presupuestaria, con avances puntuales cuando la coyuntura lo permitió, pero sin un replanteamiento ambicioso del modelo de apoyo a la crianza. La evolución de la fecundidad durante estos años sugiere que, en ausencia de un marco más sólido de servicios y transferencias, las decisiones reproductivas siguieron estando determinadas fundamentalmente por factores económicos y laborales.

VI. Los gobiernos de Pedro Sánchez

Los gobiernos de Pedro Sánchez coinciden con el período de fecundidad más bajo registrado en España desde el inicio de la serie histórica en 1975. El índice sintético de fecundidad descendió de 1,26 hijos por mujer en 2018 hasta 1,10 en 2024, un retroceso que se produjo a pesar de un notable activismo legislativo en materia familiar y de conciliación.

El cambio más ambicioso del período en el ámbito de los permisos parentales fue la equiparación progresiva de los permisos de maternidad y paternidad, impulsada mediante el Real Decreto-ley 6/2019. Hasta entonces, el permiso de paternidad era sensiblemente inferior al de maternidad, y la madre podía transferir al padre hasta diez de sus semanas de permiso. La nueva norma transformó ambos permisos en un único derecho individual e intransferible de cada progenitor —rebautizado como permiso por nacimiento y cuidado de menor—, eliminando así la posibilidad de cesión y estableciendo una ampliación escalonada del permiso paterno que lo elevó a ocho semanas en 2019, a doce en 2020 y a dieciséis en 2021, igualando así la duración de ambos por primera vez en la historia española. En 2025 la legislación volvió a modificarse para adoptar un modelo de diecisiete más dos semanas: diecisiete semanas de permiso por nacimiento a las que se suman dos semanas adicionales de cuidado retribuidas, que pueden disfrutarse en cualquier momento hasta que el menor cumpla ocho años. El mismo Real Decreto-ley 6/2019 extendió el derecho al permiso por lactancia a los padres, de modo que ambos progenitores pueden hacer uso de él de forma simultánea, siempre que no trabajen en la misma empresa.

En materia de prestaciones económicas, el cambio estructural más relevante fue la creación del Ingreso Mínimo Vital en 2020, que absorbió la prestación no contributiva por hijo a cargo vigente desde 1990. El IMV incorpora un complemento de ayuda para la infancia que puede solicitarse de forma independiente y cuya cuantía es considerablemente más generosa que la de la anterior prestación, con importes decrecientes en función de la edad del menor. Con esta reforma, el apoyo económico a los hogares con hijos quedó integrado en un instrumento de renta mínima de alcance más amplio, reforzando la orientación asistencialista ya predominante en el sistema desde los años noventa.

En el ámbito de las pensiones, Sánchez derogó el complemento de maternidad introducido por Rajoy, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo declarara contrario al principio de igualdad de género por excluir a los padres de su aplicación. En su lugar se creó el complemento para la reducción de la brecha de género, que reconoce un incremento de la pensión contributiva a quien haya tenido al menos un hijo y cuya cuantía resulte inferior a la del otro progenitor. En la práctica, este requisito beneficia de manera casi exclusiva a las mujeres, dada la mayor discontinuidad de sus carreras laborales asociada a la maternidad.

En materia de servicios, Sánchez retomó la apuesta zapaterista por la educación infantil de cero a tres años, aprovechando los fondos europeos del Plan de Recuperación para financiar la creación de más de 65.000 nuevas plazas públicas en las comunidades autónomas, con una inversión de 670 millones de euros distribuida a lo largo de sus dos legislaturas. El resultado fue un salto de casi veinte puntos en la tasa de escolarización del primer ciclo en una década, desde el 35,9% hasta el 55,8%, situando a España entre los nueve países de la Unión Europea con mayor índice de escolarización en este tramo de edad.

En el terreno de las bonificaciones a la Seguridad Social, el Real Decreto-ley 1/2023 modificó el esquema aplicable a los contratos de sustitución por baja parental: desapareció la bonificación del cien por cien de las cuotas empresariales, sustituida por una bonificación fija de 366 euros mensuales aplicable tanto al contrato del sustituto como a las cuotas de la persona de baja, y se restringió el perfil del sustituto, que ya no puede ser cualquier persona en situación de desempleo, sino exclusivamente jóvenes menores de treinta años. El impacto fue inmediato: los contratos de sustitución por maternidad y paternidad pasaron de 94.244 en 2023 a 38.176 en 2024, una caída de casi el sesenta por ciento en un solo año.

En reproducción asistida, el Gobierno de Sánchez modificó el marco fijado durante la etapa anterior mediante la Orden SND/1215/2021. La norma amplió de nuevo la cartera común del Sistema Nacional de Salud para facilitar el acceso a los tratamientos de reproducción humana asistida a mujeres sin pareja, mujeres lesbianas y personas trans con capacidad de gestar, colectivos que habían quedado fuera de la cobertura común estatal por el enfoque más terapéutico y ligado a la esterilidad de la Orden SSI/2065/2014. Con ello, la reproducción asistida financiada públicamente dejó de vincularse exclusivamente a la esterilidad o a indicaciones médicas y recuperó una dimensión más amplia de acceso a la maternidad dentro del sistema público.

Los gobiernos de Sánchez han aprobado algunas de las medidas de conciliación más avanzadas de la historia reciente española y han destinado volúmenes de inversión sin precedentes a la expansión de la educación infantil de cero a tres años. Sin embargo, el índice sintético de fecundidad descendió de 1,26 en 2018 a 1,10 en 2024, el valor más bajo desde el inicio de la serie histórica. La paradoja no es nueva —ya se observó bajo Zapatero—, pero en el caso de Sánchez resulta especialmente llamativa por la magnitud del esfuerzo normativo desplegado. La explicación más plausible apunta a factores que escapan al alcance de la política familiar: el encarecimiento sin precedentes de la vivienda y la persistencia de la precariedad laboral entre los jóvenes en edad de tener hijos, entre otras razones.

VII. ¿Y ahora qué?

A lo largo de esta nota se ha documentado una caída sostenida de la fecundidad que atraviesa épocas y signos políticos con una persistencia que debería dar que pensar. Ni el modelo franquista de la mujer como ángel del hogar ni las políticas de conciliación más avanzadas de la historia democrática reciente han conseguido revertirla. Los únicos repuntes del período —el baby boom de los años cincuenta y sesenta, el ligero ascenso bajo Aznar— coincidieron con fases de bonanza económica sostenida, lo que sugiere que la prosperidad material hace por la natalidad lo que ninguna política familiar ha logrado.

Sin embargo, esta lectura es superficial, porque parte de una premisa cuestionable: que las políticas analizadas eran efectivamente pronatalistas. No lo eran, o al menos no en su mayoría. Desde los gobiernos de González, el apoyo a las familias se ha concebido fundamentalmente como una herramienta asistencial, orientada a evitar que los hogares con hijos cayeran en la pobreza, no como un incentivo directo a tener más descendencia. Los pocos ejemplos genuinamente pronatalistas que encontramos en democracia o eran de impacto limitado —los mínimos personales y familiares de Aznar— o estaban deficientemente diseñados, como el cheque bebé de Zapatero, suprimido apenas tres años después de su introducción.

¿Cómo sería una política de natalidad bien diseñada? La pregunta no tiene respuesta sencilla: la inmensa mayoría de los intentos en esta dirección por parte de países occidentales han fracasado o han producido efectos muy modestos. En ocasiones, el fracaso se explica por un dogmatismo bienintencionado. La equiparación obligatoria del permiso de paternidad al de maternidad es un buen ejemplo: reduce la discriminación laboral contra las mujeres, pero puede desincentivar la natalidad al imponer a los hombres una interrupción de su carrera que no todos están en condiciones de asumir. El efecto neto sobre la fecundidad de medidas diseñadas desde principios de igualdad, antes que desde objetivos demográficos, es ambiguo en el mejor de los casos.

Antes de intentar responder a esa pregunta, sin embargo, conviene plantear otras más elementales. ¿Existe siquiera una política de natalidad capaz de revertir la tendencia que atraviesa casi todo el mundo? Y de existir, ¿para quién habría de diseñarse? Es decir: ¿quién queremos que se reproduzca? Y, antes aún: ¿es necesaria esa política? ¿Ocurre algo si, sencillamente, dejamos que la población disminuya?

Estas son las preguntas que nos proponemos plantear y responder a lo largo de esta serie sobre la natalidad, de la cual el presente artículo es sólo el primero. Tanto el Partido Popular como Vox han convertido la natalidad en un eje central de su discurso reciente, pero un discurso no es una política, y menos aún una respuesta. Antes de proponer soluciones, habría que empezar por hacerse las preguntas correctas —algo que, hasta ahora, no parecen haberse molestado en hacer.

Este artículo ha sido escrito por food guy. Si tienes una propuesta de artículo, envíanosla a redaccion@revista1812.com.

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El sistema democrático parlamentario en origen presuponía que el votante era un ciudadano formado, con un interés en el funcionamiento de la realidad de su país, del mundo y sus avances, y que ello le llevaría a votar a la mejor opción política que su razón le dictase; todo ello incluso antes del establecimiento del sufragio universal. El avance de la modernidad y la mejora global de las comunicaciones provocó que, año tras año, resultara más evidente que el ideal del votante formado era cada vez más y más utópico. Con todo, el votante constituía una forma de ver el mundo que se extendía en mayor o menor medida, con independencia de la ideología personal de cada uno, en todo el espectro de una misma generación. Sí, de una generación a otra la forma de comprender la realidad se alteraba, pero no eran diferencias insalvables; en un ejercicio de alteridad se comprendían entre ellos y la política podía dar una respuesta que, con sus más y sus menos, satisficiera a todas las generaciones.

A partir de la Segunda Guerra Mundial, la situación cambió vertiginosamente. El mundo avanzaba cada vez más rápido. El choque de culturas con un entendimiento antitético del análisis de la realidad complicó aún más la comprensión. Entramos en una fase en la que no sólo el votante era incapaz de seguir el ritmo de lo que sucedía, sino que ni siquiera los propios políticos podían hacerlo, teniendo que apoyarse en cada vez más asesores. La relación intergeneracional sufrió su propio desbarajuste con la generación del baby boom, de la que salió una generación considerablemente más laica que la de sus padres y abuelos. El influjo de la televisión, el cine, la circulación de revistas y libros extranjeros y, más tarde, la difusión de Internet supuso una revolución en la transmisión del conocimiento: no es que uno pudiese soñar con estar al día en todo lo que pasaba en el mundo, es que apenas podía seguir los cambios e innovaciones que sucedían en su propio sector profesional. El sueño del ciudadano ilustrado que guiara los destinos de la nación estaba muerto: la modernidad nos había legado un votante aturdido por el ruido, incapaz no ya de entender el mundo, sino de reconocerlo.

El historiador británico George Malcolm Young defendió en 1943 ante la Academia Británica una tesis que comparto: para entender a un hombre hay que mirar qué ocurría en el mundo cuando tenía veinte años. Ante la imposibilidad de estar al tanto de toda la realidad que nos circunda, cada generación tiende a amoldar el funcionamiento del mundo a su juventud y a proyectarlo a lo largo de su vida, aunque este cambie. Si bien en el pasado sucedía algo similar, los avances no ocurrían tan rápido y las brechas que se abrían en el entendimiento de una generación a otra no eran tan profundas, posibilitando la comprensión y por tanto el buen gobierno. Ahora resulta evidente que no es así. La generación del baby boom piensa de forma muy diferente a la Generación X, y la mentalidad de los millennials o de la Generación Z les resulta directamente alienígena (y viceversa). El planeta ha acelerado tanto el ritmo que el padre de cincuenta años es ya un extranjero en la tierra que habita con su propio hijo.

Vivimos en una democracia en la que cada ciudadano tiene derecho a un voto que tiene el mismo valor que el de los demás. Sin embargo, el peso electoral de cada generación en España presenta diferencias extraordinarias. No pretendo culpar a la población del baby boom por ser la que obtiene un mayor porcentaje de votos, pues ellos no decidieron venir a este mundo, ni su época ni su lugar. Pero estos desfases suponen una catástrofe para el futuro de nuestro país si no se hace algo al respecto. Una democracia que concede la mayoría del peso de las decisiones del mañana a quienes ya han vivido el ayer deja de ser un régimen representativo; se convierte, en la práctica, en la ejecución tutelada de un testamento redactado por quienes ya no habrán de habitar el futuro.

Soy pragmático y no voy a defender posiciones que no tienen recorrido, como restringir el voto a partir de cierta edad, a quien no cotiza o a quien no paga determinados impuestos. Pero sí defiendo que las diferentes generaciones tengan una representación por igual en el espacio público o, al menos, que sus voces no se oigan menos que las de mayor peso en el censo. El mundo acelera a ojos vistas; lo estamos viendo con la irrupción de la IA. Necesitamos que jóvenes preparados ocupen cargos tanto en la política como en el empresariado. La toma de decisiones no puede estar cooptada por unas generaciones que viven en un mundo que ya no existe y que, al ser mayoría en el censo, ven sus actos revalidados en las urnas. Insisto en que no es porque sean ignorantes. Es la limitación de la naturaleza humana ante la complejidad de la realidad actual. Le está pasando a los millennials y le pasará a la Generación Z, a la Alfa, a la Beta y a cuantas les sigan.

¿Qué podríamos hacer para incrementar la participación y representación de los jóvenes? No esperéis leer a continuación ninguna idea revolucionaria, sino un acuerdo de mínimos adaptado a la España actual:

Emular la representación paritaria o «listas cremallera»

Empecemos por la más polémica, de la que no soy demasiado partidario, pues creo que este recurso motiva a pensar que uno está ahí por cumplir unos requisitos y no por su valía: que la representación pública alterne entre españoles de diferentes franjas de edad. Sin embargo, se puede y debe proponer porque, a pesar del inconveniente que señalo, saldríamos con algo mejor que la situación actual, puede implementarse con facilidad y porque parece que a la clase política española este recurso le encanta o finge ser así. Podríamos llamarlo «cuotas de edad», en las que cada generación (habría que concretar exactamente los rangos de edad) tenga igual representación.

No todo es parlamentar

No toda la gente de talento sirve para la televisión. Muchos, jóvenes y no tan jóvenes, son extraordinarios en su campo y aun así se resisten a exponerse en público para defender sus ideas. Es más, parece que una de las aptitudes más valoradas entre los políticos españoles es defender una cosa y la contraria, manteniendo en todo momento una cara de cemento armado. No todos están dispuestos a rebajarse así, especialmente aquellos que no quieren hacer de la política una forma de vida. Pretender que el conocimiento se rebaje a la dinámica del plató televisivo para poder contribuir al bien común es una ocurrencia propia de una cultura política que valora el espectáculo por encima del rigor.

Debemos facilitar la participación en política a este segmento de la población del que los jóvenes pueden beneficiarse notablemente. Vivimos en la época dorada de la comunicación y disponemos de un amplio abanico en expansión de recursos por los que podemos transmitir ideas. Debemos estudiar cuáles son los puntos fuertes de cada uno y que cada cual elija el que más se adapte a su estilo y necesidades. Ejemplo de ello sería la difusión de ideas a través de redes sociales en formato de artículos, infografías, podcasts, difusión de ensayos, artículos académicos e incluso debates en directo, bien en radio o redes sociales. Por supuesto, estaría permitido el uso de pseudónimos, recuperando la vieja tradición utilizada por los padres fundadores estadounidenses, entre otros, para así mantener el anonimato y evitar tanto el escarnio público como amenazas laborales, financieras e incluso contra su seguridad. Una idea valiosa lo sigue siendo así la defienda Agamenón o su porquero.

Colaborar no es sinónimo de voluntariado

Vale que no sean cargos públicos, pero eso no significa que el esfuerzo que pongan en este trabajo no se remunere. No es un asunto menor. Mucha gente se anima a participar en política con buena voluntad, pero al chocar con la cruda realidad le surgen las dudas, crece la sensación de estar perdiendo el tiempo, y termina quemándose y dejándolo. Quizás un jubilado no tanto, pues tiene más tiempo libre a su disposición, pero un joven debe trabajar para construir una vida, formarse y mantenerse al día en el trabajo, crear una familia y, por supuesto, dedicar tiempo a uno mismo y descansar. Sustraer de ello tiempo y esfuerzo para dedicarlo a la mejora de su comunidad y su país merece ser retribuido.

Por desgracia, en España no disponemos de una tradición en la que el capital privado financie este tipo de iniciativas. La gran mayoría de la financiación proviene de capital y subvenciones públicas que han desembocado en la «cultura del chiringuito» que, por cuestiones que este artículo no pretende analizar, prácticamente sólo aprovecha la izquierda. Idealmente tendríamos que reeducar a la sociedad española y transformar el sistema político-económico para pasar de un capital público a uno privado en este sentido. Sin embargo, requerirá un tiempo del que no disponemos y un trabajo que quizás no llegue a dar fruto. La salida pragmática que encuentro pasa porque se renuncie a la pureza moral y que el sector liberal reconozca que la deriva actual está abocada al fracaso (y con ella sus ideas), renuncie a sus pretensiones de ahorro y bajada de impuestos en este punto y contribuya, junto con el resto de la oposición frente a la izquierda, a reconducir el caudal de dinero público destinado a los «chiringuitos» izquierdistas para financiar a aquellos jóvenes que desde otras posiciones ideológicas quieran contribuir a la mejora de España. Renunciar a las armas existentes por una cuestión de imagen y el mantenimiento de una supuesta pulcritud moral frente al adversario es la antesala de la derrota.

Los jóvenes deben dar un paso al frente y ser recogidos con los brazos abiertos por nuestros mayores. Siempre la juventud ha sido el garante de la preservación y futuro de los pueblos. Una nación que no les permita sostener el timón está condenada a naufragar. España no puede permitirse no escucharles y excluirles en la toma de decisiones. Hoy el mundo avanza a mayor ritmo que ayer. El tiempo apremia. No podemos permitirnos esperar más.

Este artículo ha sido escrito por Un tal Groening. Si tienes una propuesta de artículo, envíanosla a redaccion@revista1812.com.

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La vida ha supuesto a lo largo de buena parte de la historia lo mismo para un habitante de la Kampuchea que para un paisano de Alcolea. Distintos señores, distintos aperos; la misma sentencia: ganarás el pan con el sudor de tu frente. En esto consiste el trágico juego, este es el destino ineludible, laborar para no morir, labrar cual labriego para sacar adelante a uno y a quienes dependen de uno, cazar o ser devorado por la marea indiferente del tiempo. No había ahí filosofía posible, ni romanticismo, debate o ideología, sólo hambre, y el temor a una mala cosecha, un atroz invierno, una contribución injusta. En términos más poéticos, que muchos prefieren: fuimos arrojados a este valle de lágrimas donde no hay nada nuevo bajo el sol, y el precio a pagar es agachar el espinazo y luchar para que los siguientes dispongan de algo más.

Por suerte para nosotros —ya basta de embellecer los delirios vacuos de donde incluso los más empecinados intentaron escapar— la evolución no se detuvo ahí. Tras muchas vueltas y retornos, y no pocos saltos al vacío, las ideas, las máquinas y los músculos fueron desligando la labor de la pura supervivencia animal, de la rueda implacable de lo eternamente producido y consumido. Trabajar dejó de ser sólo no morir: empezó a ser poder creer en una mejor vida, mañana, para los siguientes, pero sobre todo aquí, y no después; luego poder pelear por ella, morir por ella, llegado el caso; después vivir como siempre, si bien un poco mejor, y luego de otra manera, extendiendo lo posible, haciéndolo costumbre; por último —aquí empieza el problema—, ser alguien. En definitiva, el trabajo fue incorporando dimensiones de bienestar, de posición y de sentido que las generaciones anteriores apenas soñaban, ocupadas como estaban en que algún hijo llegara a edad adulta. La corriente de la historia sólo parecía remar en una dirección, impertérrita e inevitable, a nuestro favor, y no había nada que pudiéramos hacer para detener su vigor. De todas formas, quién querría hacerlo, quién preferiría un campo al sol y su tierra quemada a un laptop job con aire acondicionado. Y, sin embargo, todos, muchos, sentimos que algo no ha ido bien del todo.

Esta es la cuestión alrededor de la cual ronda el presente artículo. Y adelanto la respuesta para que nadie se llame a engaño: el valor que se le ha otorgado al trabajo en España no es una ley natural ni un destino histórico; es una construcción contingente, levantada en circunstancias muy concretas que ya no son las nuestras. No obstante, lo que se erigió una vez por manos más desnudas que las nuestras puede reconstruirse para que vuelva a significar algo real. No hablaré aquí de abolir el trabajo, como sueñan los acomodados que nunca han trabajado, ni de sacralizarlo, como añoran los déspotas ilustrados de nuestra época, sino de que vuelva a hacer lo que hizo en sus mejores momentos: convertir el esfuerzo de cada generación en bienestar para la misma y oportunidades de progreso para las venideras. Hoy ya no lo hace. Y mientras no lo haga, todo lo demás —los sermones sobre la cultura del esfuerzo, la conciencia de clase, las jornadas de cuatro días— es hablar del sexo de los ángeles sin preguntar si alguien sigue creyendo en ellos.

I. Ni Hegel ni Weber, derivaciones sobre El Quijote

Antes de responder la cuestión, hay que despejar el terreno de dos tentaciones. La primera es la inevitabilidad histórica: la idea de que el trabajo vale hoy lo que así dicta el sentido de la Historia, un espíritu guiado por su propio impulso que nadie puso en marcha y nadie puede detener. Si queremos entender algo, conviene dejar de creer en esta flecha; ya somos mayores para ser hegelianos. Las cosas pudieron ser de otra manera, fueron de otra manera en otros sitios, y serán de otra manera mañana si nos molestamos en reflexionar sobre cómo hemos llegado hasta aquí.

Y es que la transmutación del trabajo en algo diferente, algo nuevo, no es una conspiración orquestada en la penumbra, ni un plan detallado desde el principio, sino el resultado del sistema económico-político más subversivo de lo que ningún revolucionario lo será jamás, incentivos complejos poco comprendidos, trabajadores divididos, cansados, algunos e imbuidos de ideologías utópicas, otros, gobiernos incapaces de no fastidiar el cumpleaños, siempre a la zaga de los cambios históricos, y profesionales de la rapiña y la sofística, dispuestos a desarrollar las teorías que más desborden sus platos calientes.

La segunda tentación es más fina y por eso más peligrosa para el caso español que nos atañe: la de afiliarnos a Max Weber y su ética protestante. Según esta versión, tan manida y discutida hasta el hartazgo, algunos países prosperaron porque su religión santificaba el trabajo y el ahorro, mientras que otros, entre la misa y la siesta, quedaron condenada al atraso. Es una explicación elegante, muchas lo son, pero no deja de ser un apunte a pie de página de Hegel con aires menos mesiánicos: el mismo determinismo, ahora subido a lomos de lo confesional. No: ser el imperio católico no determinó que el valor del trabajo en España sea el que es. Como cualquier corpus de ideas, el catolicismo permitió unos desarrollos y dificultó otros, pero no determinó que hoy se cobre en cacahuetes. Los mismos vascos y catalanes que oían misa los domingos levantaron altos hornos e hilaturas, con ayuda (obligada) de los labriegos agachados del resto de la península; los mismos irlandeses e italianos católicos que emigraban con lo puesto acabaron ascendiendo en América. El contexto importa, los incentivos pueden trasladarse.

A este hilo, lo que sí ha habido en España —y esto importa porque es mecánica económica, no esencialismo racionalista— es un círculo vicioso perfectamente laico: la pobreza engendra necesidad; la necesidad permite que sobrevivan sectores poco productivos, que pagan poco porque producen poco; y esos sectores necesitan a su vez un ejército de desheredados dispuestos a laborar por un cuenco de arroz, o una bota de vino, lo mismo da. Las buenas ideas caen en el vacío, los intrépidos se desaniman ante el evidente dominio de los aprovechados. La excelencia se puede mantener en un arte y una cultura envidiables, mientras el resto de cosechas no dan más que polvo. El equilibrio se retroalimenta y puede durar siglos, duró siglos. En él, esforzarse renta poco, recompensa y esfuerzo no están unidos, y buscarse la vida ocupa las veintiocho horas del día.

Como en tantos otros ámbitos, no son los historiadores quienes mejor han delineado este surco en la historia, sino los literatos. La picaresca no es un retrato del alma española, como quisieron los del 98; es un epifenómeno de ese equilibrio mediocre. El Lazarillo no es un pecador irremediable, es un superviviente práctico: en un mercado laboral donde servir a un amo, y a qué amo, garantiza hambre, el ingenio es la única inversión con rentabilidad positiva. Donde el trabajo no paga, la picaresca no es un vicio: es la respuesta racional de los incentivos. El hidalgo de la Mancha, relato en ristre, atraviesa un panorama desolador por la España real, donde españoles reales malviven con lo puesto, cínicos y caraduras porque allí no crece nada.

II. Tres escalones hacia el desarrollo humano

Antes de entrar en harina, no obstante, cabe poner las cartas sobre la mesa. Para entender a qué nos referimos con el trabajo y sus dimanaciones, cabe hacer una pausa que nos permita reposar términos empleados tan a la ligera. Hannah Arendt, mirando hacia atrás, distinguió en La condición humana (1958) tres tipos de actividad humana que hoy solemos confundir, y que descarrilan cualquier debate honesto. Primero, la labor es lo que compartimos con cualquier ser vivo: el ciclo interminable de buscar para consumir y consumir para seguir buscando. Se come, se limpia, se cosecha, y el mañana no significa más que el volver a empezar; la labor no deja huella, se la traga el propio metabolismo de la vida, es entropía inapelable y fatal, la misma que se echan a la espalda tanto las hormigas como Sísifo. La labor nos tuvo pegados a la tierra durante milenios, pero no ha desaparecido, sólo se ha ocultado por la aparente abundancia. El trabajo, en cambio, fabrica un mundo para después: la mesa, el puente, el código civil, la catedral. Es la obra del homo faber, y su dignidad está en que dura más que quien la hizo. Porque no es un pedazo de madera de álamo curiosamente expuesto, es la mesa que hizo el abuelo en el viejo taller, que tantos callos y cortes le supuso, donde hoy comemos el pan, derramamos el vino y apoyamos los codos; es el puente por el que se despeñaron tantos obreros, y que hoy da regocijo a extranjeros profanos y tratantes del top manta; es nuestra Ley, y no una ley. El trabajo, en suma, es lo que ha permitido construir el techo bajo el que poder quejarnos. Por último, la acción es lo que hacemos entre personas, lo que nos eleva como animales diferentes, o nos lo permite, en un océano de realidad donde fondo y frente habitualmente se confunden: hablar de algo, persuadir sobre algo, fundar algo, comprometerse con algo. Incluye la política en su sentido noble, de manual, en todos sus aspectos, lo insondable o lo banal, en forma de asociación de vecinos, de agrupación de padres histéricos, de cuadrilla que (mal)organiza las fiestas y de junta de cooperativa. Cada vez que nace una nueva persona se restablece el reloj y se abre toda una nueva colección de posibilidades de acción, por eso lo malo, y lo bueno, no duran, no pueden durar, más que un suspiro. La labor está hecha para sobrevivir, el trabajo para perdurar, la acción para aspirar.

La distinción parece escolástica, puede ser un tanto trasnochada, pero en la confusión de estos términos está la raíz de nuestro extravío. Porque lo que llamamos empleo asalariado es un invento más o menos reciente que empaquetó las tres actividades en un solo producto convenientemente rentable y moderno, como los CDOs. Nacido y crecido sobre las cenizas del artesanado, el empleo moderno vive de la necesidad de llevar el pan a la mesa tanto como lo hacía hace 200 años, pero no distribuye ya sólo renta. Distribuye estatus, tiempo, estructurando el día, la semana, el año y la vida entera, de las prácticas, para unos, a la jubilación anticipada, para otros, distribuye red social. Y distribuye, o pretende distribuir, sentido: la respuesta a la pregunta de para qué se levanta uno por las mañanas.

III. En busca del sentido perdido: el siglo en que el trabajo servía lo prometido

La preocupación sobre hasta dónde llega hoy el asalto del trabajo ha intrigado durante años a personas infinitamente más originales e inteligentes que quien escribe: obsesionó a sociólogos, historiadores, revolucionarios de cartón-piedra, ideólogos y organizadores de hombres-masa que pusieron el debate del derecho y del revés hasta llegar a ninguna conclusión. Lo estudiaron Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld y Hans Zeisel en los años treinta, examinando a los parados de Marienthal, un pueblo austriaco donde cerró la fábrica que vertebraba el pulso de la comunidad. Lo que encontró no fue sólo pobreza sobrevenida: fue gente que dejó de saber qué hora era, aunque las manecillas siguieran coronando la torre de la estación. Sin empleo se desplomaron el pulso del día, el contacto con los otros, la sensación de participar en algo colectivo. La inacción no les quitó sólo el jornal; les quitó la estructura.

Conviene retener esta imagen, porque toda la discusión contemporánea sobre el futuro del trabajo se reduce a una pregunta en este ámbito: si el empleo es un paquete que junta renta, estatus, tiempo, comunidad y sentido, ¿qué pasa cuando el paquete se rompe? ¿Y quién dijo que esas cinco cosas tuvieran que venir juntas?

Hubo, sin embargo, y volviendo a la redefinición del trabajo previamente expuesta, un paréntesis dorado en que el acuerdo funcionó en su plenitud. Aproximadamente entre 1945 y los ochenta, en el Occidente industrial, el empleo cumplió lo que prometía. El trato era claro y se cumplía: lealtad y esfuerzo a cambio de seguridad y progreso. Se entraba de aprendiz y se salía de encargado; el salario de uno mantenía una casa; cada año se vivía un poco mejor que el anterior, y los hijos, todos lo daban por hecho, vivirían mejor que los padres.

España tardó en salir de ese pozo nunca seco del todo más que sus vecinos, pero lo hizo. Con que algo quedara sin afanar, la acumulación hizo su papel, donde algo se construyó hubo algo que mantener, y eso puso en marcha cambios casi irresistibles. La industrialización llegó tarde, y a pocas comarcas; el grueso del país saltó casi directamente del secano a los servicios con cita previa. Pero se impuso cierta prosperidad, los incentivos se dieron la vuelta, el esfuerzo y el trabajo permitieron dejar algo para que los siguientes erigieran y acumularan a su vez sobre ello, todos alrededor subían con la marea.

Mis abuelos, abuelos de España, son un caso común e ilustrativo. Con estudios mínimos, si bien una educación excelente, trabajaron durante décadas en lo que hubo, y con eso se sacaron adelante a sí mismos y a los suyos: casa en propiedad, coche en el garaje, vacaciones en el pueblo, del que nunca se fueron del todo, hijos encaminados a una vida largamente prometida. No eran héroes ni santos, tratarlos como tal es un insulto a sus sacrificios: eran gente normal en un sistema donde el esfuerzo tenía una rentabilidad visible. Trabajaron a espuertas, hasta la extenuación sí, pero no por virtud teologal, sino porque todo estaba por construir, y construir salía a cuenta. La famosa «cultura del esfuerzo» que ahora se invoca como si de un valor eterno se tratara fue, sobre todo, una estructura de incentivos históricamente contingente que funcionaba. Levantar un sentido alrededor del trabajo tenía sentido, perdónenme el desatino, en un mundo en que el trabajo asalariado valía efectivamente lo que prodigaba.

Tan bien funcionaba que hasta los mejores zahoríes se equivocaron por exceso de optimismo. Keynes predijo en 1930, y sin ánimo de duda, que sus nietos, gracias al crecimiento de la productividad, trabajarían no más de quince horas semanales. Acertó de pleno en la productividad —se multiplicó más de lo que él pudiera haber imaginado— y falló estrepitosamente en todo lo demás. ¿Por qué, si tan listo era? Porque acertó en la variable económica y falló en la humana: no previó que el trabajo dejaría de ser un medio para convertirse en un fin. A mitad del siglo XX, la gallardía y orgullo del trabajador, del empleado, empezaron a hacerse ver. No era un equilibrio estable.

IV. La grieta

El paréntesis dorado se cerró, más rápido de lo que había surgido —siempre es más fácil romper que crear—, y conviene precisar cómo. No se cerró porque las nuevas generaciones se echaran a perder, la explicación por excelencia de quien no pretende explicar nada. Se cerró porque se rompieron, una a una, las condiciones que lo sostenían y hacían posible.

Y es que el trabajo es incómodo para el que lo hace, pero especialmente para quien ha de pagarlo. Creció porque era ineludible. Pero pronto se transformó en una amenaza. El modelo fordista, paternalista y reminiscente a la comunidad local sirvió de sucedáneo durante un tiempo, si bien no lo suficiente para bajar un suflé que se negaba a retroceder. Los abonados a la Escuela de Frankfurt fueron los primeros sorprendidos, ofuscados por el avance de una clase trabajadora que no les pedía ya liderazgo ni dependía de sus frescas ideas para conseguir que se pagaran las horas extra. Mientras los obreros del Este se veían abocados a seguir agachando el lomo para un nuevo patrón igual de cruel pero más consciente, los obreros del Oeste pedían cosas, y las obtenían. Mientras los trabajadores de Praga y los estudiantes de París recibían palos, los aburguesados de Boulogne-Billancourt se llevaban un incremento del 35% en los salarios mínimos, y un 10% en los salarios reales.

Por tanto, cabía inventar nuevos objetivos para que el trabajador no se contentara con llenar la nevera, poner un techo a su familia y tener por fin una voz. Había que explotar el estatus y la distinción, que tantos frutos había dado siempre. El empleo se transformó progresivamente en el gran torneo de estatus de las sociedades ricas, y de un torneo posicional nadie puede bajarse unilateralmente. El salario y las condiciones perdieron poder, en favor de una mesa bien situada, una palmada en la espalda o una promesa de felicidad.

La conclusión de esta competición a ninguna parte es que la rentabilidad del trabajo lleva décadas de caída libre. Aquí está el nudo gordiano que afronta el joven trabajador español. Este hace las cuentas que hacía el Lazarillo: ¿qué me supone esforzarme? Y las cuentas salen a deber. El empleo al que accede es más precario que el de su padre. El salario compra menos calidad de vida que años ha. La casa en propiedad, que fue la materialización física del progreso familiar, queda fuera de su alcance —excepto en Rascatruchas de Abajo, donde los afables buscadores de soluciones aseguran que se pueden encontrar viviendas perfectamente válidas a precios asequibles, aunque a veces vengan sin tejado, y siempre sin un trabajo a 200 km a la redonda—. Le dicen que se queje más, pero cuando lo hace le dicen que se calme, que está exagerando. Los sindicatos ya no están interesados en su vigor juvenil, demografía manda, y de las prejubilaciones en banca se puede sacar mayor tajada. Por último, de cada euro adicional que produce, una parte creciente se va a sostener un sistema de transferencias que fluye mayoritariamente en una misma dirección, como el alquiler que paga o los intereses de deuda pública que ayuda a sufragar. Trabajar más para otros no es un proyecto vital: es una penitencia. Y las penitencias, sin fe, no las cumple nadie.

Se trabaja cuando los incentivos están alineados; cuando no lo están, se encuentran otras maneras de sobrevivir. El joven que trabaja lo justo, encadena trabajitos, opta por la oposición-refugio o le dedica al empleo exactamente el entusiasmo que el empleo le dedica a él no es un degenerado moral, o un hombre débil que crea tiempos débiles: es el nieto del pícaro y el nieto de los abuelos españoles a la vez. Del primero heredó la lucidez sobre la realidad corriente y moliente; de los segundos, el recuerdo y la frustración de que todo esto funcionó una vez. Si el sistema actual ya no permite que el trabajo compre lo que solía, por qué enfadarse con quien decide administrar su esfuerzo.

Muchos participaron y favorecieron esta evolución por intereses espurios, dejadez intelectual y falta de coraje. La idea de que el trabajo debe ser la fuente principal del sentido de la vida —la pasión, la familia corporativa, el proyecto que te realiza— no baja del Sinaí: sale de los departamentos de propaganda, de la psicología empresarial de mediados del siglo XX y encuentra muchos idiotas dúctiles dispuestos a apuntarse a la última moda intelectual. Edward Bernays enseñó a las empresas que no vendían productos sino identidades, y la escuela de las relaciones humanas de Elton Mayo descubrió que el obrero rendía más si creía que la fábrica era su hogar espiritual. De ahí a las mesas de ping pong en la oficina hay una línea recta. Fue una operación de marketing extraordinariamente exitosa: consiguió que millones de personas le pidieran al empleo lo que antes se pedía a la religión, a la comunidad o a la familia. Y lo que se le pide a algo que no puede darlo, se acaba cobrando en decepción.

No sólo a las empresas les encantó este desarrollo inesperado, no es mi ánimo comprar el marco mental de la rive gauche, el Estado no pudo aguantar ser ajeno a esta merienda de negros, como diría Evelyn Waugh. A caballo de la prosperidad y jugando con las insatisfacciones crecientes de un proletariado venido arriba, manufacturó progresivamente un Estado social digno de tal nombre —sanidad universal, pensiones, seguro de desempleo—, que perpetuara y ampliara el campo de batalla de los intereses y las necesidades, propiciando su ensanchamiento inevitable y secando despacio el arroyo del que bebía. Cuanto más lo secara, más necesario se haría. Quiso la suerte, además, que el auge de la esfera social y la caída de la sociedad del trabajo fueran cruelmente coincidentes: el primero alcanzó su mejor ritmo en los años de reconversión, cuando se desmontaban los astilleros y los altos hornos. Extendimos la red de seguridad en el mismo momento en que se descosía el tejido productivo que debía sostenerla y que la hacía menos necesaria al mismo tiempo. Si había opciones de elegir qué Estado social se quería, la caída del trabajo de su indiscutible pedestal acabó con estas opciones.

V. La posibilidad de una isla

Sobre esta ruptura han surgido, no obstante, dos novedades históricas recientes que casi nadie está leyendo bien. Ambas podrían favorecer el retorno del trabajo a su lugar, el partido aún se puede ganar en el minuto 106.

La primera es demográfica, y es sencillamente el reto más importante del siglo. Si bien este tema se explorará en profundidad en otra entrada, cabe dar algunas pinceladas al respecto. No ha sido habitual a lo largo de la historia europea que escasearan de verdad las manos para labrar, más bien al contrario. Cuando lo han hecho, como ocasionalmente después de que pestes, guerras y hambrunas se llevaran consigo medio continente, las consecuencias fueron inmediatas: salarios relativos repentinamente fluctuantes, movilidad, y dificultades de las autoridades públicas y privadas para volver al status quo previo. Cuando el trabajo escasea, el poder cambia de manos, por mucho estatuto que se promulgue. La Europa actual, y España con especial intensidad, está entrando en la primera escasez de trabajadores pacífica de la historia. No la ha traído ninguna plaga, sino la aritmética de las cunas vacías. Aunque algunos de sus efectos serán probablemente nefastos, no cabe la menor duda de que se abrirán oportunidades para quien quiera aprehenderlas. La tentación de llenar este vacío trasplantando Quito en La Sagra no debe desanimar a los lectores. Una vez más, pocas cosas están determinadas, y la mayoría ni siquiera podemos verlas.

La segunda novedad es la irrupción, sobre este paisaje agrietado, de la inteligencia artificial, y con ella la tentación de los dos apocalipsis de siempre: el de los que anuncian el fin del trabajo y el de los que anuncian que todo seguirá igual. Propongo una lectura distinta, para la cual las categorías de Arendt vuelven a ser útiles. Lo que la IA automatiza no es «el trabajo». Es, sobre todo, la labor —incluida una labor que no habíamos identificado como tal porque se hacía con corbata—: redactar el informe que nadie lee, consolidar la hoja de cálculo que alimenta otra hoja de cálculo, y así hasta la singularidad, contestar el correo desde la sala de espera de maternidad. Buena parte del empleo administrativo moderno es metabolismo puro, ciclo que se consume a sí mismo sin dejar obra. Durante décadas hemos llamado a eso «trabajo cualificado» porque exigía título, y lo hemos pagado como tal. La IA está a punto de revelar cuánto de ello era labor disfrazada. Y aquí está mi optimismo, que no es el de los vendedores de humo. La IA puede destrozar la ilusión de muchos empleos que en realidad no producían nada, y ese sinceramiento, doloroso como todos, permitiría un renacimiento: reordenar las prioridades —y los salarios, y el prestigio— a favor de quienes sí producen, sí cuidan, sí construyen y sí se esfuerzan por progresar, y mejorar la sociedad por el camino. Que el mercado laboral vuelva a decir la verdad sería la mejor noticia en años.

Soy consciente de que es un optimismo condicional, y la condición es dura. Heidegger advirtió que el peligro de la técnica moderna no son las máquinas, sino la mirada que instala: todo —el río, el bosque, y finalmente el hombre— comparece como existencia disponible, como recurso a optimizar. Si la IA se despliega bajo esa mirada, ya sabemos el resultado, porque lo hemos visto: las ganancias de productividad de las últimas décadas no fueron a las nóminas de los trabajadores que las generaron. Si la IA multiplica la productividad de las nuevas generaciones sin redundar en mejores condiciones, en casas asequibles, en carreras con porvenir —si vuelve a evaporarse hacia los márgenes y las rentas ya consolidadas—, entonces, francamente, ¿qué sentido tiene? Habremos construido la herramienta más poderosa de la historia para que la generación mejor formada de la historia siga sin poder emanciparse. La tecnología no tiene la culpa: la técnica revela lo que la sociedad ya decidió mirar. Cambiar su papel es una decisión política, no un parche de software.

Y queda la advertencia más profunda, que también es de Arendt y de 1958, cuando (casi) nadie hablaba de algoritmos: lo peor que podría pasarle a una sociedad de trabajadores, escribió, es quedarse sin trabajo justo cuando ya no recuerda que existan actividades superiores por las cuales valdría la pena ganar esa libertad. Una sociedad que le ha pedido al empleo el sentido, la comunidad y la identidad, y que de pronto ve al empleo retirarse, no queda liberada: queda vacía. Ese es el riesgo real: el vacío.

Este artículo ha sido escrito por Malraux. Si tienes una propuesta de artículo, envíanosla a redaccion@revista1812.com.

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Notas

1. Hannah Arendt, La condición humana (1958). La distinción labor/trabajo/acción ocupa los capítulos centrales; la advertencia sobre «una sociedad de trabajadores sin trabajo» aparece en el prólogo.

2. Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld y Hans Zeisel, Los parados de Marienthal (1933).

3. John Maynard Keynes, Economic Possibilities for our Grandchildren (1930).

4. David Graeber, Bullshit Jobs (2018).

5. Martin Heidegger, «La pregunta por la técnica» (1953).

La riqueza no aparece porque un Estado la diseñe desde arriba ni porque un mercado abstracto la reparta por sí solo. Aparece cuando una sociedad puede probar ideas, descartar las que no funcionan y ampliar las que sí. La economía es, en ese sentido, un sistema complejo: tecnologías, instituciones y empresas compiten, cooperan y evolucionan. La tarea del Estado no consiste en sustituir ese proceso, sino en asegurar las condiciones materiales, sociales y estratégicas para que pueda ocurrir en España.

Esas condiciones pueden resumirse en cuatro pilares: energía barata y abundante, conocimiento, proximidad productiva y soberanía. Los tres primeros son los cimientos; la soberanía es el tejado que protege la construcción.

La energía barata es la base sobre la que se tiene que erigir la nueva España. Sin acceso a fuentes de energía baratas es imposible llevar a cabo ningún tipo de política económica. Sin energía barata no hay industria, sin energía barata no hay construcción, sin energía barata hay menos dinero en manos de los ciudadanos. España es uno de los países con mayor implantación de las energías renovables —en 2025 representaron el 55,5% del mix eléctrico y el país alcanzó 142,5 GW de potencia instalada, según Red Eléctrica— debido a decisiones políticas que, de manera acertada, permiten hacer uso de los recursos de los que disponemos. Hay que destacar que, en algunos casos, esto se ha producido de manera excesivamente temprana, lo que nos da unas infraestructuras antiguas y elevados costes.

España debería tener unos costes inferiores, pero esto ha quedado condicionado por la política energética y el oligopolio eléctrico, que mueve los costes a los ciudadanos a través de impuestos y cargos. La abundancia de potencia instalada no se traduce por sí sola en precios bajos y estables: la red, el almacenamiento, las interconexiones y el coste de los servicios de ajuste determinan si esa energía llega realmente a hogares e industria. A esto hay que añadir que la gestión energética se ha convertido, como todo, en un caballo de batalla ideológico que condiciona las decisiones que se toman y tiene efectos como el apagón sufrido en abril de 2025. El informe oficial lo atribuyó a un fenómeno de sobretensión y a una pérdida de generación en cascada que el sistema no logró controlar, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Esto reabrió el debate sobre cómo integrar la generación renovable y por qué, pese a contar con una capacidad instalada mayor, esta no siempre se está empleando.

La evolución económica ha puesto en el centro diferentes elementos según lo que se ha necesitado en cada momento histórico. Mano de obra posterior a la Segunda Guerra Mundial, acceso al capital posteriormente, capacidad industrial posteriormente; pero, siempre, lo que ha estado detrás como una constante es el conocimiento. En el momento en el que nos encontramos de la historia estamos viendo cómo elementos que atribuimos al conocimiento, como la capacidad de generar software, se están convirtiendo lentamente en una commodity con la IA. Este proceso está en sus primeras etapas pues según Menlo Ventures, de los 1.800 millones de personas que hoy usan alguna herramienta de IA en el mundo, sólo el 3% (54 millones) paga por ella, lo que apenas representa un 0,7% de la población mundial.

Esto permitirá un desarrollo económico, así como cambios en la configuración de los países, sus sistemas fiscales, del bienestar e incluso sociales, similares a los de la revolución industrial; si entonces lo que se automatizó fue el trabajo manual, la revolución de la IA automatizará los trabajos nacidos a raíz de la profesionalización del trabajo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este cambio de paradigma, donde la manualidad en ciertos sectores va a verse reducida, no puede permitirse que suceda mientras España se encuentra bajo la tormenta perfecta: alta deuda, altos costes recurrentes en su estado del bienestar y una población que envejece y, además, se incrementa artificialmente sin producir un beneficio.

El envejecimiento tiene consecuencias concretas: el incremento del número de pensionistas y de la pensión media aumenta el gasto en pensiones, mientras que una población más envejecida eleva también el coste sanitario y de los cuidados. La AIReF estima que el gasto sanitario aumentará 1,4 puntos de PIB entre 2023 y 2050 y que el gasto en cuidados de larga duración aumentará otros 0,7 puntos. A esta presión de gasto se suma una presión fiscal creciente: la Comisión Europea señala que el peso de los impuestos sobre el trabajo en los ingresos tributarios españoles pasó del 48,7% en 2015-2019 al 51,8% en 2020-2024, y que los ingresos procedentes del trabajo explican el 90% del aumento de la presión fiscal de la última década. España necesita apostar por el conocimiento como el centro de su economía en lugar de, como hemos visto en la sección anterior, mantener una economía donde los sectores de bajo valor añadido o la importancia del sector público ocupen un espacio mayor del que deberían. España necesita entender que, para que exista un futuro, se debe hacer crecer la tarta a repartir o esta se acabará; y esto será únicamente posible si crecemos y, para ello, necesitamos usar lo que nos hace humanos: el cerebro.

La socialización parece referirse a algo que está alejado de lo que se podría esperar de un documento económico; es, sin embargo, un aspecto que debería tener más relevancia. El ser humano es un animal social que ha necesitado de la cooperación de otros para su desarrollo; esto no es algo que vaya a dejar de ser necesario por mucho que se automaticen procesos con la IA: la cooperación entre humanos es necesaria. Esta socialización podría también formularse como proximidad geográfica de aquellos agentes económicos con mayor capacidad productiva.

¿Qué hace falta para esto? Desde una política de vivienda que permita que aquellos que desean mudarse a Madrid, Barcelona, Málaga o La Coruña —o cualquier otro foco de actividad económica— puedan hacerlo, pues existe una pérdida de proactividad y desarrollo económico de aquellos que, queriendo, no pueden desplazarse por culpa de la ausencia de vivienda, hasta una política que permita fácilmente la formación de empresas y su crecimiento, un sistema que permita la aparición de agentes con capital para prestar y que este se pueda reinvertir; en definitiva, un ecosistema virtuoso que se refuerza a sí mismo. Al contrario de lo que aquellos que sólo enuncian el mercado como solución piensan, es necesario que exista un marco jurídico que permita que los nodos caóticos actúen y se pongan en contacto para expandirse.

La soberanía es el último punto y, quizás, el más importante. Actúa más que como un cuarto pilar, como un tejado que da cobertura a la construcción, pues ejerce de protección ante lo que viene de fuera. Un país que no dispone de fuentes de energía propias está abocado a depender de los precios y de los suministros de terceros y que, como se ha visto en estos últimos cuatro años, en muchos casos depende de países inestables. Un país que no participa en ningún punto de la cadena de valor o únicamente en los últimos pasos, donde no se crea valor, es decir, alejado del conocimiento, estará a merced de otros, como sucede con la energía.

El ejemplo más palpable lo hemos visto durante junio de 2026 con el bloqueo temporal a los últimos modelos de Anthropic, Fable y Mythos, por parte del Gobierno estadounidense. La orden de control de exportaciones obligó a restringir el acceso a extranjeros y, al no poder comprobar la nacionalidad de los usuarios en tiempo real, Anthropic suspendió el acceso para todos sus clientes. La medida se levantó a finales de junio, pero el precedente permanece: como explicó la propia Anthropic, quien controla la infraestructura, los modelos y la regulación tiene la última palabra. Esto podría resumirse en not your soil, not your AI.

La soberanía es también que aquellos que socialicen sean personas de tu propio país y que esto tenga lugar en tu país, pues el objetivo tiene que ser generar una actividad unida al territorio y no volver a una economía nómada.

La soberanía debe estar embebida en todas las decisiones del país, desde la economía hasta la alimentación. En un mundo donde parece que la cooperación internacional y las alianzas están en retroceso o son dudosas, los países tienen que ser capaces de, en la medida de sus posibilidades, satisfacer sus necesidades económicas, así como las de protección.

Este análisis puede ser una base para el desarrollo de algo mayor como es un cambio de cómo enfocamos el modelo económico español y que debería tener una traducción hacia medidas concretas como por ejemplo:

• Energía: bajar la carga fiscal y regulatoria que separa el precio mayorista (de los más baratos de la UE) del precio final (entre los más caros), y desplegar almacenamiento para no repetir el apagón.

• Conocimiento: elevar la inversión en I+D hacia la media europea y situar el talento y la tecnología en el centro del modelo productivo, no los servicios de bajo valor añadido.

• Talento: recuperar el talento español fuera del país con condiciones fiscales y salariales competitivas, revirtiendo la fuga de cerebros que hoy nutre a otras economías.

• Vivienda y aglomeración: liberalizar suelo y agilizar licencias en los polos de mayor productividad para que quien quiera mudarse a ellos pueda hacerlo.

• Empresas: simplificar la creación y el crecimiento de compañías, y desarrollar capital nacional que las financie.

• Soberanía: reducir la dependencia energética y tecnológica de terceros países, con capacidad propia (o europea) en infraestructura crítica y de IA.

Algunas existen en programas políticos que no son más que buenas intenciones, parte de un eslógan sin contenido; tenemos que pedir más, hay que querer más porque merecemos más como país.

Este artículo ha sido escrito por Carlos Collarte. Si tienes una propuesta de artículo, envíanosla a redaccion@revista1812.com.

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Como ya explicamos en este estudio, el arraigo constituye, a día de hoy, una de las principales debilidades del sistema migratorio español. Concebido originalmente como un mecanismo excepcional para regularizar a un número reducido de personas en situación irregular que pudieran acreditar un vínculo real y sólido con España, ha terminado convirtiéndose en una de las principales vías de acceso a la residencia en nuestro país.

El número de personas que acceden a este tipo de autorización se ha incrementado notablemente en los últimos años, impulsado en gran medida por el crecimiento de una modalidad concreta: el arraigo familiar. Esta figura presenta dos ventajas significativas frente al resto de tipos de arraigo. En primer lugar, no exige un período mínimo de permanencia irregular en España, por lo que puede solicitarse prácticamente desde la llegada al país. En segundo lugar, su duración es superior: mientras que las demás autorizaciones por arraigo tienen una vigencia máxima de dos años, el arraigo familiar se concede por cinco.

En su configuración original, el Reglamento de Extranjería limitaba el acceso al arraigo familiar a dos supuestos muy concretos:

• Cuando se trate de padre o madre de un menor de nacionalidad española, siempre que el progenitor solicitante tenga a cargo al menor y conviva con éste o esté al corriente de las obligaciones paternofiliales respecto al mismo.

• Cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles.

Se trata de situaciones relativamente poco frecuentes, lo que se reflejaba en los datos: hasta finales de 2021, el número de personas con arraigo familiar no superaba las 20.000 y representaba menos del 30% del total de autorizaciones por arraigo.

Este equilibrio se altera con la reforma del Reglamento de Extranjería aprobada en 2022 por el Gobierno de Pedro Sánchez. A los supuestos anteriores se añadió uno nuevo:

• Ser cónyuge o pareja de hecho acreditada de un ciudadano español, así como ascendiente mayor de 65 años (o menor a cargo) o descendiente menor de 21 años (o mayor a cargo) de un ciudadano español o de su cónyuge o pareja.

A partir de ese momento, el número de autorizaciones por arraigo familiar experimenta un crecimiento muy significativo, superando las 100.000 personas a finales de 2023 hasta llegar al más de un cuarto de millón de hoy en día. De este modo, el arraigo familiar se ha consolidado, con notable diferencia respecto al segundo tipo, como la modalidad de arraigo más habitual: el 59% del total de autorizaciones por arraigo corresponde a esta categoría.

Otra de las particularidades del boom en el número de autorizaciones de arraigo familiar es el perfil de quienes lo protagonizan: las personas de 65 o más años, como bien han identificado otros medios. En los últimos tres años —desde abril de 2023 hasta abril de 2026— el número de mayores acogidos al arraigo familiar ha pasado de 3.943 a 42.105, un incremento de casi un 1.000%. Aunque por tramos de edad siguen sin ser el grupo mayoritario, se han convertido en el tercero más numeroso. Una realidad que tiene su reflejo en la afiliación a la Seguridad Social: apenas la mitad de los titulares de arraigo familiar cotizan al sistema.

A simple vista, cuesta creer que una mera ampliación de supuestos explique por sí sola un incremento tan descomunal. Además, los nuevos supuestos tampoco deberían ser demasiado frecuentes: ¿cuántos nacionales españoles están casados con personas en situación irregular, o con ascendientes o descendientes a cargo? La pregunta es inevitable: ¿qué ha pasado realmente aquí? ¿Se ha abierto la puerta a un uso fraudulento del arraigo familiar, especialmente a través de matrimonios o parejas de conveniencia?

Los datos oficiales del Observatorio Permanente de la Inmigración no permiten responder con precisión, ya que no desglosan los permisos según el tipo de vínculo. Sin embargo, la realidad que reflejan distintos casos conocidos apunta en una dirección clara: investigaciones policiales, redes organizadas y detenciones vinculadas a matrimonios y parejas de hecho simuladas para obtener la residencia.

Con este contexto, resulta difícil no relacionar ese crecimiento con el cambio normativo introducido en 2022. Y más aún cuando el propio Gobierno, apenas dos años después, da marcha atrás. En la reforma del Reglamento de Extranjería de 2024 se elimina precisamente la vía que, suponemos, había abierto la puerta al fraude: el acceso al arraigo familiar por matrimonio, pareja de hecho o familiares a cargo. La figura vuelve así a sus supuestos más restringidos.

El efecto no se ha hecho esperar. Por primera vez desde 2020, el peso del arraigo familiar dentro del total de autorizaciones por arraigo ha empezado a caer, y el crecimiento del número de personas con este tipo de permiso se ha desacelerado considerablemente.

La cuestión, por tanto, es evidente: si el problema no existía, ¿por qué se corrige? Y si se corrige, ¿no implica reconocer —aunque sea de forma implícita— que la reforma de 2022 generó un incentivo claro al abuso? En ese caso, la rectificación llega, pero lo hace después de que el sistema haya permitido durante años un uso difícil de justificar en los términos en los que fue concebido.

Como hemos visto, todo apunta a que el Gobierno terminó reconociendo —aunque fuera de forma implícita— el margen de fraude que había abierto el arraigo familiar en su configuración anterior, y decidió dar marcha atrás. Pero eso no significa que el problema haya desaparecido ni que el sistema haya quedado blindado.

De hecho, la reforma del Reglamento de Extranjería del 2024 introdujo un cambio que merece, como mínimo, una vigilancia estrecha. Se elimina el arraigo laboral, que exigía acreditar una relación laboral previa real, y se sustituye por una nueva figura: el arraigo sociolaboral. A diferencia del anterior, ya no es necesario demostrar que se ha trabajado, sino simplemente presentar un contrato de trabajo a futuro.

El resultado es llamativo: en apenas ocho meses, casi 20.000 personas se han acogido a esta nueva modalidad, una cifra muy superior a la que tenía el antiguo arraigo laboral.

La pregunta es inevitable: ¿se está abriendo aquí una nueva vía potencial de abuso? Si el requisito clave pasa a ser un contrato futuro —y no una relación laboral ya existente—, el riesgo de que surjan prácticas fraudulentas, como la firma de contratos ficticios, no es menor.

Y no sería la primera vez. Estas dinámicas ya se han visto antes: en mayo de 2025, la Policía Nacional destapó en Huesca una trama que vendía contratos laborales y facilitaba documentos falsos para obtener permisos de residencia y trabajo, por poner un ejemplo.

Tanto el Partido Popular como Vox han propuesto reformar la institución del arraigo. Los primeros abogan por «recuperar el carácter excepcional del arraigo»; los segundos, por la «supresión de la institución del arraigo» directamente. Es aquí donde, en unas potenciales negociaciones entre ambos partidos de cara a un acuerdo de coalición, merecería la pena que Vox se plantara. En el resto de Europa —cosa que le importa mucho a Feijóo, que siempre pregunta qué se hace en el resto del continente antes de tomar ninguna medida— el arraigo no existe o sus condiciones son tan estrictas que su uso es meramente testimonial.

Aunque se endurezcan las condiciones, el arraigo siempre va a estar abierto al fraude y a la explotación: ya hay una presencia extranjera regular tan fuerte en España que, si a un latinoamericano le da por venir y necesita el arraigo, siempre va a haber un conocido aquí dispuesto a hacerle un contrato o a casarse con él por conveniencia. Y siempre va a suponer un efecto llamada brutal: sin control en fronteras, sin expulsión real y con la posibilidad de regularizarse a los dos años —o de forma inmediata en el caso del arraigo familiar—, media Latinoamérica va a querer venir a España. Si el día 1 de un Gobierno PP-Vox no se aborda algo tan básico y esencial como la derogación del arraigo, será un pésimo augurio para los años que vienen.

Este artículo ha sido escrito por food guy. Si tienes una propuesta de artículo, envíanosla a redaccion@revista1812.com.

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Creo que nadie en este lado del espectro político español estará en desacuerdo conmigo si afirmo que el actual modelo migratorio español es totalmente disfuncional. Basta mirar cómo han cambiado ciudades como Madrid o Barcelona en apenas unos años para comprender que, si nada se hace, este sistema acabará por destruir España. Ya, desgraciadamente, la ha cambiado irremediablemente.

Pero, aunque nos parezca que no hay que entender mucho más allá del «todos fuera», es imperativo saber cómo está ocurriendo esta invasión para poder proponer soluciones racionales a la misma. A todos nos gustaría una solución a la Trump en España, pero la realidad es que, por ahora, el complejo legal-burocrático español y europeo limita el margen de maniobra de un futuro gobierno de derechas. Por eso, me gustaría hacer un análisis del marco legal y político que rige el sistema migratorio, entender su disfuncionalidad, y proponer soluciones racionales para acabar con el problema, además de dar pinceladas de cómo podrían lograrse objetivos más ambiciosos como la remigración.

A lo largo de este texto he procurado, con deliberado esfuerzo, evitar los lugares comunes: no diré que los inmigrantes saturan los servicios públicos o que la inmigración masiva latinoamericana, aunque sea un alivio temporal, supone a largo plazo un lastre mortal para el sistema de pensiones. Son verdades que ya conocéis. Lo que sigue, en la medida de lo posible, es un análisis estrictamente legal y jurídico del modelo migratorio español, despojado de consignas y centrado en la raíz del problema.

Inmigración puramente ilegal

La inmigración puramente ilegal —es decir, la que cruza las fronteras de nuestro país de manera ilegal— es donde se centra toda la atención mediática y política, tanto por los orígenes de la misma como por la percibida violencia de los recién llegados.

En términos de números, en 2025 36.775 inmigrantes llegaron a nuestro país por la vía ilegal, según el Ministerio del Interior. Este dato ya supuso una bajada de un 42,6% con respecto a 2024. En 2026, la inmigración ilegal ha disminuido aún más: desde el 1 de enero hasta el 15 de julio de 2026, han entrado en España 14.479 personas de manera ilegal, lo cual supone un 24,7% menos de llegadas que durante el mismo periodo del año anterior.

No quiero decir con esto que no sea un problema. Evidentemente lo es, sobre todo cuando se pagan cantidades monstruosas de dinero (¿va a investigar algún periodista o político quiénes son los empresarios siniestros que se están lucrando?) por alojarles en hoteles de lujo desde los que luego delinquen. Pero es un problema un orden de magnitud menor que el que tenemos en Barajas.

Además, es precisamente este tipo de inmigración el que resultaría más difícil de solucionar para un futuro gobierno de derechas. Contrario a lo que muchos podrían pensar, aunque los inmigrantes que llegan en patera a Canarias lo hacen sin ningún tipo de documentación, en casi todos los casos se logra determinar su país de origen gracias al trabajo del cuerpo de intérpretes de la Policía Nacional. El principal obstáculo para los gobiernos radica en lograr que los países de origen acepten la repatriación de sus nacionales. En la mayoría de los casos, las embajadas se niegan a reconocer a sus ciudadanos, y cuando lo hacen, suele ser a cambio de compensaciones económicas u otros incentivos. Incluso en esos casos, un número significativo de inmigrantes, ya con documentación emitida por sus embajadas, son rechazados en la frontera por los funcionarios de sus países.

La presión diplomática sobre los países de origen ha resultado poco efectiva. España ha firmado tratados bilaterales con casi todos estos países, que en teoría les obligan a aceptar la repatriación de sus nacionales, pero en la práctica son papel mojado, ya que dichos países los incumplen sistemáticamente. Un caso particularmente flagrante es el de Marruecos, que acepta la repatriación de adultos, pero se niega categóricamente a recibir a los menores. Esto genera situaciones como el vaciamiento de los centros de MENAs en Ceuta y Melilla durante Eid al-Fitr y Eid al-Adha, ya que los menores marroquíes regresan a sus casas para celebrar estas festividades.

Evidentemente existe también un componente político: Sánchez ha preferido emplear su «capital diplomático» en asuntos distintos a lograr que los países de origen acepten la repatriación de sus nacionales. Y claro, está también el asunto menor de que está a la merced de los chantajes de Marruecos por lo que deben de saber de su vida personal. Como muestra de esta menor voluntad política para abordar seriamente el problema de las repatriaciones, basta con observar los datos oficiales: en 2018 se ejecutaron 7.203 devoluciones y 4.181 expulsiones, mientras que en 2023 —último año con cifras disponibles— esos números cayeron a 586 y 3.091, respectivamente.

¿Qué hacen los inmigrantes «puramente» ilegales cuando cruzan la frontera y son detectados por las autoridades españolas? Por lo general, pedir el asilo. En el caso de aquellos provenientes de países como Mali, República Centroafricana y Burkina Faso (¡gloria al Mariscal Traoré!), sus peticiones de asilo son aceptadas casi siempre, y se les concede o el asilo o la protección subsidiaria.1

En el caso de quienes provienen de países como Marruecos o Senegal, sus solicitudes de asilo son casi siempre denegadas. Sin embargo, como el sistema de asilo estaba y está colapsado —la mayoría de resoluciones tardan más de dos años—, hasta hace poco podían acogerse al arraigo y así obtener la residencia legal. Esto era posible porque el tiempo de estancia en España como solicitante de asilo contaba para el cómputo del arraigo. Pero, a partir de la reforma del reglamento que entró en vigor en mayo de 2025, ese período ya no computa. Veremos a ver si esto da fruto y se reduce el número de peticiones de protección internacional presentadas —casi 150.000 el año pasado— pero sospecho que no, porque sigue habiendo un incentivo fuerte a solicitarlo: mientras la solicitud está en trámite, el solicitante no puede ser expulsado del país. Entretanto, están en centros de acogida gestionados por los numerosos organismos que se lucran con esta industria —Cruz Roja, CEAR, Accem…—, de los que se pueden escapar en cualquier momento y dirigirse, por ejemplo, a otros países europeos para solicitar asilo allí. En definitiva, son una minoría los que, tras cruzar ilegalmente la frontera, son efectivamente devueltos.

En última instancia, el problema de la inmigración estrictamente ilegal es, ante todo, un problema de gestión. Es cierto que existen reformas legislativas pendientes —como la del sistema de asilo— que deberían concretarse este año con la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Sin embargo, quien pretenda convencerles de que la solución pasa simplemente por firmar acuerdos bilaterales con países africanos como Mauritania se equivoca: tales convenios ya existen desde hace tiempo. Y, aunque son útiles, se convierten en papel mojado si España no logra hacerse respetar por sus contrapartes y, sobre todo, si no permite actuar con eficacia a sus propias autoridades.

El problema radica, en buena medida, en la falta de voluntad política. Un gobierno que, por motivos que se nos escapan, se comporta como una marioneta de Marruecos, difícilmente adoptará una postura firme. La experiencia demuestra, sin embargo, que cuando el asunto se ha abordado con seriedad —cuando se ha confiado la gestión a personas competentes y se ha evitado ceder ante las presiones de Marruecos—, el problema ha remitido de forma notable.

Por ello, el objetivo de cualquier futuro gobierno de derechas debería ser doble: primero, reducir el número de llegadas irregulares a un nivel manejable; y segundo, establecer un modus operandi eficaz con los países emisores de inmigración ilegal que permita devolver con agilidad a los pocos que logren alcanzar territorio español.

Inmigración de paso a ilegal

Como sabréis, la principal fuente de inmigración a nuestro país no es la que cruza la frontera de manera ilegal en Canarias, Ceuta o Melilla, sino la que llega a través de Barajas. ¿Pero cómo ocurre esto exactamente?

Lo primero que conviene recordar es que, gracias a acuerdos diplomáticos entre España y varios países hispanoamericanos, sus ciudadanos no necesitan visado para entrar como turistas. Al estar dentro de Schengen, esta es en realidad una política común de todo el espacio europeo, sostenida en buena medida por la presión de España en Bruselas para mantenerla. Un cambio de la postura española probablemente bastaría para exigir visados y reducir así la entrada de latinoamericanos. Pero claro, mejor no tocar nada, no vaya a ser que dejen de venir los venezolanos adinerados a dejarse la pasta en Gabana después de salir de sus clases del IE.

Y es que, aunque en teoría, la Policía Nacional puede denegar la entrada en frontera a quienes no acrediten tener alojamiento o medios económicos suficientes, en la práctica estas comprobaciones se realizan en un número muy reducido de casos, debido al elevado volumen de llegadas. A ello se suma que existen formas de eludir este control inicial, como viajar desde Hispanoamérica a otro país del espacio Schengen y, desde allí, entrar en España.

De esta manera, cientos de miles de personas entran a España de manera totalmente legal a través de nuestros aeropuertos. Al entrar como turistas, a los noventa días pasan a estar en situación irregular. Desde octubre de 2025, además, esto queda registrado con una precisión que antes no existía: el nuevo Sistema de Entrada y Salida europeo (EES) sustituye el sellado manual del pasaporte por un registro biométrico que calcula automáticamente cuántos días le quedan a cada viajero, de modo que, técnicamente, ya no hace falta esperar a que alguien vuelva a cruzar una frontera para saber que ha excedido su estancia: el dato existe en el sistema desde el mismo día en que se cumplen los noventa. El problema es que tener el dato no es lo mismo que usarlo: nada en el diseño del procedimiento obliga a las Oficinas de Extranjería a cruzar sistemáticamente las solicitudes de arraigo contra el EES, y de momento la Policía sólo interviene cuando un funcionario administrativo detecta alguna anomalía a ojo. Así que, superados los noventa días con o sin registro biométrico de por medio, la situación irregular sigue resolviéndose exactamente igual que siempre: entra en juego la figura legal más demencial de nuestro modelo migratorio, el arraigo.

El arraigo, que aparece por primera vez en Reglamento de Extranjería del 2004, es un mecanismo prácticamente único en Europa, ya que plantea la regularización de un inmigrante en situación irregular no como una medida excepcional y discrecional, sino como un procedimiento que, al cumplirse ciertos requisitos, conduce de forma automática a la obtención de la residencia legal. Entre esos requisitos se incluían aspectos como haber permanecido en situación irregular durante al menos tres años, así como acreditar vínculos familiares con residentes legales en España o demostrar una relación laboral mantenida en el tiempo.

En sus inicios, estos requisitos eran lo suficientemente exigentes como para que el tiempo medio en la irregularidad antes de la obtención del arraigo fuera de más de siete años, y como para que, de media, hubiera «apenas» 35.000 personas con permiso de residencia por arraigo en cualquier momento dado. En los últimos dos años del gobierno de Mariano Rajoy llegó incluso a estar por debajo de las 30.000 personas.

Sin embargo, a raíz de las sucesivas reformas del Reglamento de Extranjería impulsadas por los distintos gobiernos de Pedro Sánchez, los requisitos para acceder al arraigo se han flexibilizado considerablemente. Como resultado, el tiempo medio en situación irregular antes de obtener la residencia por esta vía ha pasado de más de siete años a poco más de dos, y el número de personas con permiso de residencia por arraigo a día de hoy supera holgadamente las 400.000 personas.

Entre los requisitos que se han relajado está el tiempo mínimo en la irregularidad antes de poder optar al arraigo, que ha pasado de tres a dos años —¡salvo en el caso del arraigo familiar, que no tiene tiempo de permanencia mínimo!—, y la creación de dos tipos nuevos de arraigo, entre ellos el socioformativo, que permite obtener el arraigo si uno está haciendo una FP, o incluso si uno está haciendo una formación de los Servicios Públicos de Empleo de España. El gobierno de Su Sanchidad también ha introducido el llamado «arraigo de segunda oportunidad», una figura pensada para que los inmigrantes que pierdan su permiso de residencia —por cualquier motivo que no sea la comisión de delitos, algo poco probable dadas las condiciones ya bastante permisivas de los actuales permisos, como veremos más adelante— puedan acogerse a este nuevo tipo de arraigo y continuar residiendo legalmente en el país. Es decir, si eres inmigrante en este país, es imposible perder, porque el PSOE ha decidido que todo el que entre en el país, sea de manera legal o ilegal, se quede. Una total y absoluta abdicación de la soberanía migratoria del Estado.

Salvo el arraigo familiar, que dura cinco años, los permisos de residencia por arraigo tienen una duración inicial de un año, prorrogable por otro más. Para prorrogar el arraigo socioformativo, sólo hace falta un informe del centro que confirme que el estudiante ha pasado al segundo curso, o estar buscando empleo en caso de ser un curso de un año. Para prorrogar los arraigos sociolaboral, social y de segunda oportunidad, es necesario estar en búsqueda activa de trabajo (pero ni siquiera trabajar). En vista de que nuestros hermanos espirituales vienen a levantar el país haciendo el trabajo que no queremos hacer los españoles, uno podría pensar que la mayoría cuentan con permisos de arraigo que al menos exigen estar buscando trabajo, ¿verdad? Pues no: el 74% de los inmigrantes con permiso por arraigo corresponden al arraigo familiar (59%) o al socioformativo (15%).

El resto de modalidades de arraigo tampoco se libra. Especialmente llamativo es el caso del arraigo sociolaboral, nacido también de la reforma del Reglamento de Extranjería de 2024 tras la desaparición del arraigo laboral. Este último exigía acreditar una relación laboral previa y real; el nuevo arraigo sociolaboral la sustituye por la mera presentación de un contrato de trabajo futuro. El resultado: el número de acogidos al arraigo laboral/sociolaboral ha pasado de un mínimo de menos de 4.000 justo antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento a los casi 60.000 actuales.

Esto no se debe sólo al ansia del «empresaurio» español por mantener su negocio a flote a base de mano de obra barata. Parte del incremento se explica por el fraude: con más de uno de cada cinco residentes en España nacido en el extranjero, el hondureño recién llegado como turista muy probablemente conoce a un amigo de un amigo con una empresa donde firmar un contrato falso, o algo parecido. El Gobierno lo sabe y le trae sin cuidado: todo forma parte de su estrategia deliberada de inflar el PIB mediante el simple aumento de la población.

Además, hasta hace un mes existía un grupo que ni siquiera necesitaba solicitar el arraigo: los venezolanos. Presentaban una solicitud de asilo que era denegada de forma sistemática, momento en el que entraba en juego otro permiso de residencia por «circunstancias excepcionales»: el de razones humanitarias. Este puede concederse a solicitantes de asilo cuya petición haya sido rechazada, siempre que concurran motivos humanitarios, y su concesión queda a discreción del gobierno de turno. En el caso del gobierno de Pedro Sánchez, pese a su amistad con el régimen de Maduro, este permiso se otorgó de forma sistemática a ciudadanos venezolanos con solicitudes denegadas desde 2019, año en que el Gobierno decide empezarlo a conceder así. Desde el 12 de junio de este año ya no se da, al entrar presuntamente en conflicto con ciertos aspectos del Pacto Europeo de Migración y Asilo, pero el daño ya está hecho: se ha concedido a cerca de medio millón de venezolanos, los cuales tarde o temprano se convertirán en ciudadanos españoles, si no lo han hecho ya.

Pero volviendo a los porcentajes de cada tipo de arraigo: estos son importantísimos porque significa que la mayoría de los inmigrantes que se acogen al arraigo lo hacen a uno de los dos tipos de arraigo que duran como mínimo dos años. Aquí entra el segundo elemento que desvirtúa por completo el sistema migratorio de España: la obtención de la nacionalidad.

En teoría, tras la expiración del permiso de residencia por arraigo, es necesario pasar a un tipo de permiso de residencia «normal», como la residencia y trabajo por cuenta ajena. Esto, en efecto, es el caso para los ciudadanos de la gran mayoría de países del mundo, ya que para ellos obtener la nacionalidad española requiere diez años de residencia legal en España, además de acreditar un determinado nivel de conocimiento del idioma. Sin embargo, esto no se aplica a los latinoamericanos: según lo establecido en el Código Civil, los nacionales de países iberoamericanos, así como de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, pueden solicitar la nacionalidad tras sólo dos años de residencia legal en España, y sin necesidad de demostrar conocimientos de la lengua española.

Esto hace que cientos de miles de latinoamericanos que obtienen la residencia mediante el arraigo —un permiso concebido, en principio, para «circunstancias excepcionales»— puedan acceder a la nacionalidad apenas cuatro años (dos en el caso del arraigo familiar) después de haber llegado a España, a pesar de haber pasado la mitad de ese tiempo en situación irregular.

Y el ritmo al que estamos nacionalizando personas es simplemente demencial. Sólo en el último año se otorgó la nacionalidad a casi 300.000 personas: unas 60.000 procedentes de África —en su mayoría marroquíes—, 20.000 de Europa, 14.000 de Asia —la mitad paquistanís— y más de 200.000 de Latinoamérica, principalmente venezolanos y colombianos. Con estas cifras, España se ha convertido en el segundo país que más nacionaliza de toda la Unión Europea, tan sólo por detrás de Alemania: absorbemos más de una quinta parte del total comunitario. Como si no bastara con los españoles comportándose como energúmenos en el Oktoberfest o en discotecas de Lituania, ahora tendremos que cargar también con el coste reputacional de ver cómo el resto de Europa se lleva las manos a la cabeza porque los «nuevos españoles» gritan por el teléfono en el autobús o pasean descalzos por la vida.

Una cosa más, antes de que el tema de la nacionalidad se nos escape por completo: para que un iberoamericano pueda obtenerla, basta con acreditar dos años de residencia en España. ¿Y cómo se acredita esa residencia? A través del empadronamiento. Esto da lugar a situaciones como la del venezolano adinerado que se compra un piso en el centro de Madrid, se empadrona allí, vuelve a Miami —patria querida— durante un par de años, y al regresar a España puede solicitar la nacionalidad sin mayores complicaciones.

Vivimos, por tanto, en una situación en la que cientos de miles de latinoamericanos ingresan cada año en nuestro país sin que el Estado ejerza un control efectivo sobre quién entra y quién no. En la práctica, esto equivale a una pérdida total de soberanía en materia migratoria. Puede afirmarse —sin incurrir en una gran exageración— que el Estado español ha perdido el control sobre sus propias fronteras.

El sistema de inmigración legal en España

Aunque parezca increíble, aún hay margen para una mayor disfunción dentro del marco legal que nos hemos dado. Más allá de las regularizaciones masivas encubiertas que cada año se llevan a cabo a través del arraigo, el sistema que regula la inmigración estrictamente legal —es decir, aquella que entra a España de forma regular con la intención de residir y/o trabajar a largo plazo— presenta vulnerabilidades enormes. Por fortuna, hasta ahora no han sido explotadas de forma sistemática, pero bastarían un par de retoques legales por parte de un gobierno cuya estrategia económica consista en introducir «cuerpos calientes» para inflar artificialmente el PIB —como el actual— para que la situación se agrave considerablemente. Menos mal que medios internacionales de prestigio, como The Economist, ya han denunciado duramente esta estrategia tan irresponsable, ¿verdad?

Si empezamos por las vulnerabilidades ya existentes, una de las más flagrantes es sin duda la renovación del permiso de residencia y trabajo, ya sea por cuenta ajena o cuenta propia. Estos permisos se conceden inicialmente por un año para posteriormente renovarse por los siguientes cuatro, hasta alcanzar los cinco años de residencia legal, momento en el cual se puede solicitar la residencia de larga duración. Aunque la obtención del permiso de residencia y trabajo es bastante complicada —como veremos más adelante—, la renovación del permiso es demencial. El artículo 38 de la Ley 4/2000 en su apartado sexto establece:

La autorización de residencia y trabajo se renovará a su expiración:

…

c) Cuando el extranjero sea beneficiario de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral.

Esto, por si quedara alguna duda, significa que —según varias sentencias del Tribunal Supremo2— «la percepción por el extranjero de una prestación económica asistencial de carácter público como renta de ingresos» es suficiente para la renovación del permiso de residencia y trabajo. Dicho más claro aún: la percepción de una renta mínima autonómica o del Ingreso Mínimo Vital es suficiente para renovar el permiso de residencia y trabajo. ¡El permiso de trabajo!

Es difícil saber cómo de grande es el problema a día de hoy. Según el Observatorio Permanente de la Inmigración, casi el 90% de las personas con permiso de residencia y trabajo son personas que se han pasado a este tipo de permiso al ver que se les está caducando el arraigo. Obviamente, como no podía ser de otra manera en esta casa de locos, para pasarse del arraigo al permiso de residencia y trabajo también basta con estar cobrando una prestación de las anteriormente mencionadas. Es decir, es probable que una proporción significativa de las casi 400.000 personas en España que tienen ahora mismo algún tipo de permiso de residencia y trabajo estén cobrando el IMV o algún otro tipo de renta mínima.

Pero, por increíble que parezca, podría ser peor. A día de hoy, la vía legal de inmigración a España para trabajar está básicamente bloqueada: para obtener un permiso de residencia y trabajo para España desde el extranjero, no sólo has de presentar un contrato en origen —cosa harto difícil—, sino que además el empleador ha de demostrar que no hay ningún ciudadano español ni residente legal disponible para ocupar ese puesto3. Esta exigencia, recogida en la llamada situación nacional de empleo establecida por la Ley de Extranjería, actúa como un cuello de botella que prácticamente impide la contratación legal de trabajadores extranjeros en sectores con alta demanda, como la hostelería o la agricultura. La única excepción a esta regla son las ocupaciones incluidas en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, elaborado por el Gobierno junto con los sindicatos. Y ahí los sindicatos hacen su trabajo a la perfección: las únicas ocupaciones que figuran en el catálogo son las de la Marina Mercante y las de deportista de élite. ¿La respuesta del Gobierno? Arrinconar este permiso y habilitar todas las demás vías descritas en este artículo para la llegada masiva de mano de obra barata. Los sindicatos, por supuesto, no han dicho ni mú.

Irónicamente, la mayoría de los inmigrantes que hoy ingresan legalmente a España para trabajar lo hacen amparados por una ley diseñada originalmente para atraer perfiles altamente cualificados —como directivos, investigadores o emprendedores—: la Ley 14/2013. A día de hoy, hay 195.270 inmigrantes en España con un permiso de residencia ligado a esta ley. Es decir, con la salvedad de la Ley 14/2013, la vía legal para entrar a trabajar en España está casi totalmente bloqueada4. Una victoria menor para nuestro lado, sí, pero una victoria que corre el riesgo muy real de esfumarse. Si el Partido Popular cumple su promesa de implantar un sistema de visado por puntos, podríamos asistir a una auténtica Feijóowave y vernos inundados de aún más hermanos espirituales.

También está el asunto del reagrupamiento familiar. En realidad, es un problema menor de lo que podría parecer: hoy en España «sólo» 161.000 personas tienen este tipo de permiso de residencia. Y es un problema menor básicamente porque la mayoría de inmigrantes se acoge al arraigo familiar, una vía que en la práctica ofrece más ventajas: permite trabajar desde el primer día, el permiso dura cinco años y los requisitos son menos exigentes… ¡Que tampoco es que los requisitos para el reagrupamiento familiar sean muy estrictos, oigan! Pero sí es cierto que piden a la persona reagrupante tener ingresos de al menos 900€ al mes para reagrupar a una persona5. 900€ para mantener a dos personas — ¿se ha enterado el gobierno más progresista de la historia de esta nueva opresión de los burgueses? Y ojo, que esos 900€ ni siquiera han de venir de ingresos del trabajo:

Computará como ingreso el importe íntegro, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, de las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o privadas.

El reagrupamiento familiar es, en definitiva, otro gran agujero en la línea de flotación del sistema migratorio español. No parece tan grave porque por otros agujeros entra todavía más agua, pero por sí solo bastaría para poner en peligro el barco.

Pero eso no es todo. En la reforma del Reglamento de Extranjería que entró en vigor en mayo de 2025, el gobierno ha introducido una figura nueva: el permiso de residencia para familiares de nacionales españoles. Este permiso permite reagrupar —sin ningún requisito económico ni límite en el número de personas— a cónyuges, hijos, padres, parejas de hecho… de cualquier español residente en España. Y, para colmo, abre la puerta a reagrupar también a «otros miembros de su familia no incluidos en los apartados anteriores, y [que] acrediten, de forma fehaciente, en el momento de la solicitud, que se encuentran a su cargo». «A su cargo» definido como dependencia económica, lo que significa que Kevin Alejandro, nacional español desde hace tres meses, puede traer a su supuesto primo —y digo «supuesto» porque en este ámbito hay mucho fraude documental— si demuestra que le envía dinero6 regularmente para su manutención. Menos de un año después de su entrada en vigor, ya hay 85.000 personas con este tipo de permiso. Son incontables en TikTok los vídeos de abogados de extranjería vendiendo la gran oportunidad que supone este permiso para los latinoamericanos que quieran instalarse en España. Y el mecanismo se retroalimenta: cuantos más extranjeros haya en España, más se nacionalizarán; y cuantos más se nacionalicen, más familiares podrán traer mediante este permiso. El día 1 de un Gobierno PP-Vox tendría que derogarse.

El último asunto de esta sección es el ejemplo perfecto de lo que es, a mi parecer, un clásico en materia de inmigración: una normativa europea que es aplicada de la manera más lamentable posible. El caso concreto es la residencia de larga duración, que viene impuesta por la directiva europea 2003/109/CE. Esta residencia, destinada a inmigrantes que hayan vivido legalmente en el país durante al menos cinco años, les otorga el «mismo trato que los nacionales» en numerosos ámbitos, como las prestaciones sociales, los beneficios fiscales, la libre circulación por el espacio Schengen... La directiva otorga cierto margen a los Estados miembros para adaptar los requisitos de acceso a esta residencia. Los grandes países europeos suelen exigir seguro médico, medios económicos suficientes —donde España es el menos exigente— y un mínimo nivel de integración acreditado mediante el idioma y/o un test de conocimientos cívicos. En este último aspecto, España es la clara excepción, ya que no impone ninguna exigencia. El verdadero problema, sin embargo, no radica ahí. El verdadero problema es que la directiva permite a los Estados miembros establecer una residencia de larga duración nacional, que no otorga el derecho a residir ni trabajar en otros países de la UE. Los requisitos para acceder a esta modalidad quedan completamente a discreción de cada gobierno. Y, como era de esperar, en el caso de España, más allá de los cinco años de residencia legal, no se exige absolutamente nada más para obtenerla.

¡Cómo será el asunto, que a pesar de los requisitos relativamente moderados para acceder a la residencia de larga duración de la UE —un tipo de permiso claramente más atractivo por permitir residir y trabajar en cualquier país del espacio comunitario—, hoy hay 1.580.088 personas7 con la residencia de larga duración nacional y apenas 90.174 con la residencia de larga duración UE! Este es el tipo de personas a las que les estamos dando los mismos derechos que los nacionales.

La expulsión de inmigrantes delincuentes o en situación irregular

La expulsión de inmigrantes delincuentes o en situación irregular uno de los temas migratorios más mediáticos, presumiblemente por las imágenes que evoca en la mente del ciudadano medio la palabra «expulsión». Es, sin duda, un tema que merece la pena explicar y sobre el que merece la pena teorizar, pero no me detendré demasiado en analizarlo por varios motivos.

En primer lugar, porque se trata del tema más complejo de todos los abordados en este artículo, y por tanto aquel en el que es más probable que haya cometido algún error. En segundo lugar, porque este ámbito del sistema migratorio es el que exigiría transformaciones más profundas en las condiciones estructurales de nuestro país para poder articular una política sensata. Y, finalmente, porque es, a mi parecer, el tema menos relevante: la realidad es que la mayoría de los inmigrantes en España no se encuentran en situación irregular —aunque es probable que la mayoría sí lo haya estado en algún momento— ni son delincuentes. Si nuestro objetivo fundamental es contrarrestar el reemplazo demográfico del pueblo español, difícilmente pueden considerarse las expulsiones la herramienta más adecuada para lograrlo.

Antes de adentrarnos en las particularidades de la expulsión de inmigrantes delincuentes y de la expulsión de inmigrantes en situación irregular, conviene subrayar los dos principios que sustentan el derecho europeo en esta materia: la revisión individualizada de cada caso y el principio de proporcionalidad. Iremos viendo qué significan en la práctica estos principios en los casos de inmigrantes delincuentes y en situación irregular.

Tanto la Ley de Extranjería como el Código Penal ya contemplan la posibilidad de expulsar a inmigrantes, tanto en situación irregular como regular, que cometan un delito. El artículo 57.2 de la Ley de Extranjería dice:

Asimismo, constituirá causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.

La ley, pues, es bastante clara. Sin embargo, aquí entran en juego los dos principios de los que hablábamos antes. Supongamos, por ejemplo, que un inmigrante en situación irregular en España agrede a un agente de policía, delito para el cual el Código Penal prevé una pena privativa de libertad de entre uno y cuatro años. Cualquiera pensaría, razonablemente, que a dicha persona habría que expulsarla de manera automática.

Pero es entonces cuando se activa el primero de los principios: la expulsión automática de cualquier inmigrante irregular vulneraría el principio de la revisión individualizada de cada caso, así que obligatoriamente habría que empezar un procedimiento aparte para determinar si en su caso es justo emitir una orden de expulsión.

Ahora bien, imaginemos por un momento que esa persona —llámese Abderrahim o Kevin Alejandro, según prefiera el lector— tiene una hija escolarizada en España, o que lleva tres años residiendo en el país con su mujer, está socialmente integrado e incluso trabaja en la economía sumergida. En ese caso entra en juego el segundo principio: el de proporcionalidad. En la inmensa mayoría de los supuestos, los jueces españoles no autorizan la expulsión salvo que se trate de un delito grave, por no considerar la pena «proporcional» al delito dada la situación vital del inmigrante8. Y si nuestro protagonista no fuera un inmigrante irregular sino uno con residencia legal, los tribunales prácticamente nunca permiten la expulsión, salvo cuando el delito cometido atenta contra la seguridad nacional (básicamente casos de terrorismo o narcotráfico).

Todo lo anterior se aplica a los delitos cuya pena privativa de libertad es inferior a cinco años. El ordenamiento jurídico español, con buen criterio, no permite sustituir la pena de prisión por una orden de expulsión cuando el inmigrante ha sido condenado a cinco o más años de cárcel: la expulsión se consideraría un castigo excesivamente leve para delitos graves —una violación, por ejemplo—. En estos casos, el extranjero debe cumplir parte de su condena en España —normalmente dos terceras partes— y es posteriormente expulsado. Pero incluso en estos casos, la obtención de una orden de expulsión no es trivial: si el condenado es un inmigrante legal que puede demostrar cierto arraigo —entendido no como la figura jurídica de regularización, sino como su nivel de vínculos con el país—, en muchos casos no se permite la expulsión.

Tómense lo que digo aquí con un poco de escepticismo, porque ni soy abogado ni mi vida personal me brinda el suficiente tiempo como para convertirme en un experto en la materia, pero mi impresión tras haber leído los principales casos europeos es que el marco jurisprudencial europeo sí deja margen para expulsar a más personas, pero que en España los jueces tienden a interpretar el principio de proporcionalidad con un exceso de garantismo.

Otro factor que limita la expulsión de un mayor número de delincuentes extranjeros es la falta de cooperación de algunos países de origen, que dificultan o directamente bloquean la repatriación de sus nacionales. En muchos casos, las autoridades de esos países dilatan las negociaciones con el objetivo de obtener concesiones o ventajas por parte de España. Para gestionar estas situaciones se prevé el internamiento del extranjero en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Y aquí encontramos otro ejemplo del excesivo garantismo de nuestro ordenamiento jurídico: en lugar de establecer un plazo máximo de internamiento de seis meses, prorrogable hasta dieciocho en caso de falta de cooperación —tal como permite la Directiva Europea de Retorno (2008/115/CE)—, la legislación española limita el internamiento a sólo noventa días. Como consecuencia, un número considerable de órdenes de expulsión queda sin ejecutar.

Encontramos otro ejemplo más de despropósito legislativo en el artículo 57.7.a) de la Ley de Extranjería, que dice lo siguiente:

Cuando el extranjero se encuentre procesado o imputado en un procedimiento judicial por delito o falta para el que la Ley prevea una pena privativa de libertad inferior a seis años o una pena de distinta naturaleza, y conste este hecho acreditado en el expediente administrativo de expulsión, en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a tres días, el Juez, previa audiencia del Ministerio Fiscal, la autorizará salvo que, de forma motivada, aprecie la existencia de circunstancias que justifiquen su denegación.

En el caso de que el extranjero se encuentre sujeto a varios procesos penales tramitados en diversos juzgados, y consten estos hechos acreditados en el expediente administrativo de expulsión, la autoridad gubernativa instará de todos ellos la autorización a que se refiere el párrafo anterior.

Como ya hemos visto, el primer párrafo permite a los jueces valorar circunstancias como la integración o la vida familiar del inmigrante antes de dictaminar la expulsión. Pero el segundo párrafo es igual de nocivo, porque significa que si un inmigrante está sujeto a procesos penales en ochenta juzgados distintos, ¡se ha de obtener permiso para la expulsión del inmigrante de cada uno de los ochenta jueces!

Un antiguo comisario de Extranjería me contó un caso ilustrativo: un magrebí con más de cien causas abiertas en distintos juzgados no pudo ser expulsado porque uno solo de los jueces denegó su autorización. El inmigrante se quedó en el país.

El caso de la expulsión de los inmigrantes ilegales es más interesante para nuestra causa, aunque sólo sea porque hay muchos más inmigrantes en estancia irregular que inmigrantes delincuentes. El artículo 57.1 de la Ley de Extranjería dice:

Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c), d) y f) del artículo 53.1 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse, en atención al principio de proporcionalidad, en lugar de la sanción de multa, la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción.

Una de las conductas citadas es la estancia irregular. La cláusula clave del anterior texto es «en atención al principio de proporcionalidad». Una vez más nos hemos de preguntar: ¿para qué casos es proporcional aplicar la expulsión?

Esto mismo vienen preguntándose los tribunales y las delegaciones del Gobierno en España desde 2015, que en varias ocasiones han solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclaraciones sobre cómo armonizar la Directiva de Retorno con la legislación nacional. Tras años de idas y venidas, parece que por fin se ha consolidado una doctrina, formulada por el Tribunal Supremo en su sentencia 1140/2023, de 18 de septiembre de 2023.

Les recomiendo encarecidamente que, si disponen de tiempo e interés, lean dicha sentencia: es un ejemplo perfecto para comprender cómo funciona el sistema. En ella se relata el caso de un tal don Antonio —latinoamericano, por supuesto—, que tras ingresar en el espacio Schengen como turista intentó entrar en España desde Francia en autobús. La policía le solicitó la documentación, y don Antonio presentó un pasaporte en vigor con un sello de entrada en el espacio Schengen de más de noventa días atrás, lo que acreditaba su situación irregular. Al no disponer de permiso de residencia ni de vínculos familiares en España, se dictó una orden de expulsión. Los recursos presentados ante los distintos tribunales fracasaron todos, hasta que el caso acabó en el Tribunal Supremo.

En su sentencia, el Tribunal Supremo recuerda que la mera estancia irregular no basta para justificar una expulsión: deben concurrir circunstancias agravantes, tal como establece el considerando 6 de la Directiva de Retorno y la jurisprudencia previa, tanto europea como española. Asimismo, el tribunal subraya que ni la falta de vínculos familiares en el país ni el haber excedido el periodo de estancia legal como turista son agravantes.

¿Cuáles son, pues, esas circunstancias agravantes? El Tribunal Supremo explica que «es difícil establecer prima facie un catálogo cerrado de esas circunstancias agravantes», pero algunas de las que ya han sido establecidas por la jurisprudencia como agravantes son:

• Encontrarse el extranjero en situación irregular sin documentación alguna por la que pudiera ser identificado.

• Que las autoridades desconozcan la forma de entrada en el territorio nacional del extranjero. Evidentemente, esto no es aplicable a aquellos que entran por Barajas, puesto que su forma de entrada sí es conocida.

• La existencia de antecedentes penales.

¿Cómo funciona entonces nuestro sistema jurídico cuando la policía identifica a un inmigrante en situación irregular? Salvo que existan agravantes, se impone una multa —que, por supuesto, nunca pagan—, y junto con la multa se le comunica al inmigrante su obligación de salir del país en un plazo determinado. Si tras haber expirado dicho plazo el inmigrante permanece en el país, se puede proceder a su expulsión.

No es tan simple como parece, claro. El plazo concedido al inmigrante para que regrese voluntariamente a su país suele prorrogarse si está intentando regularizar su situación, si tiene hijos escolarizados o si mantiene algún tipo de vínculo familiar en España. No existen datos públicos sobre cuántas personas han sido expulsadas por encontrarse en situación irregular, pero entre los recursos judiciales infinitos, las prórrogas del plazo de salida voluntaria y las múltiples vías de dilación administrativa, me atrevería a pensar que el número no debe de superar el centenar. Al fin y al cabo, basta con que el inmigrante aguante un poco para que regularice su situación mediante el arraigo.

La regularización extraordinaria

Conviene también detenerse brevemente a explicar cómo funciona la regularización extraordinaria del Gobierno de Sánchez. Que es mala, ya lo sabemos. Lo que interesa es entender cómo y por qué se ha hecho, y cuáles son sus posibles ramificaciones futuras.

La regularización no es más que una modificación del Reglamento de Extranjería que habilita, durante un breve periodo, dos tipos nuevos de permiso de residencia para los extranjeros que residen de manera irregular en España. Estos dos permisos son el arraigo para solicitantes de protección internacional y el arraigo extraordinario —nombre que no deja de ser irónico, porque el arraigo ya es de por sí un permiso de residencia por circunstancias excepcionales—.

El primero está dirigido a quienes solicitaron protección internacional antes del 1 de enero de 2026. Basta con acreditar cinco meses de residencia continuada en España, carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público —requisitos que, dicho sea de paso, se pueden probar «mediante cualquier prueba válida en derecho», fórmula tan flexible como parece—. A cambio de la autorización, eso sí, hay que renunciar a la solicitud de asilo que la originó, lo cual delata bastante bien para qué sirve en realidad este permiso: es una vía para deshacerse rápidamente del casi cuarto de millón de solicitudes de protección internacional pendientes de resolver —la segunda cifra más alta de toda la UE.

El segundo, el arraigo extraordinario, es aún más laxo: sirve para cualquier extranjero que ya estuviera en España antes del 1 de enero de 2026, haya pedido asilo o no. Los mismos cinco meses de residencia y los mismos requisitos de antecedentes, pero además hay que cumplir al menos una de tres condiciones que, entre las tres, prácticamente no dejan a nadie fuera: haber trabajado —o simplemente tener una oferta de trabajo— durante la estancia irregular; convivir con hijos, dependientes o ascendientes; o encontrarse en «situación de vulnerabilidad», certificable, entre otros, por cualquier entidad del Tercer Sector inscrita en un registro creado a tal efecto. Y no hace falta mucha imaginación para adivinar que quienes trabajan en dichas entidades —de facto una extensión del PSOE— no van a ser precisamente quienes denieguen un certificado de vulnerabilidad.

En ambos casos, además, el Gobierno no espera a resolver el expediente para dejar trabajar a nadie: la mera presentación de la solicitud habilita de forma provisional a residir y trabajar por cuenta propia o ajena en cualquier sector. También conviene resaltar que esa laxitud a la hora de acreditar la residencia previa —recordemos, «cualquier prueba válida en derecho»— ha generado un efecto llamada evidente: no pocos de los que han llegado a España después del 1 de enero de 2026 saben perfectamente que pueden falsificar sin demasiado esfuerzo alguna prueba que sitúe su entrada antes de esa fecha. Ambos permisos conceden un año de residencia, prorrogable casi sin límite si se alega búsqueda de empleo o «esfuerzo de integración». Transcurrido ese año, los latinoamericanos se nacionalizarán, y el resto simplemente modificará su permiso a uno de residencia y trabajo, para el cual, recordemos, basta con estar cobrando el Ingreso Mínimo Vital.

Todo esto ha resultado en lo obvio: donde el Gobierno había estimado en torno a medio millón de solicitudes de regularización, el total final ha sido de 1.174.968. Más de un millón de extranjeros más residiendo legalmente en España, de un plumazo. Y a esto hay que sumarle todo lo que ya sabemos que viene después: que podrán reagrupar a sus familias; que su mera presencia es un incentivo para que lleguen más; que, si no se hace nada, buena parte se nacionalizará en sólo dos años y tendrá exactamente los mismos derechos que cualquier español.

La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, o «Ley de Nietos»

Antes de cerrar este repaso al modelo migratorio, conviene detenerse en una vía que, técnicamente, no forma parte de la Ley de Extranjería, pero que ha tenido un impacto considerable: la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022), publicada en el BOE el 20 de octubre de 2022. Se trata de una disposición que habilita, mediante el derecho de opción del artículo 20 del Código Civil, la adquisición de la nacionalidad española para determinados descendientes de españoles que perdieron esa nacionalidad por el exilio.

En su redacción original, el supuesto era relativamente acotado: hijos y nietos de españoles de origen que, además, hubieran sufrido exilio político. Sin embargo, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública desdobló ese requisito único en dos supuestos independientes: por un lado, los hijos y nietos de exiliados; por otro —y aquí está la clave—, los hijos y nietos de españoles de origen, hubieran sufrido exilio o no. En la práctica, esto significa que basta con haber tenido un abuelo o un bisabuelo español —una fotografía en blanco y negro, si me apuran— para poder optar a la nacionalidad, con independencia de que ese antepasado abandonara España por motivos políticos o, sencillamente, para hacer las Américas. Y, si encadenamos esta disposición con otra similar de la Ley de Memoria Histórica de 2007, el árbol genealógico exigible se estira todavía más: basta con un tatarabuelo español para poder optar a la nacionalidad.

El plazo para presentar la solicitud, que debía cerrarse dos años después de la entrada en vigor de la ley, se prorrogó —como la propia norma permite— un año adicional, hasta octubre de 2025. Las cifras que ha dejado esa ventana son, cuando menos, difíciles de asimilar: se calcula que unos 2,5 millones de personas han solicitado la nacionalidad española por esta vía, con más de un millón de solicitudes sólo desde Argentina y alrededor de 500.000 desde Cuba. El resto procede principalmente de México y de consulados europeos, aunque en este último caso conviene no llevarse a engaño: buena parte son venezolanos exiliados que residen en el continente. De las más de dos millones y medio de solicitudes, los consulados ya han resuelto favorablemente más de medio millón, con una tasa de aprobación superior al 95%; unos 300.000 de esos nuevos españoles ya figuran inscritos como tales en el Registro Civil.

Lo verdaderamente relevante, sin embargo, no es sólo el volumen, sino la naturaleza jurídica de lo que se concede: quienes obtienen la nacionalidad por esta vía son reconocidos como españoles «de origen». La distinción no es cosmética. Significa, para empezar, que esa nacionalidad —a diferencia de la obtenida por residencia, que en determinados supuestos sí puede revocarse— es irrevocable. Y significa también que estas personas acceden a los beneficios previstos para los «retornados» en el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, pensados originalmente para españoles que vuelven a instalarse en su país, no para quienes jamás han pisado suelo europeo.

Como bien señaló Sansón Carrasco en otro artículo de esta revista, es improbable que la mayoría de los nuevos españoles acaben yendo a España. Puede que así sea. Pero eso no resta importancia al problema: significa que existe un potencial migratorio descomunal que, además, no caduca, porque los hijos de españoles son, a su vez, españoles. El verdadero problema, en definitiva, es el efecto multiplicador que esto tiene al combinarse con lo ya explicado sobre el permiso de residencia para familiares de nacionales españoles: cada uno de esos 2,5 millones de «nuevos españoles» de origen puede, a su vez, reagrupar sin apenas requisitos a un número ilimitado de familiares. Y dado el ritmo actual de tramitación —unos pocos años más para resolver todas las solicitudes pendientes—, este goteo de «españoles» que nunca aparecerán como inmigrantes en ninguna estadística oficial está garantizado durante, como mínimo, ese tiempo. Incluso si un Gobierno de PP y Vox declarara un moratorio total de inmigración, este contingente de personas seguiría llegando a España.

Soluciones realistas para solucionar el problema migratorio

Os confieso, amigos, que yo también sueño con una España donde los nacidos en el extranjero no sean la quinta parte de la población total. Donde los jóvenes nacidos en España no seamos minoría en Madrid, capital del reino. Pero la realidad es que todavía no es posible. No existe una posibilidad política real de hacer esto por ahora. Es necesario, pues, plantear una primera fase de medidas que, al menos, detengan la hemorragia mientras surge la voluntad de hacer lo necesario para que España siga siendo España.

Cuando digo que no existe una voluntad política real, me refiero a que hay demasiados sectores del electorado con un interés directo en que sigan llegando cientos de miles de personas cada año. Empecemos por los pensionistas: muchos tienen contratada a mano de obra latinoamericana como servicio doméstico; además, esta afluencia masiva, aunque a la larga condene el sistema, funciona hoy como un parche temporal para las pensiones, un parche que evita debates incómodos. Pero no son los únicos: la mayoría de los empresarios comparten ese mismo interés —por algo Garamendi se oponía a la regularización en la forma, pero nunca en el fondo—. Hay demasiado negocio en España que sobrevive únicamente a base de «los buenos, los que vienen a trabajar». Las clases productivas de este país empiezan, poco a poco, a despertar, pero mientras tanto le toca a Vox —o a quien venga— la tarea más ardua de todas: la que mi admirado Nigel Farage define como la marca del buen político: ir un paso por delante de la opinión pública sin llegar a perderla de vista.

Expondré las medidas en dos grandes bloques. El primer bloque estará orientado a alcanzar un saldo migratorio neto igual a cero en España, mediante la aplicación de medidas que busquen desincentivar la llegada a España. El segundo bloque tendrá como finalidad impulsar la remigración de una parte significativa de las personas que han llegado a España en los últimos años. En este caso, se tratará de medidas que busquen desincentivar la permanencia en España. No aspiro a que las medidas propuestas constituyan un programa completo. He dejado numerosos aspectos sin abordar—como el mercado laboral o el de la vivienda—, donde podrían explorarse medidas complementarias, entre ellas la de exigir una mayor contribución a los trabajadores extracomunitarios, o prohibir la compra de viviendas a extracomunitarios, por ejemplo.

El primer bloque de medidas:

1. Supresión del arraigo.

2. Supresión del permiso de residencia para familiares de nacionales españoles.

3. Supresión del permiso de residencia por reagrupación familiar o endurecimiento significativo de sus requisitos9.

4. Supresión de los permisos de residencia y trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Una medida polémica: si se corta ese canal —y, sobre todo, el del arraigo— se bloquea la entrada de cientos de miles de latinoamericanos que hoy sostienen sectores como la hostelería o el cuidado de mayores, lo que podría provocar un auténtico shock económico. Pero si queremos acabar con la adicción de nuestra economía a la mano de obra barata, podríamos cerrar estas vías y mantener abierta la relativa a la Ley 14/2013, que permite la llegada de pequeños números de inmigrantes altamente cualificados.

   1. Alternativamente, en vista de que ya es muy complicado entrar en España con este tipo de permiso, se podría simplemente modificar los criterios para su renovación para que sólo pudiera renovarse si la persona está trabajando.

5. Supresión de la residencia de larga duración en su modalidad nacional.

6. Endurecimiento de los requisitos para acceder a la residencia de larga duración europea hasta el máximo permitido por los tribunales europeos.

7. Supresión de la obtención de la nacionalidad por naturalización (es decir, de la obtención de la nacionalidad por años de residencia). Sólo serán españoles los hijos de españoles: ius sanguinis.

8. Ampliar los supuestos de pérdida de la nacionalidad para los españoles no de origen, de modo que incluyan, entre otros, la comisión de delitos graves.

9. Reforma integral del sistema de asilo, en línea con el Pacto Europeo de Migración y Asilo:

   1. Creación de una lista de países seguros para procesar de forma acelerada —y, en la práctica, con altas tasas de denegación— las solicitudes de asilo de sus nacionales para evitar el colapso del sistema.

   2. Establecimiento de centros para solicitantes de asilo en terceros países para desplazar fuera de España la gestión de las solicitudes y reducir la llegada de personas a territorio español.

10. Refuerzo inmediato de los controles policiales en los aeropuertos, con el fin de verificar rigurosamente que todos los ciudadanos latinoamericanos que ingresen en España en calidad de turistas cumplen los requisitos legales vigentes (billete de regreso, medios económicos suficientes, alojamiento acreditado, etc.).

    1. De forma complementaria, presionar en el ámbito de la Unión Europea para acabar con la actual política de exención de visados para nacionales de países latinoamericanos.

11. Reinstaurar dispositivos policiales en estaciones de metro y otros puntos de transporte con alta presencia migrante, con el objetivo de revisar papeles, repitiendo las operaciones que eran habituales en los años noventa.

12. Ampliar el plazo máximo de internamiento en los centros de internamiento de extranjeros hasta el máximo previsto por la directiva europea.

13. Transponer adecuadamente la Directiva 2008/115/CE, suprimiendo la sanción económica por estancia irregular y estableciendo un catálogo amplio —aunque no exhaustivo— de circunstancias agravantes de dicha situación, entre las cuales se incluya el haber excedido el período de estancia permitido como turista.

14. Prohibir la regularización de cualquier persona sobre la que pese una orden de salida voluntaria vigente.

El siguiente bloque de medidas, como ya se ha mencionado, tiene como objetivo promover la remigración de por lo menos una parte de los millones de inmigrantes que han entrado en España en los últimos años. Algunas de estas medidas son algo más arriesgadas y pueden tener como requisito una salida de la Unión Europea y/o reformas constitucionales:

1. Rechazar el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, sobre todo, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, bajo la premisa de que son mecanismos obsoletos, creados para una realidad migratoria que ya no se corresponde con la actual.

2. Impuesto del 99,9% —o, en su defecto, del máximo permitido por la normativa española y europea— sobre las remesas enviadas a países extracomunitarios. Siempre que esta medida se aplique de manera general a todos los países y no selectiva, no debería plantear conflictos con la normativa europea.

   1. Huelga decir que esta medida posiblemente tendría un impacto limitado: con la proliferación de bancos online como Revolut, resulta muy sencillo eludir el pago de estos impuestos.

3. Restringir el acceso de los extranjeros extracomunitarios10 a prestaciones no contributivas como el Ingreso Mínimo Vital o las rentas autonómicas.

   1. Si no me equivoco, el único colectivo de extranjeros al que debería garantizarse el acceso a este tipo de prestaciones es aquel que cuente con un permiso de residencia de larga duración-UE, puesto que la directiva que regula los derechos asociados a dicho permiso reconoce expresamente el acceso a las prestaciones sociales en igualdad de condiciones con los ciudadanos comunitarios.

4. Limitar el acceso de los extranjeros extracomunitarios a la asistencia sanitaria pública, de modo que únicamente puedan recibir atención en situaciones de urgencia médica.

   1. Hoy en España se da una paradoja: la mayoría de permisos de residencia exigen tener un seguro médico privado, pero un inmigrante en situación irregular, con sólo estar empadronado, puede acceder gratis a todo el sistema sanitario público. Por eso, es necesario ampliar la obligación del seguro médico privado a todos los tipos de residencia y restringir el acceso de los irregulares únicamente a la atención sanitaria de urgencia. Esto no significa eliminar el empadronamiento, que sigue siendo útil para saber cuánta gente vive realmente en cada lugar y planificar los servicios públicos, sino impedir que el empadronamiento por sí solo dé derecho a la tarjeta sanitaria.

5. Recompensar económicamente a aquellas personas dispuestas a repatriarse voluntariamente, como ya se hace en Suecia.

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Suele pensarse que en España reina el ius sanguinis. Esto es cierto en el mismo sentido que España es una monarquía: lo es sólo nominalmente, existiendo, como es sabido, una república coronada que a menudo rehúye del boato y adopta una estética de mando medio de Deloitte. Ídem en el caso del ius sanguinis: el mero hecho de nacer en España no confiere la nacionalidad al hijo de extranjeros, pero son tantas las salvedades que en la práctica sí lo hace, quizá con algo de demora. El nuestro es un ius soli tácito y disimulado, ciertamente tan disimulado que es el más laxo de Europa y más generoso con los progenitores extranjeros que la legislación americana.

Quien no haya tenido la dicha de nacer en España no debe desesperar. Para ser español no hace falta ni nacer en España, ni ser hijo de españoles; tampoco es imprescindible residir largo tiempo en España ni cuando menos parecerse, o intentar parecerse, a los españoles. Puede ser español un perfecto extraño.

España es generosa motu proprio, sin aspavientos bruselenses. No hace falta defender a la Unión Europea para criticar la legislación española, pero no deja de ser cierto que hoy partes del continente procuran, o fingen, cambiar de sentido, deviniendo un tanto más recatados frente a los recién llegados. España ni procura, ni finge.

El Gobierno tiene excelentes medios a su disposición: leyes anticuadas promulgadas en una época sin inmigración masiva, cuando legislar sobre la base de razonables sentimientos hispanistas aún no acarreaba consecuencias demográficas, y, allí donde la ley vigente no alcanza, reales decretos —no sólo la regularización que es hoy causa célebre— para facilitar la residencia legal, lo que es igual a una naturalización en cámara ligeramente más lenta.

Ante la sensación acertada de que el país peca de generoso con su nacionalidad y el total desconocimiento del mecanismo que lo permite, este artículo es un desglose escéptico de las leyes imperantes. No es este un repaso de cómo inmigrar, sino una explicación de cómo los extranjeros, una vez asentados en España más o menos legalmente, pueden convertirse en españoles o, si se quiere, en portadores de DNI. Como es de cobardes criticar sin proponer, hacia el final habré de proponer un esbozo de reforma.

I. El suelo mágico

Los hijos de españoles son españoles, aquí y en Cochinchina. También lo son, mutatis mutandis, los hijos de americanos, aunque por excentricidad de sus padres vengan a nacer en Ulán Bator. Salvo casos excepcionales, la transmisión es automática en ambos supuestos y el registro en el consulado sólo un trámite que asienta una realidad anterior. Esto es inobjetable y por todos conocido.

Menos conocido es qué ocurre en el caso opuesto, cuando dos extranjeros, sean residentes de larga data o ilegales recién llegados, tienen un hijo en España. Dependiendo de las minucias legales, el bebé puede nacer español de origen o adquirir la nacionalidad por residencia como obsequio que el Estado le presenta —con algo de tardanza— en ocasión de su cumpleaños.

La apatridia fingida

El trato diferenciado entre unos y otros se debe al artículo 17.1 c) del Código Civil, que atribuye la nacionalidad de origen a «los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad». Una lectura somera deja la impresión de una norma generosa, mas no insólita; leyes idénticas parecieran regir en Irlanda, Italia y Francia, no así en Austria ni Dinamarca.

Ciertos países, ante todo los árabes, restringen sustancialmente la transmisión de la nacionalidad por línea femenina, arguyendo que los hijos de un extranjero con una lugareña adoptan la nacionalidad del padre; esta política a veces falla —o, más bien, cumple su cometido—, pues no escasean los hijos de padre palestino y madre libanesa que son de facto apátridas. Pero ¿cuántos ejemplares de esta raigambre hay en España? ¿Qué importancia tendría que al hijo de beduinos, o quizá de saharauis, que llegaron a Barajas con salvoconductos del ACNUR se le concediera la nacionalidad? Pocos, oso decir, son los casos; poca importancia tendría si el Estado español supiese quién es verdaderamente apátrida.

Usted, caro lector, imaginará que los apátridas en cuestión son primos lejanos de Tesh Sidi. No son estos los principales beneficiarios, sino los hijos de argentinos, colombianos o paraguayos, por no hablar de brasileños, cubanos, peruanos o bisauguineanos (la lista continúa), a quienes se les extiende la nacionalidad por «simple presunción». Estos países permiten transmitir la ciudadanía a los hijos nacidos en el extranjero, pero el vínculo no se hace efectivo hasta no concluir el trámite. En su infinita generosidad, el Estado español ha querido guardar a unas pobres criaturas del ignominioso destino de ser breve e inconsecuentemente «apátridas» durante el poco tiempo que pueda tardar un padre en presentarse ante su embajada y rellenar los formularios de rigor.

Siendo así, si dos colombianos tuvieran un hijo en España, el niño no sería automáticamente colombiano, pero tendría derecho a serlo. Si los padres estuviesen dispuestos, quedaría registrado como colombiano alrededor de un mes después de su nacimiento. Es improbable que los padres estén dispuestos, pues privarían a su hijo de la nacionalidad española. Es preferible solicitar una constancia de no inscripción, para la cual la Registraduría Nacional colombiana ha establecido un cómodo portal en línea, y así certificar la apatridia deliberada ante el Registro Civil español. El niño, por tanto, sería español.

Imaginemos un caso más enrevesado: un venezolano y una colombiana tienen un hijo en Madrid. Con los venezolanos solía operar la simple presunción, pero, debido a minucias legales que no vienen al caso, el Registro Civil ha cambiado de parecer; en el caso colombiano, como hemos visto, sigue operando. Al atribuírsele la nacionalidad venezolana, nuestro madrileño grancolombiano no podría beneficiarse de la simple presunción. ¡Que no sollocen los padres! En la recopilación de fuentes para este artículo, he constatado una ingeniosa solución: excluir al padre de la partida de nacimiento. Figurando sólo la madre colombiana, infelizmente soltera y abandonada a su suerte, el niño podrá ser español. Una vez asentada la nacionalidad española del niño, queda a merced de la madre rectificar la filiación paterna e incluso registrar a su hijo como colombiano, venezolano o marciano; el niño será español por los siglos de los siglos.

Nótese que en ninguno de los ejemplos he especificado el carácter de la estancia de los padres. Grosso modo, es intrascendente si los padres tienen o no papeles. En algunas provincias el Registro Civil opone obstáculos efímeros, pero esto no es regla general ni representa un impedimento intransitable; en Madrid me consta que el proceso es ágil y estandarizado. Huelga decir que los padres ilegales de un español por simple presunción tienen derecho al arraigo, generalmente el familiar.

En España, para reiterar, nacen todos los días hijos de extranjeros con derecho a la nacionalidad de sus padres; valiéndose de una ficción legal y de una interpretación tan estricta de las leyes extranjeras como laxa de las españolas, el Estado concede a estos niños la nacionalidad de origen, aun cuando misteriosamente carecen de un padre que les pueda atribuir su nacionalidad.

El regalo de cumpleaños

La apatridia fingida no queda abierta a todos, de manera que algunos extranjeros nacidos en España deben solicitar la nacionalidad luego de un año de residencia legal. Los expedientes de menores tienden a resolverse con mucha más presteza que los de adultos y casi nunca se deniegan. Con padres diligentes, es enteramente posible que el niño sea español antes de su segundo cumpleaños.

Sin embargo, los padres no siempre son diligentes: en 2025 se naturalizaron 52.886 extranjeros nacidos en España y sólo 44.957 niños de menos de nueve años. Algunos padres esperan ya por ignorancia, ya por renuencia a abonar la tasa de 105 euros. Son menos propensos a naturalizarse los ciudadanos comunitarios (rumanos, por ejemplo), para quienes ser españoles es de poca importancia legal, seguidos de los marroquíes; los hispanoamericanos, por su parte, parecen arribar a España con un máster en derecho de extranjería.

Quizá el principal motivo de atraso es el estatus irregular de los progenitores. Este es un escollo menor. Si en Estados Unidos se dice que no triunfó el socialismo porque los americanos son temporarily embarrassed capitalists, de los ilegales en España podría decirse que son temporarily embarrassed Spaniards. En España no hay ilegales, no realmente. Hablar de ilegales en este país equivale a no conocer el medio propio e imaginarse un ICE y un ministerio análogo al de Homeland Security que no existen. En España hay personas sin residencia, pero el riesgo de repatriación es nulo y su regularización es siempre inminente por poder ampararse en el arraigo. La regularización del Gobierno facilitará todavía más el proceso; incluso sin ella, bastan dos años de estancia ilegal para solicitar el arraigo.

II. Los nuevos españoles

Adeste fideles

Sospecho cierta familiaridad del lector con la nacionalidad por residencia. Es vox pópuli que los iberoamericanos —junto a los filipinos, ecuatoguineanos, portugueses, andorranos y sefardíes— pueden hacerse españoles tras dos años de residencia. Los refugiados pueden hacerlo en cinco años; los demás extranjeros, en diez. Basta un año para los nacidos en España, como ya se ha dicho; los cónyuges de ciudadanos españoles, incluidos los naturalizados; ciertos descendientes de españoles, y ciertas personas acogidas por un español o, crucialmente, por una institución española.

Antes de entrar en el fondo de la cuestión, conviene explicar quiénes son estos «acogidos». Son, pues, aquellos bajo la «tutela, curatela con facultades de representación plena, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos». Esto podría parecer, pero no es, una gracia concedida a los hijos adoptivos, que en su lugar adquieren un derecho automático a optar por la nacionalidad. Lo citado se refiere principalmente a los menas y luego a aquellos acogidos, mas no adoptados, por ciudadanos españoles. Un ejemplo de lo segundo sería una ecuatoriana naturalizada española que asume la tutela (o la curatela, que viene a ser lo mismo para los mayores de edad) de su sobrino con síndrome de Down. España no tiene, dicho sea de paso, un equivalente del concepto neozelandés del Acceptable Standard of Health, bajo el cual se deniega la residencia de aquellos proclives a generar costes desmesurados a la sanidad pública.

De la extrema facilidad con que los iberoamericanos se naturalizan hay poco que añadir. Cuesta creer que dos años, sin mediar otros méritos, sean suficientes para demostrar la «integración» de un extranjero. Incluso cediendo ante una defensa economicista de la inmigración masiva, no se ha explicado por qué los pagapensiones —no creo ser descortés, siendo esta la justificación más o menos explícita de su presencia en el país— deben ser admitidos como residentes de pleno derecho con acceso al Estado del bienestar, mucho menos integrantes de la nación. Al concederles derechos sobre fondos estatales —la educación de sus hijos, la sanidad de sus padres y sus futuras pensiones—, ¿acaso no se debilita el argumento de sus defensores? Sabemos que la inmigración tiene un efecto mecánico sobre el PIB: a más almas, más consumo. Esta obviedad no dilucida sus efectos per cápita, a toda luz nefastos.

Pero España no sólo recibe iberoamericanos. Si bien a marroquíes, senegaleses o pakistaníes se les exigen diez años de residencia, no debe suponerse un trámite imposible. Se les pide acreditar buena conducta cívica, es decir, carecer de antecedentes penales o policiales. Esto no garantiza que el solicitante no haya delinquido, ya que es posible cancelar antecedentes una vez cumplida la pena. Si el Ministerio de Justicia deniega el expediente de un extranjero con antecedentes cancelados, su abogado le instará a interponer un recurso de reposición, casi siempre resultando en la aprobación definitiva. Siendo justos, Justicia tiene esporádicos arranques de sensatez. Actualmente parece estar inmerso en uno de ellos, provocando la ira de abogados que inquieren, indignados, por qué el Ministerio consulta los antecedentes «sin el consentimiento expreso del interesado». Semejante ahínco de parte de los custodios del Estado —los funcionarios A1, por si cupiera duda— quizá surta efectos medianamente positivos, no tanto por la inviabilidad de los recursos contencioso-administrativos contra la denegación, cuanto por el desistimiento de solicitantes de defensa más precaria.

Igual de risibles son los requisitos de integración. Se exigen dos exámenes, el CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España) y el DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera). El primero consiste en un test de veinticinco preguntas, cada una con tres opciones, del tipo: «¿Dónde están las islas Baleares?» (cuya respuesta es el Mediterráneo, no el rebuscado mar Balear) o «Francisco de Goya fue un [x] español». El Instituto Cervantes ofrece un manual con las 300 preguntas posibles, todas redactadas con suma sencillez. Suspender es un acto de imbecilidad titánica. El DELE exige un nivel A2 como mínimo, un conocimiento «básico funcional» frente al B1 exigido en Alemania y el B2 en Francia, que no destacan por su empeño antiinmigrante. Se exime de la prueba lingüística a los iberoamericanos y a aquellos que hayan estudiado en España. Para el resto, siempre cabe la posibilidad de solicitar una dispensa por analfabetismo o dificultades de aprendizaje, en cuyo caso Justicia puede administrar una prueba oral.

En ningún caso se exige una renta mínima, como resaltan los abogados de extranjería y ha fallado el Tribunal Supremo, aunque —para evitar el riesgo de tener que interponer recursos— los abogados recomiendan presentar un contrato laboral, con ingresos algo superiores al IPREM (600 euros al mes). Tampoco es impedimento cobrar una prestación social.

Los expedientes suelen resolverse entre doce y veinticuatro meses; los inusualmente «limpios», entre seis y ocho. Quien espera los dos años completos lo hace por pereza, pobreza o gusto: una vez presentada la solicitud, la Administración tiene un año para responder; si, como es probable, tarda más, se puede interponer una demanda ante la Audiencia Nacional, resultando en la concesión de la nacionalidad entre tres y seis meses más tarde.

No siempre fue así. En 2015 el Gobierno de Rajoy reformó el proceso en vista de las demoras de entre dos y cinco años. Se racionalizó y centralizó el proceso, que hasta entonces se llevaba a cabo en la localidad de residencia, donde se entrevistaba al interesado antes de enviar el legajo físico a Madrid. Se permitió que se jurara ante notarios, aliviando la saturación del Registro Civil. Esta reforma mckinseyana fue nefasta. No seré yo quien abogue por restablecer los legajos físicos, aunque no podría negar lo pintoresco de la maniobra, pero, en lo referente a la naturalización, no nos interesa la eficiencia. Muy al contrario, buscamos dilatar, complicar y traspapelar. Buscamos la máxima saturación del Registro Civil y el máximo riesgo de arbitrariedad, lastimosamente perdido al abolirse el requisito de entrevista. Buscamos, en definitiva, que la nacionalidad por residencia sea casi imposible y que los interesados vayan de Herodes a Pilatos. Nos mostramos prestos a conceder a los funcionarios encargados de la materia todas las bajas necesarias y todos los gin-tonics que les apetezcan; su holgazanería sería, en este caso, una holgazanería patriótica.

Concesión regia

Cualquier resumen de la naturalización en España quedaría incompleto sin una breve mención de la carta de naturaleza. Antiquísima y ranciamente medieval, ha sido de utilidad para España. No hay constancia, hasta donde sé, de la nacionalización de Cristóbal Colón ni de su hermano Bartolomé; sí consta que el hermano menor, Diego, obtuvo carta de naturaleza en busca de un obispado. Carlos V naturalizó a algunos de sus vasallos patrimoniales genoveses y alemanes, permitiendo a los Fúcares comerciar con las Molucas a través del estrecho de Magallanes y a otros no tan sonoros pasar a Indias, siempre manteniendo cierta dureza para contentar a los castellanos, cuya opinión, digna de los comuneros, era generalmente contraria a la presencia extranjera en las tierras conquistadas. Los primeros Borbones concedieron cartas de naturaleza a nobles irlandeses exiliados, geólogos e ingenieros alemanes —a veces haciendo caso omiso de su protestantismo— llamados a reformar la minería española y artesanos italianos empleados por las Reales Fábricas. Fue un proceso individual, discrecional y a veces caro; el interesado debía esmerarse y empeñarse para conseguir la gracia.

El mecanismo de la carta de naturaleza sigue siendo inofensivo. En 2025 se presentaron 1.493 solicitudes; se concedieron 35. Es posible oponerse a la nacionalización exprés de deportistas o de exiliados nicaragüenses, pero debe reconocerse la insignificancia demográfica de las concesiones. Debo confesar, además, que no me parece mal que se utilice este método para hacer español a Mario Vargas Llosa y excluir al grueso de peruanos.

III. Los indianos y la diáspora

Habida cuenta de los requisitos para que un perfecto extranjero se convierta en español, conviene hablar de los «españoles de ultramar». No me refiero, afortunadamente, a los iberoamericanos en general, sino a aquellos con algún vínculo genealógico más o menos reciente a la Península.

En los últimos veinte años, las Leyes de Memoria Histórica (LMH) de 2007 y de Memoria Democrática (LMD, «Ley de Nietos») de 2022 han extendido la nacionalidad a cientos de miles —y, pronto, quizá millones— de descendientes de emigrantes españoles, casi todos en Hispanoamérica. El plazo para la LMH cerró en 2011; para la LMD, el año pasado. Bajo la LMH, se presentaron 503.439 solicitudes; bajo la LMD, 2.560.193, el 96% de ellas radicadas en Iberoamérica o Miami. Los cinco consulados españoles en Argentina recibieron en torno al 40-42% del total. A Argentina le siguen en importancia Cuba (12,24%), Brasil (10,97%), México (9,71%), Chile (5,04%) y Venezuela (2,45%).

La Ley de Nietos en teoría beneficiaba a los hijos y nietos de exiliados republicanos, de ahí la prominencia estadística de México y Chile, países con una diáspora española relativamente pequeña pero sociológicamente reseñable. Este matiz político fue más bien superficial: la Instrucción de 25 de octubre de 2022 estableció que ser hijo o nieto de un exiliado no era una condición sine qua non para acceder a la nacionalidad; bastaba con ser hijo o nieto de un emigrante español. Por lo demás, se establecieron parámetros más permisivos que con la ley de 2007; se dio cabida a los descendientes de españolas que habían perdido la nacionalidad al casarse con un extranjero antes de la Constitución de 1978 y a las familias divididas, en las que un hermano había logrado la nacionalidad tras sumarse, como menor de edad, al expediente de su progenitor, mientras que otro hermano, ya mayor de edad bajo la LMH, no había podido hacerlo.

En algunos casos, pudieron optar a la nacionalidad de origen hasta los tataranietos de españoles. La ley hablaba únicamente de «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles», pero permitió una suerte de efecto dominó: si un uruguayo nieto de un alicantino lograba la nacionalidad, también podían hacerlo sus nietos, es decir, los tataranietos del español. La tasa de denegación del ~2%, a pesar del elevado número de expedientes, es prueba de la amplitud de los supuestos.

No debe caerse en la histeria ni en los pronósticos apocalípticos. La ley es generosa, sí, pero es probable que crezca la tasa de denegación y de expedientes archivados, pues, en los últimos meses, con el tiempo en contra, se habrán presentado las solicitudes más débiles y, dependiendo del consulado, con más carencias documentales por subsanar. Siendo mórbidos, algunas de las solicitudes dominó no podrán resolverse favorablemente: ante la sobrecarga administrativa, el interesado con derecho inequívoco a la nacionalidad (en nuestro ejemplo, el nieto uruguayo del alicantino) podría morir antes de conseguir la nacionalidad, dificultando el trámite de sus hijos o nietos. Tampoco preveo que estos nuevos españoles tengan una importancia electoral desmedida, en ningún caso exhibiendo un marcado sesgo en beneficio del PSOE. Si bien es cierto que se inscribirán en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), correspondiéndoles el municipio de su ancestro español, la participación suele ser muy baja; el único riesgo de ballot harvesting está en Cuba, donde los partidos españoles carecen de los apoderados que sí tienen en Caracas y Buenos Aires. Dicho esto, sería oportuno considerar una de dos reformas: negar el voto a los ciudadanos residentes en el extranjero, quizá con alguna dispensa para quienes emigraron hace corto tiempo, o establecer circunscripciones parlamentarias de ultramar, como se hace en Francia y Portugal, para que la diáspora controle sólo unos pocos escaños. Me decanto por la primera opción.

Es justo notar, además, que la mayor parte de los interesados no se mudarán a España. Quien haya cotejado los datos se dará cuenta de que no son los mismos iberoamericanos que resultan problemáticos en España; tampoco son los mismos que, con un patrimonio sobre el cual reina la sospecha, se hacen con el parque inmobiliario madrileño. Muchos se conformarán con presumir del pasaporte guardado en el cajón. España se ha excedido, pero podría ser peor; al menos ha limitado su gracia especial a la clase media-alta iberoamericana de origen español.

IV. Propuestas

El panorama es tétrico. Se regalan pasaportes a diestra y siniestra, cada supuesto más ridículo que el otro. La vulgarización de la nacionalidad española es, bajo la legalidad vigente, irreversible. Entonces, ¿qué se ha de hacer? Es oportuno presentar dos series de propuestas: una legal y políticamente posible, si en la práctica complicadísima, y otra ideal e irrealizable en las circunstancias actuales. Debo recordar al lector que la imposibilidad legal no es igual a la imposibilidad práctica. ¿Acaso alguna ley contempló la proclamación de la República antes del 14 de abril de 1931?

Lo difícilmente posible

Quizá una política tan generosa sea apropiada en el caso de ciertos —pocos— iberoamericanos, pero la ley no distingue. Siendo políticamente improbable una distinción que nos resulte aceptable, es preferible abogar en pro de la abolición total de las consideraciones especiales para los iberoamericanos. Pocos serían los perjudicados, si por «perjudicados» nos referimos a aquellos iberoamericanos con cierto afecto por España y algo de valor que ofrecer al país. La inmensa mayoría pudo haber optado por la nacionalidad española en los últimos años o, en su defecto, por la de otro país europeo.

Bajo esta propuesta, a todos los extranjeros se les exigirán diez años de residencia habitual en España. Se endurecerán los requisitos para aspirar a la residencia permanente hasta llegar al máximo admitido por la Unión Europea. Esto no nos dejaría del todo satisfechos, pero sí permitiría exigir solvencia económica, endurecer los exámenes de lengua e integración, y erradicar el bochorno de la cancelación de antecedentes penales. También se aumentará la tasa base para solicitar la nacionalidad, calcando los 1.139 euros que cuesta el trámite en Países Bajos.

La simple presunción quedará abolida. Varios tratados dificultan la abolición total de las concesiones de nacionalidad por apatridia. Dicho esto, los casos de apatridia real son tan escasos que basta con imponer requisitos de residencia, como se viene haciendo en la inmensa mayoría de países europeos.

Se permitirá la nacionalidad múltiple. Algunos de nuestros correligionarios albergan la inútil esperanza de que muchos naturalizados no iberoamericanos, la mayoría de ellos marroquíes, puedan ser despojados de la nacionalidad española por no haber renunciado a su nacionalidad originaria. Esto es irreal: si algún día se les desnaturaliza, será bajo otros supuestos. En el caso específico de los marroquíes, también se les estaría exigiendo algo imposible, pues Rabat considera que los súbditos de Mohamed VI lo son de por vida y en la práctica no acepta las solicitudes de renuncia. En todo caso, la aplicación estricta de una prohibición que hoy es meramente teórica sólo lograría una renuncia burocrática. Los afectados pasarían a ser de iure exclusivamente españoles, sin dejar de ser y sentirse marroquíes y senegaleses. Esto ocurre con los indios y chinos en Estados Unidos: obligados a entregar su pasaporte, su arraigo permanece intacto.

La nacionalidad múltiple tiene una ventaja adicional: permite calcar la política británica de revocar nacionalidades alegando motivos de seguridad nacional, a reserva de que el afectado tenga derecho a otra nacionalidad. La Constitución prohíbe que a los españoles de origen se les prive de su condición, de manera que este mecanismo no podría usarse en nuestra contra.

Por último, se fijará un límite a la transmisión de la nacionalidad para los nacidos en el extranjero. Habría dos tipos de españoles de origen: por nacimiento y por ascendencia. Si un bilbaíno (español de origen por nacimiento) tiene un hijo en Moscú, el niño será español de origen por ascendencia. Si el niño es definitivamente ruso y tiene hijos en Rusia, sus hijos (los nietos del bilbaíno) no serán españoles. Podrán contemplarse ciertas excepciones si el nacido en el extranjero demuestra cierto arraigo en España. Quedarán exentos los nacidos en el extranjero de padres allí destinados en comisión de servicios estatales. Esta propuesta es un calco de la legislación británica, no de las Leyes de Núremberg.

Lo difícilmente concebible

La ley ideal es mucho más simple. La nacionalidad por residencia no existirá. Los extranjeros sólo podrán aspirar a la nacionalidad por carta de naturaleza; no existirá el derecho, sino la gracia regia. Las concesiones excepcionales probablemente se volverán más numerosas, sin por ello acercarse al volumen total de nacionalizaciones de nuestra época. Nuestra finalidad no es eliminar la naturalización del todo, sino introducir un ápice de discrecionalidad o, si se quiere, de arbitrariedad.

Las residencias permanentes serán excepcionales, por no decir inexistentes, como lo será el arraigo; las temporales dependerán de las necesidades puntuales, generalmente sin esperanza de permanecer indefinidamente en España ni posibilidad de reunificación familiar. Incluso aceptando la necesidad de importar mano de obra, a los inmigrantes poco calificados, es decir, la inmensa mayoría de los extranjeros en España, no se les permitirá traer dependientes. Los inmigrantes profesionales —aquellos que generalmente se tienen por expatriados— evidentemente no enfrentarán semejantes dificultades: una de las características más lamentables de los Estados occidentales es su hábito de imponer las mismas condiciones a un australiano que a un camerunés. Será imposible que un no comunitario cobre alguna asistencia pública. En ningún caso podrá ampararse un extranjero en su estatus legal en España para traer a sus padres o hijos adultos: ningún mayor de edad entrará en España sino por sus propios méritos, como es el caso en Singapur y los petroestados del golfo Pérsico.

Algún mecanismo deberá ser diseñado para los extranjeros administrativamente españoles. Las revocaciones por motivos de seguridad nacional no podrán aplicarse a millones. Lo cierto es que se tendrán que ofrecer subsidios a quienes accedan a renunciar a sus derechos y marcharse. Esto no bastará y se emplearán décadas en recuperar el orden anterior, si es que se llega a recuperar. Existe una propuesta poco comentada de introducir lo que en inglés se ha denominado Citizenship+: fijar una fecha —por ejemplo, el 1 de enero de 1996— y determinar que sólo serán españoles quienes lo eran, o habrían sido, en ese momento. Huelga decir que esto es jurídicamente imposible, pero en un Estado reformado aumenta el margen de maniobra. Los engranajes específicos del sistema venidero se seguirán debatiendo en nuestros artículos, pero el objetivo es el mismo: alentar la remigración y, suponiendo que esta no será total, introducir distinciones legales entre españoles étnicos y españoles meramente administrativos.

Se dirá, no sin razón, que estas reformas harían de España un país menos dinámico y menos atractivo para los extranjeros. Ese es precisamente nuestro cometido. No se nos escapa que la remigración tendría cierto efecto sobre el PIB. Estamos dispuestos a transigir con la pérdida del flujo de caja positivo producido por los inmigrantes en el corto plazo a cambio de evitar el déficit fiscal —y las externalidades no tan fácilmente cuantificables— que luego generarán.

Este artículo ha sido escrito por Sansón Carrasco. Si tienes una propuesta de artículo, envíanosla a redaccion@revista1812.com.

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Son las tres de la madrugada un jueves en Manhattan. Estoy en el McDonald’s de Novena Avenida. Los otros clientes, en contra de mis ilusas expectativas, no son estudiantes volviendo de una noche de fiesta, sino jóvenes racializados. Una pareja de ellos tiene una niña pequeña que no se calla. No parece molestarle a nadie. Se les acerca otra joven afroamericana, que les dice, refiriéndose a la niña: «¡Dios mío, es preciosa! ¿Cómo se llama?», a lo que le contesta la madre: «Se llama LaShatila». Me aguanto la risa. «¡Qué nombre más bonito! No lo había escuchado antes», dice la otra chica. La madre, pecho henchido de orgullo, grita «¡Claro que no; me lo he inventado yo!». Se me escapa la carcajada. Inmediatamente el local entero me mira, y no precisamente con amor en los ojos. La vuelta al hotel, mirando por encima de mi hombro cada diez metros.

Así transcurrieron las primeras horas de mi visita al corazón del imperio el pasado enero. He de confesar que era mi primera vez al otro lado del charco, y no porque no hubiera podido viajar antes. Simplemente no me atrae Estados Unidos. Quizá sea demasiado provinciano, pero los MBA en Harvard se los dejo a los socios aspirantes de McKinsey & Co.; las lunas de miel en autocaravana por la costa oeste, a los pijos madrileños. De Disneyland o Disneyworld o cómo se llame prefiero no decir nada.

Aunque no os lo creáis, no viajaba para hacer un documental sobre el estadounidense en su hábitat natural. Desafortunadamente, en la derecha española nadie suelta un duro para este tipo de investigación puntera; sólo hay dinero para financiar programas de jóvenes líderes hispanoamericanos que, de alguna manera, siempre acaba en el mismo sitio: pagarle cenas caras en Madrid a Marcelo Gullo. Pero, Amancio, si lees estas líneas, que sepas que todavía estás a tiempo de financiar una segunda edición de Fauna de Félix Rodríguez de la Fuente, dedicada exclusivamente al estudio del homo americanus.

El motivo de mi viaje a Estados Unidos se encontraba en Washington D.C. Mucho no puedo revelar por discreción, pero, junto con mis acompañantes, los tres días y medio que estuve en la capital fui de reunión en reunión, desde Foggy Bottom hasta las sedes de la mayoría de los think tanks de derechas en la capital.

Todo empezó con un desayuno que ya indicaba por dónde iban a ir los tiros. Nuestro anfitrión —un viejo conocido de uno de mis acompañantes—, una vez informado de nuestra agenda de los próximos días, insistió en hacer varias llamadas por teléfono para conseguirnos reuniones con amigos suyos importantes. Al expresar nuestra gratitud, nos dijo: «No quiero que me deis las gracias. Quiero que sepáis que me debéis un favor». Me hubiera gustado echarle en cara sutilmente semejante grosería, ¿pero qué puede hacer uno ante semejante falta de refinamiento?

Un breve inciso: el buen hombre lucía unas botas recién salidas de la sección de Quechua del Decathlon. Decía Coco Chanel que una mujer con buenos zapatos nunca va fea; invirtiendo esa lógica, un hombre con zapatos feos siempre lo es. Y en la tierra de los libres no había ninguno guapo. En el mejor de los casos, llevaban unas deportivas discretas; en el peor, llevaban unos zapatos de cuero sintético color marrón clarito, herejía existente sólo a ese lado del Atlántico. Por no hablar de los trajes, claro: el que convenciera a los estadounidenses que un traje azul chillón es elegante debe seguir riéndose desde el cielo.

Antes de partir, nuestro anfitrión nos dejó un recado más: (re)desayunar con un amigo suyo periodista, con un «gran interés» en la política española. Esto resultó ser una ligera exageración. El periodista era la caricatura de un tradiloco católico: chaqueta de tweed, obeso, y muy insistente en que el papa Francisco había sido «el mejor aliado del demonio». Casado en segundas nupcias con una colombiana veinte años más joven que él que antaño había formado parte de su servicio doméstico, su moral católica aparentemente no era impedimento para que soltara repetidamente comentarios admirativos sobre el culo de la Sra. Ayuso. Los conocimientos de este supuesto «experto» en asuntos hispanos no iban mucho más allá; desconocía de la existencia de Pedro Sánchez, y confundía a Colombia con Chile. Por lo menos salió feliz de nuestra reunión: a nuestra costa, se zampó un plato de huevos Benedict equivalente al consumo calórico de un año de Íñigo Errejón.

He de confesar que del resto de reuniones —afortunadamente más serias— salí horrorizado. A continuación les contaré en más detalle, pero la conclusión es clarísima: el vínculo transatlántico sólo existe en los corazones de los que siguen viviendo en el pasado.

Del Departamento de Estado sacamos en claro que cualquier esperanza que albergáramos de que la volatilidad de Trump encontrara una fuerza equilibrante en las personas que trabajan para él era una esperanza infundada. Fue verdaderamente asombroso escuchar a personas a priori razonables repetir como loros las consignas trumpistas.

Soy plenamente consciente de que, hasta ahora, la nota la podría haber firmado Cuca Gamarra, pero no os asustéis: no soy uno de los esclavos que lesbianus maximus tiene en su sótano de Génova, 13. Veo con mejores ojos la política de exteriores de Trump que la mayoría a este lado del espectro político. Entiendo el enfado estadounidense con Europa por su incumplimiento de sus compromisos en materia de defensa, y comparto su aparente ansia de defender la civilización occidental.

Lo que es intolerable es su hipocresía. No puede ser que la administración Trump esté dispuesta a abandonar Europa porque está, efectivamente, gobernada por una caterva de izquierdistas incompetentes, cuando hasta hace menos de un año y medio Estados Unidos estaba en manos del wokismo más atroz. Europa necesita tiempo para que los partidos nacionalistas gobiernen, pero las bravuconadas norteamericanas con Groenlandia y las burdas intromisiones de Trump y Musk en la política europea no hacen sino dañar esa misma causa que dicen apoyar.

También llamaba la atención la chulería con la que nos trataron. Recuerdo vívidamente a un tipo que nos recibió en su despacho en el Departamento de Estado. Llevaba la camisa más apretada que Abascal. Hacia el final de la reunión, le preguntamos si Estados Unidos iba a intervenir en Irán —el viaje ocurrió en enero—, y expresamos nuestra enorme preocupación por las consecuencias que ello pudiera tener para Europa. Él se reclinó en su silla, sonrió, se puso las manos detrás de la cabeza y nos dijo: «Existe la posibilidad de que la liemos parda. Depende de Europa lidiar con las consecuencias».

De los think tanks casi prefiero no hablar. En uno de ellos, el «equipo sénior» para asuntos europeos resultó ser tres treintañeras harto desagradables y horripilantemente vestidas, sacadas de Whiskas, Satisfyer y Lexatin. Y no os creáis que estas personas no son importantes: una de ellas venía de un muy buen puesto en el Pentágono. Sus informes sobre la situación en Europa son leídos asiduamente en Foggy Bottom.

En otro think tank, tras la ya manida perorata sobre el wokismo europeo, tuvimos que soportar una filípica contra España, y amenazas no tan veladas sobre la situación de la base de Rota. «Quizá la movamos a Marruecos», nos dijo uno de los asistentes. «En la siguiente reunión que tenga con John [Phelan, por aquel entonces secretario de la Armada] le voy a sacar el tema». Cuando uno de mis compañeros tuvo a bien recordarle que, en las promociones de suboficiales que salen todos los años de Annapolis, Rota siempre es el primer destino internacional que se agota, se calló muy rápido.

Por más que la chulería americana y la demencial política internacional del segundo mandato Trump puedan irritarnos, lo cierto es que Trump ha dado un impulso enorme a la lucha contra la ideología woke y contra la inmigración. Ese legado merece ser preservado. El problema es que es el propio Trump quien lo pone en riesgo, particularmente en Europa. Si quiere que su legado perdure, la administración Trump ha de cuidar ser menos antagónica con Europa. Principalmente, porque corren el riesgo de que los líderes europeos celebren una victoria del Partido Demócrata en 2028 —que sería un desastre mayúsculo—, e inauguren con entusiasmo un nuevo Tausendjähriges Reich del wokismo a ambos lados del Atlántico, más virulento y totalitario que el anterior.

Pero también por coherencia. Europa está muy lejos de ser la coalición de islamistas e izquierdistas que imaginan algunos tuiteros norteamericanos, y Estados Unidos está muy lejos de ser perfecta. Su ciudad más importante está gobernada por un elemento claramente subversivo; a cinco manzanas de los rascacielos más imponentes del mundo, entre el humo de los porros y los altavoces escupiendo música de Tupac a todo volumen, las aceras están repletas de imitaciones baratas de bolsos Louis Vuitton.

Si algo demuestran mi visita a Estados Unidos y estos últimos meses, es que Europa necesita recuperar su soberanía. Hace mucho que no la tiene. Y, al contrario de lo que opina la mayoría de la derecha, creo que una Europa unida es condición necesaria para lograrlo. Mucho me temo, sin embargo, que con nuestra actual clase dirigente —me niego a llamarla «élite»— esto será imposible. Mientras no nos gobierne gente capaz, plantearse si es mejor estar dentro o fuera de la Unión Europea carecerá de sentido: será elegir entre un vasallaje y otro.

Este artículo ha sido escrito por un colaborador anónimo. Si tienes una propuesta de artículo, envíanosla a redaccion@revista1812.com.

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Hay una pregunta que conviene responder antes de empezar. No por inseguridad, sino por honestidad: ¿qué significa llamarse 1812?

La pregunta importa porque el nombre puede resonar de maneras distintas. Para algunos evocará un liberalismo dogmático más preocupado por el acceso a la gestación subrogada y el auge del nacionalismo que por su país. Para otros, quizá, el riesgo de una derecha que confunde la modernización con la rendición. Ninguna de esas lecturas es la nuestra, y merece la pena explicar por qué.

La fecha

Si bien quienes niegan la existencia histórica de España antes de 1812 yerran, no es menos cierto que el Estado español que conocemos le debe más a Cádiz —y a la reacción que la Constitución provocó, ya fuese entusiasmo o encono— que a cualquier otra cosa. No hay mejor fecha de defunción para el Imperio ni mejor fecha de nacimiento para la España moderna que 1812. La España cuya soberanía reside en la nación y cuya política es esencialmente de masas tiene allí su germen ideológico.

Aceptamos esto no como lamento, sino como punto de partida. Por fatalidad histórica y realismo político, el Imperio ha muerto. Nuestra preocupación, y el motivo de nuestro quehacer, es la España real y existente: la España que es un país europeo y que se ve asolada por crisis típicamente europeas.

No tiene nada de malo vanagloriarse de las gestas españolas. Existen, sin embargo, problemas más acuciantes. Nada de «doble llave al sepulcro de Cortés», por parafrasear a Joaquín Costa, pero ningún romance de la Conquista ayudará —al contrario— a resolver los problemas de España.

El espíritu

Pero 1812 no es sólo una fecha. Es también una actitud.

Los siglos XVIII y XIX produjeron en Europa una energía intelectual y política que hoy resulta difícil de igualar: la convicción de que las sociedades podían ser reformadas, que la ignorancia y el atraso no eran destino sino elección, que el talento y la razón debían prevalecer sobre el privilegio heredado y la inercia institucional. España participó de ese espíritu. Torpemente, tardíamente, con innumerables fracasos, pero participó. Y en sus mejores momentos, ese proyecto tuvo una ambición genuina: sacar al país de un pasado que lo lastraba y colocarlo a la altura de su tiempo.

Son innumerables las deficiencias de nuestros liberales decimonónicos, y sería ingenuo ignorarlas. Pero lo que no podemos dejar de reprocharle a la historia española es el aburguesamiento tardío, la industrialización incompleta, la modernización siempre aplazada. Ese es el proyecto que quedó sin terminar. Y ese es, ajustado a nuestro siglo, el proyecto que nos inspira.

No nos mueve la nostalgia de 1812. Nos mueve su impaciencia.

El proyecto

España atraviesa hoy una encrucijada que sus clases dirigentes no parecen capaces de nombrar con claridad, mucho menos de resolver. Los problemas son reales y conocidos: una economía que no genera la prosperidad que sus ciudadanos merecen, unas instituciones desgastadas por décadas de mediocridad y clientelismo, un sistema migratorio que amenaza con reemplazar al pueblo español en sus propias tierras, y un sistema de pensiones que hace imposible cualquier reforma estructural seria, sacrificada año tras año en el altar del voto boomer.

A estos problemas internos se suma una dimensión exterior que no es menor: España es hoy irrelevante para sus aliados, despreciada por Washington y vulnerable frente a un Marruecos que avanza metódicamente, no sólo en nuestras fronteras, sino dentro de nuestras propias instituciones. Pero antes de lamentarnos por el peso que hemos perdido en el mundo, conviene preguntarse si tenemos derecho a reclamarlo. Un país que no ha resuelto sus problemas básicos no puede permitirse aventuras de proyección exterior, y la alternativa, como un «frente hispano contra el mundo anglosajón», es peor que la irrelevancia.

Frente a estos desafíos, la derecha española a menudo ofrece folclore donde debería ofrecer análisis, indignación donde debería ofrecer propuestas y un ojo puesto en el pasado —y en el otro lado del Atlántico— cuando la mirada debería estar en el futuro. No es suficiente.

La solución tampoco la encontramos en un cuarto poder cuya supervivencia depende de mantener los pocos lectores que le quedan. Los grandes medios conservadores llevan décadas escribiendo para la misma audiencia, y esa audiencia lleva décadas sin renovarse. El resultado es una derecha mediática cuyo horizonte intelectual lo fija una generación que ha llegado al final de su vida productiva con el país en el bolsillo y que, por tanto, es la que menos interés tiene en que algo cambie.

No somos los únicos que compartimos este diagnóstico. En los últimos años han surgido distintas publicaciones online de derechas, pero con demasiada frecuencia se dedican a repetir consignas o a elucubrar sobre el sexo de los ángeles.

Nuestra ambición es ir mucho más allá. Queremos ser una publicación de análisis riguroso y perspectiva larga: comentario político sin las anteojeras del ciclo de noticias, relaciones internacionales con la profundidad que merecen y, sobre todo, propuestas concretas para un país que las necesita. Regeneracionistas, en el sentido más serio de la palabra. Sin renunciar, cuando el asunto lo merece, al comentario cultural, a los viajes y a la vida moderna en su sentido más amplio.

1812 nace para llenar ese hueco. Nuestra única exigencia editorial es sencilla y, a la vez, la más difícil de cumplir: cada texto que publiquemos debe aportar al lector algo que no sabía.

A quién nos dirigimos

Esta revista no está escrita para el ecosistema de Twitter. O no sólo. 1812 nace con una vocación elitista sin complejos: es nuestra ambición que las páginas que publiquemos lleguen a los despachos donde se toman las decisiones que guían el rumbo de España. Pero nos dirigimos también a quienes aún no están en esos despachos y algún día lo estarán: la joven clase profesional española que acumula conocimiento, criterio y ganas de reformar el país. El abogado que trabaja en regulación y tiene ideas claras sobre cómo debería reformarse el Estado, el economista que conoce la estructura del mercado laboral mejor que cualquier tertuliano, el funcionario que ve desde dentro cómo funciona —o no funciona— la administración, el médico, el ingeniero, el empresario que carga con el peso de un país que podría funcionar mucho mejor.

Hay en España muchos jóvenes en posiciones intelectualmente privilegiadas que leen, piensan y tienen cosas que decir. Y que no tienen dónde decirlas, porque las publicaciones existentes no les ofrecen el nivel que exigen ni el tono que merecen. 1812 quiere ser ese espacio.

Los fundadores de esta revista no buscamos protagonismo, ni ponernos medallas. Nuestro compromiso es el anonimato, para que nada distraiga de lo único que aquí importa: las ideas. Si reconoces en estas páginas algo de lo que tú mismo piensas, si te preocupa el país, si tienes conocimiento que merece convertirse en argumento, escríbenos. Este proyecto es de quienes estén dispuestos a construirlo.

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